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La representante para el derecho al agua de la ONU, Catarina de Albuquerque informó que existen 1.000 millones de personas en el mundo que no disponen de acceso a una fuente de agua. 

La relatora especial para el derecho al agua y al saneamiento de la ONU, Catarina de Albuquerque, criticó que ciertos colectivos como los pobres, los "sin papeles" y los inmigrantes no gocen de su derecho a un efectivo acceso al agua.

"Siempre es la misma gente la que tiene más problemas", reprochó Alburquerque, para quien el problema radica invariablemente "en la falta de voluntad política de los Estados", que, a su juicio, no tienen como excusa las carencias económicas.

"Si el país no tiene dinero, pero pone el suministro del agua como máxima prioridad, podrá obtener ayuda al respecto procedente del exterior", destacó la abogada portuguesa, que presentó hoy, 15 de septiembre, en Ginebra su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La relatora informó de que existen 1.000 millones de personas en el mundo que no disponen de acceso a una fuente de agua, y 3.000 millones que no pueden disfrutar de agua de alta calidad.

"La responsabilidad en materia de derechos humanos es del Estado", recalcó, pese a que la provisión de agua y saneamiento corra a cargo de una organización privada, "que también adquiere cierta responsabilidad sobre los derechos humanos".

"El gobierno es el que ha de legislar, el que debe asegurarse que el proveedor haga una gestión adecuada", señaló Alburquerque y recriminó que el suministro de agua "a veces se hace a un alto precio", lo que impide un acceso igualitario a este bien.

Aunque los países "hagan progresos", "siempre son los pobres, los refugiados, los inmigrantes y los sin papeles" quienes tienen más dificultades para el acceso al agua, que desde el pasado julio se decretó un derecho humano por la Asamblea General de la ONU.

"Todas las personas, sin discriminación, deben tener acceso a agua potable y saneamiento", según estipula este artículo incluido como uno de los derechos humanos, y el Estado está obligado a asegurar que esté al alcance de todos, recordó la relatora.

Asimismo, los gobiernos también deben encontrar "soluciones para controlar la provisión en el sector informal", es decir, aquel en el que la gente comercia agua simplemente tomada de un grifo lejano, y que en África supone la mitad del consumo urbano.

Fuente: Agencia EFE