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Barry Hill, representante de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), explicó que en México se vive un problema "severo" de acceso al agua y aunque en las modificaciones al artículo 4 constitucional se estipula que todas los ciudades debe tener acceso al suministro, durante los próximos años el reto será tener agua suficiente para satisfacer las necesidades del país. 

"Las demandas colectivas van a ocurrir en México, va a ser difícil decidir cuál es la cantidad mínima aceptable para cada persona, se debe tomar en cuenta la capacidad del agua subterránea, ¿cómo se garantiza este derecho cuándo no hay suficiente agua?", explicó. 

Durante el segundo día del Seminario sobre Tutela de Derechos Ambientales organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el investigador calificó la crisis por este recurso como "un tsunami silencioso". 

Hill explicó que para lograr el acceso al agua adecuado se necesitarán "muchísimos años" y una Ley de Aguas Nacionales que estipule tarifas de consumo igualitarias, para que no se llegue a casos -como el de Sudáfrica-, donde se llego a pagar por el suministro de manera anticipada, mientras en otras regiones si se obtenía " a crédito". 

Uno de los retos, argumentó, es cómo incluir a las comunidades de bajos recursos en tarifas igualitarias. Dijo que también se necesitarán millones para mejorar la infraestructura. 

Silvia Emanueli, representante de la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina Regional para América Latina (HIC-AL), recordó que en la República sólo el 6% de los acuíferos están libres de contaminantes y se espera que por esta razón las tarifas de agua aumenten, como en el caso de Saltillo, Coahuila, donde se han disparado hasta en un 400%. 

Explicó que también existe un problema de crecimiento urbano en comunidades donde los niveles de agua han reducido, como en el estado de Morelos y el pueblo de Alpuyeca, donde reciben agua sólo un día a la semana, pero continúa la venta de inmobiliarias alrededor provocando que aumente el estrés hídrico. 

Rodrigo Gutiérrez Rivas, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que existes mega proyectos que dañan el ecosistema y violentan los derechos de los pueblos, pero la legislación actual los permite desarrollarse, como en el caso de las mineras, donde también se las da preferencia para las concesiones de agua. 

Por su parte, María de Lourdes Hernández, directora general de control de procedimientos administrativos y consultas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), señaló que la dependencia actúa al máximo de sus capacidades y se pronunció por la necesidad de crear un tribunal en materia ambiental. 

Fuente: El Universal