México
México: Adhiérete a la Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y en defensa del Territorio
PLATAFORMA MEXICANA
POR EL DERECHO A LA CIUDAD
Y EN DEFENSA DEL TERRITORIO
El grupo promotor de esta Plataforma —conformada por organizaciones, movimientos sociales y académicos que en los últimos 50 años han trabajado en temas relacionados con el hábitat urbano y rural desde una visión compleja y a partir de la integralidad de los derechos humanos; y que en particular han buscado reforzar su articulación alrededor de puntos comunes en materia de producción social del hábitat, defensa del territorio y derecho a la ciudad—,
- Asumiendo una visión crítica del sistema capitalista en su actual fase neoliberal y sus efectos devastadores sobre la población y la naturaleza;
- Tomando como punto de partida las luchas que se desarrollan en todo el país en defensa del territorio, así como una serie de esfuerzos de articulación, denuncia, incidencia y propuesta (Asamblea Mundial de Habitantes, Tribunal Permanente de los Pueblos, Plataforma Internacional para el Derecho a la Ciudad, entre otros);
- Considerando que la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, conocida como HÁBITAT III, significa la posibilidad de elaborar una Nueva Agenda Hábitat —y no sólo una Agenda Urbana— que se enfoque en el pleno ejercicio y goce del derecho a la vivienda y hábitat adecuados además de avanzar en el reconocimiento de normas y obligaciones internacionales que reconozcan y garanticen el derecho a la ciudad, el derecho a la tierra y territorio de tod@s, así como al transporte de calidad para una movilidad urbana segura a inclusiva, a la energía en armonía con la naturaleza, y a la memoria urbana colectiva;
INVITA
A todos los actores interesados en sumarse a la Plataforma mexicana por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio, a trabajar de manera horizontal y flexible a partir de un plan de acción construido colectivamente. Los primeros esbozos del plan se presentan en este documento, con el fin de contribuir a la construcción de ciudades y territorios más justos, democráticos y respetuosos de la naturaleza.
El lanzamiento público de la Plataforma se llevó a cabo en el marco del 50 aniversario del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. (COPEVI), el miércoles 22 de abril en el Museo de la Ciudad de México.
Para adherirse, favor de escribir a plataforma.territorio.ciudad@gmail.com
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En la actualidad casi el 80% de la población latinoamericana vive en ciudades. El restante 20% se ubica en zonas rurales. Se trata principalmente de personas sin tierra, trabajadores rurales, pueblos indígenas y agricultores de pequeña y mediana escala que representan la columna vertebral de los sistemas alimentarios locales y que aun así, con mucha frecuencia sobreviven en situaciones de extrema pobreza y son víctimas del despojo de los bienes naturales —que en muchos casos han preservado por siglos y de los cuales dependen.
En México, la cresta de la ola de la urbanización tuvo lugar entre las décadas del 40 y el 70, en un contexto de crecimiento demográfico, desarrollo del mercado interno e industrialización sustitutiva concentrada en las ciudades. Aunado a lo anterior, la “revolución verde” que antepuso el desarrollo agroindustrial al de la agricultura campesina, propició migraciones internas masivas y la conformación de un gran proletariado rural desposeído en búsqueda de vivienda y trabajo asalariado. En un primer momento el Estado quedó desbordado por lo que esta población fue orillada a buscar un espacio en las periferias dónde había suelo barato o vacante sin servicios, en zonas no urbanizables, debido en muchos casos a la preexistencia de riesgos ambientales severos por su localización (contaminación del suelo y el aire, riesgos de derrumbe, inundaciones por lluvias, basureros a cielo abierto, etc.). En este periodo se profundizó la cultura de la irregularidad y la corrupción en el acceso al suelo, irregularidad promovida incluso desde autoridades de diferentes niveles. En vez de fortalecerse como un derecho humano, el acceso al suelo fue utilizado como moneda de cambio en un aparato estatal parcial y clientelar; en algunos casos, el Estado respondió más bien con la criminalización de los grupos sociales que habían buscado solucionar sus necesidades de vivienda llevando a cabo ocupaciones de tierra. Así crecieron colonias y barrios construidos por el esfuerzo propio de comunidades principalmente de origen rural.
