El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez-Icaza, consideró que no se puede subordinar a una agenda político-electoral la revisión de las tarifas del agua, porque postergar esta discusión sería peor, pues se tienen todas las señales de sobreexplotación.

En el foro "El Derecho Humano al Agua en la Ciudad de México", Alvarez-Icaza explicó que en la actualidad quien menos tiene es quien más paga y advirtió que los piperos o quien pone precio al liquido embotellado no debe decidir la política pública.

En este caso, dijo, es el Estado quien tiene que hacer una discusión para saber cuántos litros se requieren para garantizar este derecho y a partir de ahí, cuánto se cobra.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) mencionó que en lo que va de 2009 el organismo a su cargo ha recibido 34 quejas que tienen que ver con los derechos humanos al agua.

Aseguró que se pone en entredicho ese derecho "porque la realidad ecológica y política está decidiendo por nosotros" y aseveró que México es de los 10 países que más consume este líquido en el mundo, por lo que se han encendido los focos rojos.

Alvarez-Icaza sostuvo que 31% del agua disponible en el país se distribuye entre las zonas norte, noreste y centro, es decir, donde se ubica 77% de la población, pero "hay desequilibrios en términos de la geografía de la cual se desatan problemas de la agenda pública".

A su vez, la secretaria de Medio Ambiente capitalina, Martha Delgado, refirió que en diciembre el gobierno capitalino envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa para incrementar la tarifa un 2.5 por ciento.

Fuente. El Economista