Por Ciudad Alternativa

Marco Jurídico del Derecho a la Vivienda en República Dominicana

República Dominicana es parte de los países signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados en 1948. Suscribió además en 1978 el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Social y Culturales (PIDESC). En los artículos 25 y 11 de estos dos instrumentos respectivamente, la vivienda es reconocida como un derecho fundamental.

La Observación General No. 4 del Comité DESC de la ONU, especifica las condiciones y características que debe tener una vivienda para ser adecuada como son: Seguridad jurídica de la tenencia; Disponibilidad de los servicios, materiales, facilidades e infraestructura (agua potable, alumbrado, instalaciones sanitarias, energía, conservación de alimentos, eliminación de residuos sólidos); Gastos soportables; Habitabilidad (protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia u otros riesgos a la salud); Asequibilidad; Ubicación (acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, educación, guarderías, etc.); y Adecuación cultural.

En el país el artículo 59 de la Constitución, consagra de manera explícita el derecho a la vivienda estableciendo que: “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover los planes de vivienda y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas pública de promoción de la vivienda.”

 

El déficit habitacional y los derechos violados en República Dominicana

Como lo específica la Constitución, la vivienda es uno de los derechos fundamentales y como tal debe estar garantizado por el Estado. El análisis del déficit habitacional y el proceso progresivo de reducción de la inversión pública en este tema, permite dar cuenta del grado de compromiso que asume o no, el Estado en este rol de garantía.

La Oficina de Desarrollo Humano (ODH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en su informe “Política social: capacidades y derechos (volumen II)”[1], una aplicación del cálculo del déficit habitacional a partir de la metodología del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) sobre la base de los datos del Censo nacional de población y vivienda (CNPV) 2002 y de proyecciones de población y vivienda. Los resultados de dicho cálculo se muestran en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Cálculo del déficit habitacional ODH 2010

Fuente: Construcción Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) en base a ODH 2010

 

Las proyecciones hechas por la ODH se basan en la tasa de crecimiento de la población y de las viviendas, asumiendo que el Estado no hiciera nada para reducir el déficit. La ODH planteaba en ese momento que para reducir el déficit en un 90% al 2015, era necesaria una inversión sostenida de más del 2% del PIB en vivienda desde el 2009 hasta el 2015. Cosa que no ha ocurrido, como se vio anteriormente.

La ONE, también a partir de la metodología de CELADE realizó el cálculo del déficit habitacional para el año 2002 utilizando los datos del CNPV, obteniendo igualmente resultados alarmantes, pero con una menor dimensión que al de ODH, tal y como se observa en el Gráfico 2.

Gráfico 2: cálculo déficit cualitativo 2002 según ONE y ODH. Gráfico 3: Déficit habitacional 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción ODC en base a CNPV 2010 a partir de metodología ONE y ODH.

 

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, se aplicó la metodología desarrollada por la ONE en el CNPV 2010 y se obtuvo una cantidad muy por encima de las proyecciones de la ODH lo cual confirma la ineficiencia por parte de las autoridades en el sector vivienda para garantizar este derecho humano fundamental a las familias más empobrecidas.

En resumen, para el año 2010 se presenta un aproximado de 249,577 viviendas irrecuperables a nivel nacional, que implicarían nuevas construcciones. Alrededor de 700 mil núcleos familiares que se encuentran en condición de “allegamiento” a otros hogares y que también requerirían nuevas construcciones. Hablamos entonces de alrededor de un déficit cuantitativo de más 900 mil viviendas y un déficit cualitativo demás de un millón de viviendas a nivel de servicios (agua, electricidad, saneamiento). Es decir, el abandono del sector vivienda por parte del gobierno a partir de la escasa inversión pública nos coloca con un déficit habitacional (entre cuantitativo y cualitativo) de más de 2 millones de viviendas (ver gráfico 3).

 

Análisis de la reducción de la inversión pública en el sector vivienda y su reorientación para fortalecer el mercado hipotecario

El objetivo 2.5.1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) prevé: “Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora”. Según declara el primer informe de avance de la END y del Plan Plurianual del Sector Público (PPSP), los principales logros que exhiben las políticas públicas de viviendas en el país son: a) la aprobación de la ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso y su Reglamento y b) la subscripción de un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Asociación de Constructores y Promotores de la Viviendas (ACOPROVI) para la creación de la Ventanilla Única para los permisos y licencias de construcción de proyectos de viviendas de bajo costo con los fondos de pensiones de los-as trabajadores-as dominicanos-as. En un tercer lugar y casi vergonzosamente por su escaso impacto en relación al elevado número de posibles beneficiarios, está la construcción de 4,453 viviendas en todo el territorio con el uso del presupuesto nacional.

Si estos logros proclamados perfilan el andamiaje de las políticas de vivienda que impulsa el oficialismo en el país, entonces estaríamos ante el reflejo de un gobierno que ha elegido como actores principales involucrados en el sector, a los sectores inmobiliario y financiero; y como beneficiario-a activo-a a quienes tengan la capacidad de compra o, al menos, que cuenten con el potencial para estimular su capacidad de compra.

Una evidencia es la baja inversión del presupuesto nacional, dejando al libre albedrío del mercado, la suerte de las viviendas de los sectores más empobrecidos. El Gráfico 4 refleja la caída estrepitosa de la inversión del gobierno, tanto en términos nominales, como en términos reales. El monto del presupuesto tuvo un pico en el año 2008, con una ejecución de 8,674.2[2] para luego descender drásticamente a 943.4 millones de pesos en el año 2013, registrando de esta manera, una reducción de 89.12%.