En 1976, fecha en la que se llevó a cabo la Conferencia HÁBITAT I celebrada en Vancouver, se elaboró una Declaración sobre los Asentamientos Humanos que —además de visibilizar la producción social del hábitat y de pugnar por un nuevo equilibrio en las relaciones campo-ciudad— reconoció la necesidad de regular el acceso al suelo y llevar servicios básicos a los asentamientos precarios. Además de concretarse a nivel nacional con la Ley de Asentamientos Humanos, estas ideas se impulsaron desde una nueva Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Plúblicas (SAHOP) que realizó un trabajo de planeación del territorio, de los centros de población y de los componentes del hábitat (vivienda, infraestructura, equipamientos, suelo), así como el desarrollo de políticas de administración urbana, ecología y prevención de desastres. De ese proceso surgió el Fondo Nacional de las Habitaciones Populares (FONHAPO), como un mecanismo de apoyo a la producción social del hábitat, y en 1983 se consiguió el reconocimiento constitucional a la vivienda, en la primera Ley de Vivienda. A pesar de estos esfuerzos, prevaleció la cultura de la irregularidad arriba mencionada.
En HÁBITAT II, celebrada 1996, también se lograron avances significativos gracias a la participación de la sociedad civil que ya impulsaba el Derecho a la Ciudad. Se reafirmó el reconocimiento del derecho a la vivienda y se consiguió impactar en la Agenda Hábitat que surgió de esta conferencia.
No obstante, con la caida del muro de Berlin se impusieron globalmente los lineamientos del Consenso de Washington, teniendo como marco el neoliberalismo y el proyecto de restructuración de los Estados-Nación. La implementación de este modelo de desarrollo en México tuvo importantes impactos en los asuntos territoriales, urbanos y habitacionales. Enorme peso se dio desde entonces al papel macroeconómico de la producción mercantil de la vivienda, en el que también incidió la reducción del rol del Estado de proveedor y regulador a facilitador, incluso en el tema de la planeación urbano-regional, permitiendo una especulación escandalosa y la acumulación de ganancias exponenciales de parte del sector inmobiliario. Esto se vio concretamente en la cancelación de programas de producción pública de vivienda y en la disminución del monto de los recursos fiscales destinados a este rubro. El campesinado, por otro lado, sufrió el abandono estatal mientras se permitía que grandes empresas de producción de alimentos y extracción de recursos (minería, biodiversidad, etc.) se apoderaran de grandes cantidades de tierras y aguas. Los derechos de propiedad firmemente establecidos fueron estimulados a través de la regularización de la propiedad individual, el fortalecimiento del sistema hipotecario, la agilización de los juicios de desalojo en caso de incumplimiento de pago de la hipoteca y redescuento de paquetes hipotecarios en el mercado secundario internacional (proceso conocido como bursatilización).
Favorecidas también por la modificación en 1992 del Art. 27 de la Constitución y en el contexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos en 1994, se asistió a la implementación de políticas de vivienda basadas en la apropiación de ejidos y tierras comunales destinadas a la producción agrícola, para la construcción de inmensos conjuntos de hasta 30 mil viviendas. El resultado ha sido el incremento de la producción habitacional dirigida a la clase trabajadora del sector formal, hasta alcanzar un record de más de 500 mil viviendas nuevas al año, la mayoría construidas sobre la base de cambios uso de suelo sin justificación en los instrumentos de planeación correspondientes. Lejos de coadyuvar al desarrollo integral de la ciudad, las zonas rurales y sus habitantes, se privilegia un modelo donde el gran beneficiario es el agente desarrollador y no la población que recibe viviendas inadecuadas en tamaño, ubicación, servicios y articulación con la trama urbana. Se observa en efecto un aumento del hacinamiento, la violencia, el deterioro del hábitat popular; en pocas palabras, la anti-ciudad. Esta situación se refleja de forma contundente en el censo de 2010 que estimó que cerca de 5 millones de viviendas, aun cuando no todas nuevas, estaban deshabitadas. Además, no se han podido evitar nuevas ocupaciones de tierra porque el mercado de crédito sobre el que se asienta esta política deja fuera a la mayoría de los hogares pobres mexicanos.
