El Defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales solicitando restablecer, lo antes posible, el suministro de agua potable en el municipio de Puerto Asís (Putumayo).
Cerca de 25 mil habitantes de esa población, no cuentan con el servicio de acueducto hace más de una semana por vertimiento de crudo en la zona, exactamente en la vereda La Montañita, sobre la vía que comunica a las poblaciones de Pueblo Viejo y Teteyé.
Según se pudo conocer el día de los hechos el paso por la vía fue restringido el paso de 5 tractocamiones cargados con crudo y 14 vehículos más con agua industrial, cuyas cisternas fueron abiertas intencionalmente para producir el vertimiento de ambas sustancias y contaminar las fuentes hídricas allí ubicadas.
Según el comunicado, menos de 24 horas después se produjo una explosión provocada en un tramo del oleoducto Trasandino, específicamente en la vereda Las Palmeras del municipio de Orito, con el consecuente derrame de crudo, afectando los ríos Agua Negra, Putumayo y Guamuez. El incidente fue atribuido al frente 48 de las FARC.
Debido a esto el alcalde de Puerto Asís, Jorge Coral Rivas, ordenó, el pasado lunes, la suspensión del bombeo en el acueducto, provocando el desabastecimiento inmediato para 8 mil usuarios de la zona urbana y las veredas Motañita, Agua Blanca, Villa Victoria y Bajo Lorenzo, entre otras.
Aunque el pasado viernes inició el proceso de limpieza de las fuentes hídricas, la mancha derivada del vertimiento es visible a tan solo 100 y 200 metros de la quebrada y la planta de tratamiento, y según señala el informe, aún no hay certeza sobre la fecha para el restablecimiento del servicio de acueducto.
A pesar de que la emergencia ha sido atendida por carrotanques con el suministro periódico a 24 barrios y 22 instituciones, el Defensor del Pueblo manifestó su inconformidad y calificó de “terroristas” a los que provocaron el derrame, por esta razón, exige acciones inmediatas para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población y la reparación de los daños ambientales que pudieron tener afectación en varios cultivos de la zona.
Además, solicita a los grupos armados ilegales el respeto a los protocolos de guerra y pide resultados por parte de la Fuerza Pública y las autoridades civiles para que se identifique a los responsables y se tomen medidas que aseguren la protección de la vida, bienes e infraestructura de los habitantes en Puerto Asís.
Tras este acto de violencia, la Defensoría del Pueblo pidió la realización de un Consejo de Seguridad Ampliado con la participación de autoridades del orden nacional, el cual se llevará a cabo el próximo 31 de enero. Más información...