Gráfico 4: Ejecución presupuestaria en viviendas 2003-2013 (en millones de pesos)

Fuente: Dirección General de Presupuesto

La baja inversión consignada en el presupuesto, junto a la consolidación de los fideicomisos, coloca prácticamente al sector inmobiliario y al sector financiero como los actores co-responsables de las políticas de vivienda en el país.

La lógica del fideicomiso depende de tres factores externos principales: historial crediticio, capacidad y cultura de ahorro el cual prevé que para acceder a préstamos cualquier familia o persona individual que lo solicite, debe tener un ahorro programado de 200 mil doscientos pesos equivalente al 10% del costo total de la vivienda y el valor del salario mensual. Conforme al artículo 8 del Reglamento General para las Cuentas de Ahorro programado para la adquisición de viviendas de bajo costo, los ingresos del sujeto de crédito o del núcleo familiar deben ser de por lo menos tres salarios mínimos cotizables, cuyo valor es de RD$ 8,645.00.

En República Dominicana, el 70% de las familias que trabajan en el sector formal perciben salarios menores a 17,300 pesos y el 80.80% gana menos de tres salarios mínimos cotizables. En tal sentido, si el 80% de los-as trabajadores-as formales va a afrontar dificultades para acceder al régimen de fideicomisos, si los-as trabajadores-as por cuenta propia quedan fuera del sistema de fideicomiso (cerca del 60% de los trabajadores) y si la inversión en viviendas del gobierno central se ha reducido a montos tan ínfimos como los señalados.

 

La propuesta: Anteproyecto de Ley de Vivienda en Asentamientos Humanos Empobrecidos

Para enfrentar el déficit habitacional y sus consecuencias en base a los análisis precedentes, más de 40 redes de organizaciones territoriales urbanas e instituciones sociales especializadas en el tema vivienda de las Provincias de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal y Monte Plata, articuladas en la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano se han movilizado en las calles a través de la Campaña “CASA YA” y han llevado al debate público la propuesta llamada “Anteproyecto de Ley de Vivienda en Asentamientos Humanos Empobrecidos”, la cual ha sido formulada desde la perspectiva del derecho a la ciudad y la producción social del hábitat.

El objetivo de esta propuesta es reducir el déficit habitacional en base a la aprobación de una política pública de vivienda consensuada con los distintos actores del sector. Los ejes más importantes de la propuesta son:

1. El fortalecimiento institucional mediante la transformación de su marco jurídico y el conjunto de entidades que implementan planes, proyectos y presupuesto de vivienda en el país.
2. El desarrollo de programas integrales, desde y con los-as pobladores de los asentamientos humanos empobrecidos, accesibles a personas con discapacidad y adecuados a las necesidades de los hogares y a sus condiciones climáticas, ambientales y culturales, considerando la capacidad de acogida de los territorios y las habilidades de los habitantes.
3. La definición, regulación y control del cumplimiento de estándares de calidad para la construcción de viviendas y sus entornos, que garanticen la habitabilidad, la accesibilidad, la seguridad integral y el acceso a servicios básicos de los-as habitantes, como mecanismo para reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda.
4. La garantía de la sostenibilidad de la política mediante el establecimiento del Fondo Nacional de Vivienda.
5. La creación de un plan decenal de vivienda que integre una mirada amplia del hábitat que incluya el uso de espacios públicos para toda la población y considere el ocio, tiempo libre, deporte y actividad física.
6. El fortalecimiento de la política de gestión de riesgo que asegure el cuidado de las familias antes, durante y después de la ocurrencia de cualquier fenómeno que afecte la estadía de las familias en sus viviendas.

Las acciones más importantes realizadas en las calles han sido: paradas cívicas frente al congreso nacional, paradas cívicas sostenidas cada dos semanas por varios meses frente al Palacio Nacional, campañas mediáticas a través de los medios masivos de comunicación y las redes virtuales. Además, se ha llevado el tema a las organizaciones territoriales en los distintos barrios de nueve municipios de cuatro provincias a través de charlas, material educativo sobre el déficit habitacional, el derecho a la vivienda y el hábitat y los contenidos de la propuesta para la solución del problema para los-as empobrecidos del país que constituye alrededor el 40% de los 10 millones de habitantes de la Republica Dominicana.

Dicha propuesta ha sido discutida con distintas entidades del gobierno: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y Vice Presidencia de la Republica, quien a la vez tiene a su cargo le Gabinete Social de la Políticas Sociales, la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso. Dialoga además con el sector privado a través de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI). También han sido parte de este debate los equipos técnicos de los-as candidatos presidenciales que participarán en las elecciones generales del 15 de mayo. De los 8 candidatos, 5 ya se han comprometido con este movimiento, y han firmado un “COMPROMISO POLITICO POR LA VIVIENDA DIGNA”.

Concluida la fase actual de movilización en la que ha sido colocada la propuesta en el debate con los actores claves del sector, después de mayo se buscará introducirla al congreso en procura de su aprobación, lo que nos requiere nuevas estrategias de análisis, organización-movilización social e incidencia política.

[1] http://es.calameo.com/read/000300716f29ebb3d8181

[2]Un peso dominicano corresponde aproximadamente a 0.021942 dólares estadounidenses.