La política de vivienda propuesta en 2015 por el gobierno pretende revertir esta situación a través de la densificación de las ciudades y por medio de “polígonos de contención urbana”. Sin embargo, lo anterior no está acompañado de una política que garantice la generación de suelo legal, servido y accesible, destinado a los más pobres a lo interno de dichos polígonos. Tampoco existen instrumentos de captación de plusvalías originadas en la inversión pública ni de control de la especulación, lo que aunado a la decisión de no otorgar subsidios a quienes construyen fuera de los polígonos, puede fomentar el aumento del número de asentamientos urbanos precarios y la ocupación de tierras de protección ecológica o de alta productividad agrícola.
Frente a la situación planteada en los párrafos anteriores, pobladores y grupos organizados de México y de todo el continente, han desarrollado numerosas alternativas tanto en ámbitos rurales como urbanos. La Plataforma pretende entonces dar a conocer y respaldar estas iniciativas; incidir en las leyes y políticas relacionadas con el hábitat que en lugar de enfocarse a solucionar las necesidades básicas de la población y sus derechos humanos hacen prevalecer los intereses de unos pocos sobre los de las mayorías; denunciar el despojo de la población urbana y rural y la violación de sus derechos; ofrecer un espacio de articulación entre luchas rurales y urbanas y visibilizar las demandas de los movimientos que así lo deseen.
Todo lo anterior resulta especialmente pertinente considerando la coyuntura que se presenta a nivel internacional ya que en octubre del 2016 se llevará a cabo en Quito, Ecuador, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, conocida como HÁBITAT III, convocada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Tanto en Hábitat I (Vancouver, 1976) como principalmente en Hábitat II (Estambul, 1996), el esfuerzo de la sociedad civil mexicana por planear propuestas, participar activamente durante las conferencias y ubicar aliados estratégicos para aportar a la redacción final de los acuerdos fue significativo para su momento histórico, considerando sobre todo que las orientaciones de las Conferencias tuvieron repercusiones en varios aspectos de la administración y la política pública.
En el proceso actual, el gobierno mexicano instaló el pasado septiembre el Comité Nacional Hábitat III encabezado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), invitando a pocos miembros de la sociedad civil y académicos, con una ausencia significativa de las organizaciones de base. En este marco, se está trabajando en la elaboración de un Informe Nacional que presentará el gobierno rumbo a Hábitat III donde hasta el momento (II borrador) se observa la dificultad de plasmar la realidad que los habitantes de México enfrentan en sus territorios además de hacer caso omiso a muchos de los comentarios críticos y propuestas provenientes de la sociedad civil y la academia, como las surgidas del foro realizado en la UNAM en enero del presente año.
Ante este contexto, se observa una oportunidad para generar articulaciones y propuestas que trasciendan la coyuntura de Hábitat III y retomen los planteamientos de diversos sectores de la sociedad provenientes tanto del ámbito rural –campesinos e indígenas– así como urbano, con especial énfasis en las periferias y las colonias populares.
Entre los principales objetivos y acciones a realizar, tenemos:
- Formar una articulación ciudadana con representantes del campo y la ciudad
- Dotarse de una estrategia para denunciar, incidir y proponer alternativas ante el poder legislativo (nueva ley de vivienda, de territorios y ciudad y leyes relacionadas) y organismos como CONAVI y SEDATU
- Construir acciones conjuntas a partir de la interdependencia entre los derechos
- Participar en la Constituyente Ciudadana en temas relacionados a la ciudad y al territorio, retomando la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad
- Incidir en el Informe Nacional rumbo a Hábitat III
- Incidir en las decisiones que se tomen a nivel regional e internacional en materia de territorio y ciudad: Minurvi, informe regional CEPAL en vista de Hábitat III, Agenda Urbana que se presentará en Hábitat III, objetivos de desarrollo post 2015, etc.
- Participar en la preparación de eventos paralelos a Hábitat III
- Visibilizar los conflictos relacionados con los temas de la Plataforma
- Desarrollar formas de comunicar los temas de preocupación a públicos diversos y crear un portal en Internet
- El lanzamiento de esta Plataforma estará enmarcado por el aniversario de COPEVI y el Día Internacional de la Madre Tierra
¡DE-CÍ-DE-TE por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio!
Grupo Promotor de la Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y en defensa del Territorio:
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. (COPEVI), Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL), Cooperación Comunitaria A.C., Hábitat para la Humanidad México, Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática (MUP-CND), Unión Popular Valle Gómez.
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