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El presidente de OSE, Milton Machado, indicó a la Secretaría de Comunicación que la presentación del martes 11 de setiembre en la XXIII Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrada en Ginebra, consistió en informar sobre las buenas prácticas -aumento de la cobertura de agua en el ámbito nacional con perspectiva de inclusión social- realizadas por Uruguay.
 
"La prioridad es seguir regularizando asentamientos, colocando redes y medidores para formalizarlos y además instalar una tarifa social subsidiada que posibilite a los asentamientos contar con el servicio y hacer uso responsable del recurso", señaló al respecto. 
 
La delegación uruguaya que acudió a la sesión, conformada, entre otras autoridades, por el presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), Daniel Greif, y el embajador de Uruguay en Suiza, Luis Nario Fagúndez, habló sobre el programa de abastecimiento del servicio de agua potable a pequeñas localidades del interior y a 355 escuelas rurales. "El programa recibe apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y es una de las políticas efectuadas para universalizar el servicio y seguir aumentando la cobertura", dijo el titular de OSE. 
 
En la oportunidad también se expuso sobre derechos humanos; Machado mencionó el reconocimiento internacional que distingue a Uruguay por ser el primer país que establece en la Constitución -año 2004- el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental. "En esta materia somos un ejemplo para ONU", afirmó. 
 
La delegación recibió el informe oficial de la relatora especial de la ONU, Catarina Alburquerque, sobre la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento en Uruguay, luego de su visita a Uruguay de febrero del presente año. 
 
Machado señaló que OSE, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la URSEA implementan las recomendaciones de ONU con fines de cumplir con el mandato de instrumentar el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano fundamental para la población.