Los compañeros del Centro de Información, Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP) nos hicieron llegar el pasado 8 de mayo un documento en el cual manifiestan su desacuerdo ante la aprobación del Proyecto de Ley Nº 541-2006 CR que permite el desalojo por falta de pago y pago de arriendos en un s olo proceso por parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En este sentido, CIDAP considera que el texto aprobado atenta contra el principio jurídico de igualdad , pues viola los derechos humanos de los inquilinos de tugurios y, a su vez, contradice la política nacional de vivienda al no ofrecer alternativas de solución para el problema de déficit habitacional de los más necesitados.

De prosperar en el pleno, esta ley podría convertir a cerca de un millón de inquilinos de tugurios en personas indigentes, puesto que los inquilinos no sólo serían lanzados a la calle sino que también les serían embargados sus bienes con el fin de cobrar la deuda contraída.

Muchas de las familias que viven en barrios tugurizados como Barrios Altos, Montserrat, La Victoria, por desconocimiento y/o argucia de sus arrendatarios se vieron en la obligación de firmar nuevos contratos de alquiler regulados por el Código Civil, con lo que perdieron el amparo del Régimen de la Ley No 28138.

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