Hace dos años, preocupados por los graves impactos sociales y ambientales que empezaban a evidenciarse como consecuencia de la puesta en marcha del llamado Plan Puebla Panamá (PPP) en la región, empezamos a trabajar en su documentación y análisis.
El PPP ha sido lanzado el 15 de junio del 2001 y ha sido presentado como un “proyecto de desarrollo” para integrar la zona sur de México y los países centroamericanos
[2] al mercado internacional. Se compone de ocho iniciativas
[3] que llevan consigo la construcción de infraestructura, impulsan procesos de privatización, y la creación de una gran zona de libre comercio en esta región, muy rica en recursos y biodiversidad. Los Estados Unidos y otros gobiernos apoyan fuertemente el PPP, y el Banco Inter-americano de Desarrollo (BID) está financiando parte del proyecto.
Aunque los documentos oficiales señalan como objetivos del PPP, entre otros, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región dentro de un marco de desarrollo sustentable y propiciar una estrategia que apunte a la integración de Centroamérica dentro del concepto de región mesoaméricana, desde su lanzamiento se han levantado muchas voces de descontento por parte de la sociedad civil y se han organizado innumerables eventos para plantear críticas y propuestas alternativas. Las razones más frecuentes del descontento y las mayores preocupaciones derivan del hecho de que este proceso de integración no resulta estar basado sobre principios democráticos, de equidad, justicia, sustentabilidad y tampoco toma en consideración los derechos humanos, las necesidades de los pueblos y su diversidad cultural, social y económica.
Una de las tesis más difundidas es que, más allá de los objetivos anunciados en el PPP, su propósito fundamental es crear las condiciones necesarias (en términos de infraestructuras física y administrativa) para hacer atractivas las inversiones en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
[4], del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos
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[1] El documento ha sido elaborado por Maria Silvia Emanuelli, responsable de Asuntos Jurídicos, Oficina de Coordinación Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL).
[2] Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
[3] 1. Desarrollo Sustentable, 2. Desarrollo Humano, 3. Prevención y Mitigación de Desastres Naturales, 4. Promoción del Turismo, 5. Facilitación del Intercambio Comercial, 6. Integración Vial, 7. Interconexión Energética, 8 Integración de los Servicios de Telecomunicaciones.
[4] El TLCAN es un amplio tratado comercial que entró en vigor el 1 de enero de 1994 entre los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos. Constituye una extensión del tratado firmado en 1989 entre Canadá y Estados Unidos (CUSTA) y se considera como un hito que eleva los estándares una serie de áreas como agricultura, inversiones, propiedad intelectual y servicios. El TLCAN provocó una fuerte y sostenida resistencia por parte de numerosos sectores de la población mexicana y fue uno de los catalizadores de la sublevación zapatista. A partir de su entrada en vigor el maíz barato y apoyado por los subsidios de los Estados Unidos, invadió el mercado y fue vendido por un precio inferior a los costos de producción, con el que los campesinos no pueden competir. Esta situación provocó desplazamientos masivos de población, pobreza y hambre. Además, las controversias que surgen al interior del TLCAN – en las cuales cualquier inversionista de uno de los países signatarios puede demandar al gobierno de otro país signatario por acciones u omisiones que pueden interferir con su derecho a conseguir ganancia – han provocado preocupación por el hecho de que el tratado favorece a las empresas trasnacionales y limita la capacidad de los gobiernos de regular la economía por cuestiones sociales y ambientales, entre otras.
