Prosigue en Indonesia la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que activistas reclaman que digan de forma clara que los recursos hídricos no pueden tratarse como productos básicos.
Los que critican las privatizaciones y la financiación de los recursos naturales señalan el cada vez mayor interés de los inversores multinacionales en comercializar los recursos hídricos comunes. Un cambio que puede tener efectos particularmente dañinos en las comunidades pobres y marginadas.
Aunque en 2010 el derecho universal al agua (y al saneamiento) se consagró en pactos internacionales, los acuerdos de comercio todavía no han tomado nota, un vacío que se vuelve cada vez más peligroso para algunos especialistas».
«La financiación y la privatización del agua ya es en gran medida un objetivo a largo plazo de importantes inversores y empresas multinacionales», asegura William Waren, analista en políticas comerciales de la oficina estadounidense de Amigos de la Tierra.
«Estas entidades apuestan a que el agua se comercialice y distribuya de un modo muy parecido al petróleo. Ellos saben que el calentamiento global volverá cada vez más escasos los recursos hídricos, así que quieren apoderarse de ellos y terminar vendiéndolos al precio que marquen», explica.
Waren mencionó a Suez Environment, el gigante francés del agua, y a T Boone Pickens, el magnate estadounidense del petróleo que se pasó al sector de las energías alternativas. Pero, más allá de la ubicación de estos inversores, su objetivo es transnacional.
En coincidencia con la conferencia ministerial de la OMC, que se clausura este viernes en Bali, Indonesia,Amigos de la Tierra Internacional ha presentado una serie de estudios sobre las experiencias de una decena de países en la financiación de recursos hídricos.
El informe plantea que una confluencia de instituciones financieras y corporaciones internacionales están «pavimentando el camino» para este proceso. Estos grupos están recibiendo un apoyo clave por parte de los acuerdos comerciales internacionales, tanto por las vaguedades de los que ya existen como por estrategias explícitas en otros que se están negociando, encabezados en particular por Estados Unidos.
Se trata de «fuerzas motrices de la desregularización y la liberalización que han abierto los sectores del agua y el saneamiento al lucro corporativo, y que son componentes básicos de la arquitectura de la impunidad que lo protege», señala el informe.
«Entre ellos destacan las nuevas modalidades, cada vez menos transparentes y menos democráticas, de asociaciones transoceánicas lideradas por Estados Unidos… y la agenda de la OMC sobre servicios ambientales», agrega.
Viejos bienes públicos
En este debate es clave el pacto firmado hace más de medio siglo, predecesor de la actual OMC que se creó en 1995, conocido como Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Las disposiciones del GATT siguen rigiendo las políticas de comercio de bienes materiales, si bien ni en este ni la OMC han definido claramente qué constituye un «bien» o si el agua lo es.
Según el informe «El punto de vista tradicional en el derecho internacional es que el agua es un bien público, así que en 1948 no se planteaba lo que las grandes corporaciones contemplan hoy: el control completo del sistema, desde el pozo hasta el grifo».
«Así que necesitamos asegurarnos de que los nuevos acuerdos comerciales ofrezcan garantías específicas de que el agua es parte de los bienes públicos, que no es una mercancía ni un producto», añade.
El debate de la OMC sobre el comercio de servicios continúa, mientras los países ofrecen sus propios compromisos. Hasta ahora ningún país ha asumido compromisos importantes en relación al abastecimiento doméstico de agua.
Los debates de esta semana en Bali aparecen como la última posibilidad de que la OMC llegue a un acuerdo multilateral, pues la actual Ronda de Doha, que se inició en la capital de Qatar en 2001, acumula más de una década de frustraciones.
Mientras tanto las fuerzas liberalizadoras han virado a negociaciones multilaterales y bilaterales y a acuerdos de inversión.
Dos de los mayores están actualmente en negociación, ambos liderados por Washington: el Acuerdo de Asociación Transpacífico, de 12 países, y un área de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Si se concretan, abarcarán la mayor parte de la economía mundial.
Pero estos pactos comerciales también conllevan estrictos requisitos que favorecen a las empresas, y mecanismos cuasi judiciales para su puesta en marcha que sitúan a los inversores al mismo nivel que los Estados soberanos.
Si bien la Organización de las Naciones Unidas estableció en 2010 el derecho universal al agua, los tribunales que entienden en disputas en el marco de acuerdos de inversiones no suelen reconocer el derecho humanitario internacional. Por eso es importante que la OMC se pronuncie explícitamente en el debate sobre el agua como mercancía negociable.
Un tercio más caro
Es paradójico que la puja hacia una mayor financiación del agua la encabece Estados Unidos, cuya experiencia en la privatización de empresas públicas de agua ha sido notoriamente negativa.
La mayor empresa privada de agua de este país, American Water, fue antes propiedad de una compañía alemana, que se retiró en gran medida por la resistencia social a que capitales privados y extranjeros fueran dueños de los recursos hídricos.
«Claramente ha habido resistencia a la propiedad privada», nos dice la investigadora Mary Grant, de Food & Water Watch (FWW). «Las comunidades dejaron en claro que quieren propiedad local, a fin de controlar la calidad del servicio y las tarifas».
Estudios de FWW concluyeron que empresas de servicios públicos que son propiedad de inversores en decenas de estados estadounidenses cobran un tercio más que las estatales. Los sistemas con fines de lucro también presentan problemas cuando se necesita extender el servicio, pues las empresas son reticentes a ampliar la cobertura a zonas pobres o a comunidades muy pequeñas.
«La experiencia de Estados Unidos muestra que la privatización del agua ha sido un fracaso», asegura Grant. «No ha generado mejores servicios, pese a la subida de precios, y a menudo han sido peores. La administración local y pública es la manera más responsable de garantizar que todos tengan acceso a agua limpia y barata».
Fuente: http://www.euroxpress.es
