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La Libertad

El agua es un tema sensible. Cada vez que se habla sobre aumento de tarifas o de participación de operadores privados en las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS), se genera un clima de preocupación en la población y en las organizaciones de defensa de los usuarios

La preocupación en los trabajadores de las EPS se centra en la Ley Nº 30045 de la Modernización de los Servicios de Saneamiento, que podría dar “luz verde” a la privatización del servicio de agua en el país.

Los servidores sostienen que la idea del gobierno, con esta norma, es entregar los servicios que prestan las EPS a un operador privado, el cual, con el Decreto Supremo 127, no invertirá nada, estará exonerado de varios impuestos y si la EPS tiene deudas, las van a condonar. Adicionalmente, las excluyen de la responsabilidad de elaborar Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

“Esta es una política que viene de muchos años atrás”, manifestó el secretario de defensa de la Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas del Agua, Santos Negreiros Cruzado.

Recordó que las experiencias de intervención de inversionistas privados en las EPS no han sido favorables. “La más cercana que tenemos es la privatización de la empresa de Tumbes, que hoy es ineficiente”, acotó el dirigente. 

Wilson Castro