"En respuesta a las crisis globales, financiera y de vivienda, las alianzas internacionales por el derecho a la vivienda demandamos un cambio esencial en la arquitectura de las finanzas globales y el financiamiento del hábitat."
A continuación el llamado de HIC y otras redes Internacionales por el derecho a la vivienda en el contexto de la reunión del G-20 realizada el 15 de noviembre en Washington.
G-20: Necesitamos un "Nuevo Convenio Verde"
¡Con miras a construir, ahora, un pacto social y global para financiar un hábitat sostenible!
En respuesta a las crisis globales, financiera y de vivienda, las alianzas internacionales por el derecho a la vivienda demandamos un cambio esencial en la arquitectura de las finanzas globales y el financiamiento del hábitat.
Desde hace ya años, asociaciones de habitantes y redes de derechos a la vivienda hemos condenado abiertamente la especulación inmobiliaria desenfrenada, la obsesión con la propiedad privada, la privatización de los bienes públicos, la desregulación de los mercados en detrimento del interés público, afectando así a la vivienda y a los recursos relacionados a ella. Estos comportamientos ideológicos han conllevado a una inflación artificial de los costos de la vivienda y han desvalorizado la producción social, basada en las capacidades locales de gestión habitacional y ambiental. A su vez, las instituciones financieras internacionales, que han promovido estas alteraciones, al condicionar la ayuda a países en desarrollo -en conformidad con los modelos neoliberales y de megaproyectos-, han profundizado aun más las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de millones de personas alrededor del mundo.
Ahora que estas alteraciones han conducido el mundo a la crisis financiera actual, las redes de derecho a la vivienda instamos al G-20 a construir un programa coordinado para el financiamiento de un hábitat sostenible.
La consecuente socialización de las pérdidas bancarias a costa de los programas gubernamentales para la vivienda, el desarrollo social urbano y la cooperación al desarrollo arriesga aun más una intensificación de la crisis inmobiliaria y del hábitat. El cambio imprescindible que exigimos contribuiría a solucionar las amenazas que sufren los deudores hipotecarios, los desalojados y expropiados de vivienda y de suelo, así como los sin techo en todo el planeta. El pacto social internacional que proponemos corresponde a un entendimiento multinacional sobre las garantías del derecho a la vivienda como herramientas esenciales para mejorar las condiciones de vida de al menos mil millones de habitantes de los barrios precarios, de grupos afectados, comunidades y culturas, urbanas y rurales.
En todos los países, el acuerdo [Bretton Woods II] debería apoyar la construcción de viviendas dignas, así como la rehabilitación de viviendas deterioradas, en función de una cooperación público/pública, público/privada, privado/popular y público/popular, controlada desde lo local. De igual forma, debería fomentar patrones sostenibles de producción y consumo a partir de recursos renovables locales, con miras al fortalecimiento de la soberanía alimentaria, incluyendo la agricultura urbana y la reducción de la necesidad de transporte, entre las prioridades de ahorro planetario. Especialmente, los países industrializados y mercados emergentes deberían aplicar soluciones para la vivienda y su renovación, que impliquen una reducción en el consumo de suelo y de energías fósiles.
Así pues, cualquier nuevo marco financiero debe coincidir con el perfeccionamiento de un marco ideológico menos agresivo, que respete y sustente las capacidades de la gente y de sus comunidades y, por supuesto, el medio ambiente. Este es el momento de la verdad, no el de la imperante ideología de acumulación, interés privado y, sobre todo, el de la miopía que promueve el "crecimiento" por encima de la redistribución equitativa.
Acompañado de medidas públicas para la regulación del flujo de capital global y la reducción de la especulación financiera, tal "pacto global para el financiamiento de la vivienda y el hábitat" contribuiría a la solución de la crisis global inmobiliaria y a la corrección del desarrollo mal orientado de la economía mundial y de la gobernanza global en boga desde la década del setenta. Las inversiones resultantes de este pacto estarían dirigidas hacia actividades requeridas en todos los países para la generación a nivel local de más empleo y mayores ingresos. De este modo, las economías mundiales y domésticas se estabilizarían en el evento de una crisis y, así, otro camino de desarrollo estaría en apertura, de acuerdo con los derechos humanos y el crecimiento destinado al beneficio social.
En este contexto, hacemos un llamado a los líderes del G-20 para que reconozcan que el desarrollo local de lo inmobiliario y de la infraestructura, así como de la participación ciudadana efectiva son indispensables para un "Nuevo Convenio Verde"
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC)
Alianza Internacional de Habitantes (IAI)
Center on Housing Rights and Evictions, COHRE
Noviembre 2008
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