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Claudia Campero[1]

Maria Silvia Emanuelli[2]

En ocasión de la celebración del día mundial del agua el
Presidente Peña Nieto presentó las líneas de acción de la política nacional en
la materia. En su discurso es notable la ausencia de referencias explícitas al
agua y al saneamiento como un derecho humano según establece el artículo 4º
Constitución desde febrero de 2012. En su lugar, el mandatario define al agua
como un bien único (cuidado: no público) y vital. Frente a este "olvido" no
deben perderse de vista los alcances de la reforma que debiera guiar las
políticas públicas considerando que implica obligaciones para todas las
autoridades, sin excepción.

Hablar del agua como un derecho humano significa que todas
las personas sin discriminación tengan acceso a una cantidad de agua potable
para uso personal y doméstico a un precio que no ponga en riesgo su economía.
Este uso debería ser prioritario sobre todos los demás (uso industrial, minero,
agrícola de gran escala, etc.). Además, considerando la interdependencia entre
derechos, también debería articularse necesariamente con el derecho a un medio
ambiente sano y no implicar violación de otros derechos humanos. Somos parte de
la naturaleza y no lo podemos seguir olvidando pero parece que ello no ha
permeado en el discurso oficial.

En la presentación de Peña Nieto se ofrece un breve
diagnóstico de los graves problemas que enfrenta el país en materia hídrica
pero las soluciones propuestas no parecen novedosas. Representan más bien la
continuidad de las políticas que nos han llevado a la crisis que enfrentamos.

Es así como la necesidad de acueductos para las principales
ciudades y la "búsqueda de nuevas fuentes" de las que se habla en el discurso
presidencial, se debe a la pavimentación, sobreeexplotación y deforestación
ligadas al crecimiento urbano desmedido. La solución no es repetir el traslado
de grandes cantidades de agua robadas al campo sino restaurar las fuentes que
tenemos, usar el líquido de forma más eficiente -empezando por la reparación y
sustitución de tuberías donde se pierde en promedio 40% del agua- evitar la
contaminación más que tratar las aguas servidas y utilizar el agua de lluvia.

Decir que hay nuevas fuentes disponibles supone que esta
agua no está siendo utilizada, lo cual generalmente es falso. Los ecosistemas y
casi siempre también la población rural, se benefician de ella ya sea para
consumo directo, agricultura de subsistencia, pesca u otras actividades pero
esos usos quedan invisibilizados. Suponer que el agua para las ciudades es más
importante es tanto como pensar que hay ciudadanos de primera y de segunda. Lo
anterior es denunciado frecuentemente por las comunidades cuando se les imponen
proyectos "de desarrollo" en nombre de un supuesto interés público que no las
contempla.

Ejemplo de ello es, entre muchos otros, el caso de la presa
El Zapotillo, situada en los Altos de Jalisco. Los funcionarios se llenan la
boca hablando del "derecho al agua" de la ciudad de León, los Altos y
Guadalajara. Sin embargo, no se preocupan de comprobar que el agua sea para uso
personal y doméstico, ponderar derechos, ni evaluar posibles alternativas a
este proyecto y a los desalojos que implicaría, como prevé la legislación en
materia de derechos humanos. Las poblaciones que serían inundadas de
continuarse el proyecto -Temacapulín, Acasico y Palmarejo- han denunciado que
esta presa estaría más bien dirigida a satisfacer los intereses de los
empresarios involucrados en su construcción de la presa y el acueducto así como
de las empresas que utilizan grandes cantidades de agua en la zona
(monocultivos, peleteras, etc.). La referencia al derecho humano al agua sería
por lo tanto una tergiversación de su significado.

El Ejecutivo debiera tener en cuenta, como pretende hacerlo
en las líneas de acción presentadas, que la vulnerabilidad frente al cambio
climático (y el cambio climático mismo) se provoca precisamente al destruir los
ecosistemas haciendo que éstos pierdan la capacidad de retener el agua en la
vegetación y apoyar a la infiltración. Las presas estancan el agua deteriorando
su calidad. Además, las grandes cantidades de material orgánico que es retenido
en los embalses y la destrucción de extensiones de tierra que se necesitan para
la construcción de estas infraestructuras producen cantidades significativas de
CO2. ¿Por qué se sigue impulsando un modelo de desarrollo que no contempla el
ambiente y las comunidades? ¿Por qué, si realmente el agua es para satisfacer
el derecho humano de las personas que viven en las ciudades, no se concentran
los recursos en reparar y sustituir las tuberías?

Sumando a nuestra preocupación, el Presidente en su discurso
ni siquiera menciona la palabra contaminación. Habría que recordarle que
aquella frase fatídica "el agua se va a acabar" debería sustituirse por "el
agua limpia se va a acabar". Precisamente uno de los mayores problemas que
tenemos en nuestro país es la contaminación de las fuentes en buena medida
provocada por la agroindustria, la maquila, la extracción de hidrocarburos y la
minería tóxica.

Peña Nieto omite mencionar el interés que ha mostrado en
promover la nueva amenaza para el agua que representa la extracción del gas
esquisto. Según estimaciones de la Energy Information Administration (EIA)
de Estados Unidos, México es el cuarto país en reservas de este tipo de gas
natural por lo que las empresas norteamericanas tienen una vez más los ojos
puestos sobre nuestro territorio. Su extracción requiere de fractura hidráulica
(o fracking) que emplea millones de litros de agua, provoca contaminación
por tóxicos y otros elementos dañinos incluso radioactivos. Lo que no se
contempla es un tratamiento convincente de las aguas residuales. En E.E.U.U. ya
existen más de mil casos documentados de pozos de agua contaminados en las
cercanías de esta práctica. En la frontera de Coahuila desde 2011 se están
perforando pozos sin las más mínimas previsiones arriesgando fuentes de agua,
ecosistemas y comunidades.

Frente a este panorama, la ciudadanía tenemos nuevas
respuestas a la compleja situación hídrica del país que se están plasmando en
la iniciativa de ley ciudadana de agua sobre la cual trabajamos academia y
organizaciones. Lo que se pretende es abandonar las viejas recetas y los
planteamientos sectoriales y cortoplacistas en nombre de una propuesta integral
basada en la cogestión entre autoridades y ciudadanía, considerando como espina
dorsal de la iniciativa el derecho humano al agua y la viabilidad a largo plazo
de las cuencas. Todo ello en nombre de un mejor futuro para nuestro país.

* Artículo publicado en DH suplemento mensual de
Milenio Diario, 3 de junio de 2013, pag 18. http://bit.ly/11hNY26

[1] Coordinadora
para Blue Planet Project y Food & Water Watch en México e integrante de la
Coalición de Organización Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).

[2] Coordinadora de
la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina
(HIC-AL) e integrante de la Coalición de Organización Mexicanas por el Derecho
al Agua (COMDA).