Las organizaciones sociales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Italia, México, Perú, Uruguay y Venezuela reunidas en las jornadas del "Octubre Azul" en Uruguay

CONSIDERAMOS QUE:

El agua en todas sus formas es un bien común, de dominio público y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la humanidad, principio constitutivo de la vida en nuestro planeta. El agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las formas de privatización, inclusive la asociación publica-privada que han mostrado su total fracaso en todo el planeta, así como las empresas que aún siendo públicas funcionan bajo el régimen privado.

La gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, con equidad y sin fin de lucro. Es obligación de todas las instituciones públicas locales, nacionales e internacionales garantizar estas condiciones desde la planificación hasta el control final del proceso.

Se debe garantizar la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras, por eso rechazamos este modelo desarrollista, neoliberal y consumista que promueve la sobre-explotación de la madre naturaleza.

Es necesaria una gestión sustentable de los ecosistemas y la preservación del ciclo del agua mediante el ordenamiento del territorio y la conservación de los ambientes naturales. Las cuencas hidrológicas son unidades básicas integrales de gestión pública, factor de identidad y unión comunitaria, donde se efectivice la participación ciudadana y de los pueblos. La defensa del agua implica recuperar la salud de los ecosistemas desde las fuentes de captación hasta el tratamiento de las aguas residuales.
En función de lo antes dicho, dejamos sentada nuestra firme oposición a todos los Foros Mundiales del Agua, ámbitos de grandes empresas transnacionales, de instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, BID, BEI, etc.) y de las potencias gubernamentales del mundo, por excluyentes y antidemocráticos. Por eso no legitimamos a estos organismos que ignoran las demandas y las exigencias reales de los pueblos y que por el contrario continúan buscando nuevas formas de mercantilización del agua, desdeñando los altísimos costos humanos, sociales y ambientales de este modelo neoliberal.

LLAMAMOS
A las organizaciones, movimientos sociales, gobiernos y parlamentos a incluir estos principios en los marcos jurídicos, locales, nacionales e internacionales.
A todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta a desarrollar acciones conjuntas para unirnos, organizarnos y concretar nuestras propuestas de cambio articulando un movimiento mundial del agua.

EXIGIMOS
Que la OMC y los demás acuerdos internacionales de libre comercio e inversión, tanto bilaterales como multilaterales no tengan jurisdicción sobre el agua, los demás recursos naturales y nuestras vidas.
Avanzar en la exigencia a los gobiernos y empresas en la reparación del daño que han causado a poblaciones por la contaminación y falta de acceso al agua.
La abolición del Centro Internacional sobre Disputas Relativos a Inversiones (CIADI) considerando las experiencias de los pueblos que quieren recuperar la soberanía de sus bienes comunes en manos públicas.
Recuperar y promover la gestión pública, social, comunitaria, participativa e integral del agua.
Exigimos que cualquier ser humano tenga acceso y derecho al agua de buena calidad y en cantidad suficiente para la higiene y la alimentación y que, en los sitos en donde hay servicio de suministro de agua potable se proporcione una cantidad necesaria en forma gratuita independientemente de su situación cultural, religiosa, social, geográfica, económica y de género. Por eso rechazamos cualquier tipo de doble estándar. Ninguna empresa, gobierno e institución internacional puede interrumpir el servicio por falta de pago para consumo doméstico.
Las industrias y corporaciones responsables de acciones contaminantes reparen y reviertan los daños ambientales, humanos y económicos que han causado.

RECHAZAMOS
Por ilegítimas todas las demandas por ganancias e indemnizaciones de las corporaciones y transnacionales.
Cualquier financiamiento condicionado a que se liberalicen y privaticen los servicios de agua, por parte de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS).
Las legislaciones nacionales y regionales que abren las puertas al proceso de privatización y mercantilización de las aguas.
El modelo predatorio y no sustentable del agua mediante la realización de megaproyectos, represas, construcción de puertos, explotación minera, embotellamiento, el modelo del agronegocio, los monocultivos -como el forestal-, plantas de celulosa y los programas que los articulan, como el IIRSA o el Plan Puebla-Panamá.

PROPONEMOS
Promover la articulación de organismos de gestión pública de calidad que funcionan sobre bases democráticas mediante el intercambio de experiencias compartiendo también el conocimiento técnico, capacitación, esquemas y propuestas de financiamiento para la consolidación de un modelo público, social, comunitario y participativo.
Impulsar la educación y organización comunitaria sobre un uso y consumo responsable y sustentable del agua.
Difundir experiencias de constitución de fondos de solidaridad para el financiamiento de modelos de gestión pública, participativa, comunitaria y social del agua.
La creación de observatorios tanto internacionales como regionales que sean punto de encuentro de organizaciones sociales, movimientos y redes de cooperación internacional para ejercer el control social de las actividades de las transnacionales y las IFIS, y monitorear las políticas y procesos de resistencia.

NOS COMPROMETEMOS
A impulsar un plan de acción mundial que continúe este proceso de construcción de redes y de movilización en torno al agua.
A impulsar desde las luchas locales una plataforma a nivel mundial que sobre la base de la solidaridad nos une y nos fortalece.
A promover el enfoque de género y la interculturalidad en la gestión del agua.
A continuar este proceso enriqueciéndolo con todos los aportes posibles en los próximos encuentros que nuestros movimientos tendrán en el mundo en los próximos meses.

A dos años desde que las aguas tuvieron voz y voto
Montevideo, 31 de octubre de 2006