Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. El informe de 78 páginas, “‘Aquí no hay investigaciones’: Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras”, examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños. “Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observóJosé Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”. En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010. Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado. La región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, ha sido escenario de prolongadas y a menudo violentos conflictos por la tierra, muchas de ellas surgidas tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite. Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en el contexto de conflictos por la tierra en el Bajo Aguán entre 2009 y 2012. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también fueron asesinados guardias de seguridad empleados por empresas privadas. En casos en que la evidencia sugería que soldados y policías del Bajo Aguán cometieron violaciones de derechos humanos, los investigadores no cumplieron pasos básicos para determinar si se habían producido abusos, según comprobó Human Rights Watch. Frente a hechos en que las evidencias indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en torturas y detenciones arbitrarias, los fiscales no se constituyeron en hasta el lugar de los hechos ni entrevistaron a testigos y presuntos responsables. Las autoridades también postergaron la búsqueda de personas que, según indica la evidencia, fueron llevadas contra su voluntad, aun cuando había indicios sobre dónde podrían ser encontradas. En uno de estos casos que fue examinado por Human Rights Watch, la víctima posteriormente fue hallada muerta, y dos aún están desaparecidas. La falta de transparencia por parte de fiscales y policías con respecto al estado de las investigaciones en curso mantiene desinformados a los familiares y socava la confianza en el sistema judicial, expresó Human Rights Watch. Sumados a la falta de avances en el juzgamiento de estos delitos, estos factores provocan un círculo vicioso que disuade a quienes podrían aportar pruebas que permitan procesar a los responsables. En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos. Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito. Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a la Corporación Dinant. La IFC, organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos. La Corporación Dinant indicó a Human Rights Watch que realiza investigaciones internas de todas las denuncias de abusos que afectan a su personal y coopera plenamente con las autoridades en relación con cualquier denuncia penal. El informe del Ombudsman del Banco Mundial, que se difundió en enero de 2014, identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, que incluyeron subestimar los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y no actuar con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. Según concluye el informe, el personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. La IFC ha reconocido públicamente que hubo falencias en la implementación por la IFC de sus propios estándares. La falta de progreso en las investigaciones en el Bajo Aguán ha exacerbado la desconfianza en el gobierno y el temor entre la población de la región, sobre todo las organizaciones campesinas. Durante su gobierno, de 2010 a 2013, el presidente Porfirio Lobo adoptó ciertas medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas. El gobierno del presidente Lobo tampoco adoptó medidas preventivas para proteger a personas que se encontraban en riesgo a causa de conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia. En al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata. Estas víctimas fueron un periodista y un activista campesino. En un tercer caso, un abogado de derechos humanos a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch. En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas. Reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán, al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo. “El nuevo gobierno tiene la oportunidad de superar el fracaso de sus antecesores y, de una vez por todas, sancionar los asesinatos y abusos en el Bajo Aguán”, señaló Vivanco. “Si la actual administración no hace un esfuerzo serio, desde el primer día, para investigar estos crímenes, el gravísimo ciclo de violencia en el Aguán continuará”. Human Rights Watch instó a las autoridades hondureñas a adoptar las siguientes medidas:

• Conformar una unidad especial con un mandato de varios años integrada por fiscales, policías e investigadores, que inicie investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de los homicidios, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos graves ocurridos en el Bajo Aguán en los cuales las evidencias sugieran que existe una conexión con el conflicto por la tierra, así como en todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades en el Bajo Aguán.
• Fortalecer los mecanismos y la legislación conexa para ofrecer protección oportuna y efectiva a personas o grupos en riesgo de sufrir violencia en el marco del conflicto por la tierra, especialmente defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de organizaciones campesinas que hayan recibido reiteradas amenazas.
• Asegurar que todas las empresas de seguridad privada se inscriban ante el gobierno, y que las listas de personal empleado y armas de fuego en poder de tales empresas estén actualizadas, de conformidad con las leyes nacionales.

Ejemplos de casos tomados del informe sobre falencias en la investigación de homicidios, impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y medidas de protección inadecuadas para personas en riesgo:

• Cinco miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) fueron asesinados durante un enfrentamiento por tierras en la plantación El Tumbador el 15 de noviembre de 2010. En la causa iniciada por este hecho contra cinco guardias de seguridad privada, se otorgó el sobreseimiento provisional, en un proceso en que los fiscales no recogieron evidencias esenciales, como realizar pruebas de balística en armas presuntamente utilizadas en el incidente y confeccionar un inventario completo de las armas asignadas a los guardias.
• El agricultor y predicador laico Gregorio Chávez desapareció el 2 de julio de 2012 cerca de su vivienda en la comunidad Panamá. Transcurrieron varios días sin que la policía inspeccionara una plantación cercana a su propiedad, y esto provocó que se perdiera la oportunidad de recabar evidencias cruciales. Cuando la policía finalmente realizó una búsqueda en la plantación el 6 de julio, encontraron el cuerpo sin vida de Chávez. Ninguna persona ha sido imputada por este hecho.
• Santos Bernabé Cruz —un joven que entonces tenía 16 años y es hijo del líder de una organización campesina— denunció que fue detenido arbitrariamente por policías el 19 de septiembre de 2011 y acusado de participar en un atentado en el cual perdió la vida un policía, si bien Cruz negó estar implicado. Cruz indicó que los policías lo golpearon con sus cascos, lo azotaron con una manguera, saltaron varias veces sobre su cuerpo mientras yacía tendido en el suelo, y luego lo rociaron con gasolina y le advirtieron que lo quemarían vivo si no confesaba. Dijo haber permanecido incomunicado toda la noche bajo custodia policial, y que fue liberado al día siguiente sin que se formularan cargos. La investigación penal sobre estos abusos se encuentra paralizada.
• El 22 de septiembre de 2012, agresores armados emboscaron y asesinaron al abogado de derechos humanos Antonio Trejo en Tegucigalpa, afuera de una iglesia. Tres días después de su muerte, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda reconoció que Trejo había informado al gobierno que temía por su vida debido a amenazas, e indicó que el gobierno le había otorgado “medidas de seguridad”. Sin embargo, al día siguiente, un vocero de la Secretaría de Seguridad indicó que, según había podido determinar, Trejo no había recibido protección a través de la secretaría. Ninguna persona ha sido acusada en relación con el asesinato de Trejo, que aún está siendo investigado.