Publicado originalmente en observatorioargentino.wordpress.com
Imagen: Observatorio Argentino
Exigimos una respuesta de la ministra Patricia Bullrich y el Presidente Mauricio Macri
sobre el paradero de Santiago Maldonado y el fin del hostigamiento a la comunidad mapuche
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Santiago Maldonado es el nombre que resuena como una pesadilla que retorna en todos los rincones de Argentina y hace ecos en el exterior al pronunciar el nombre del país.
El pasado primero de agosto, luego de un enfrentamiento entre Gendarmería Nacional y la comunidad mapuche Lof Cushamen, Santiago Maldonado, un joven de 28 años que se encontraba allí en solidaridad con los reclamos de la comunidad indígena, fue detenido y llevado en un camión de Gendarmería. Los Mapuches reclaman como su territorio ancestral las tierras que desde los años ‘90 pertenecen a la Compañía de Tierras Sud Argentino (900.000 hectáreas!) , propiedad de Luciano Benetton. Para manifestar su reclamo, desde el 2015 han estado ocupando caminos y sufriendo el hostigamiento del Estado Argentino que defiende los intereses de los nuevos “dueños” monopólicos, contraviniendo el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT así como la Resolución 61/295 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que defienden el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales.
A pesar de los habeas corpus presentados, de las preguntas de los diputados argentinos, de los reclamos de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), en su conferencia de prensa y en otras declaraciones, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no se hace cargo de la desaparición de Maldonado. Pero hay testigos que vieron cómo Gendarmería se lo llevaba a la fuerza y se han encontrado huellas de sangre en camiones de esta fuerza nacional de seguridad que, aparentemente bajo las órdenes del juez federal Guido Otranto, actuó el 1 de agosto, disparando con balas de plomo y persiguiendo a los manifestantes que solo se defendían con piedras y con sus propios cuerpos. En una estrategia de dominación y desinformación, la Ministra acusa a la comunidad mapuche de ser “subversivos“ y de querer establecer una “república independiente“ dentro del territorio argentino. De este modo, indirectamente justifica el accionar de Gendarmería Nacional tanto el 1 de agosto como anteriormente, en lugar de defender la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Además, la investigación iniciada por la Ministra, está a cargo del mismo juez Guido Otranto que ordenó la represión del reclamo, lo cual no es aceptable bajo ningún punto de vista.
Desde el Observatorio Argentino nos sumamos al reclamo de que el Estado argentino:
- tome inmediatamente todas las medidas necesarias para dar con el paradero de Santiago Maldonado;
cumpla con el deber de proteger a sus ciudadanos independientemente de su pertenencia étnica o de sus convicciones y reclamos y se haga responsable de la desaparición de Santiago Maldonado;
- avance en investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los hechos perpetrados el 1 de agosto en la comunidad Pu Lof en Resistencia, haga públicos sus resultados y lleve a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante la justicia;
- retire a la Gendarmería de las comunidades y adopte las medidas necesarias para garantizar la integridad física de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, con su plena participación;
- libere al referente mapuche Facundo Jones Huala;
- brinde una solución sólida al legítimo reclamo territorial de la comunidad Lof Cushamen del pueblo mapuche.
Si la Patagonia ha sido en el imaginario europeo siempre una tierra de aventuras y paisajes elocuentes, en la historia real es una tierra de sangre y asesinatos. El Estado argentino consolidó su territorio a partir de la llamada Conquista del Desierto (1878-1885) durante la que asesinó a miles de indígenas y esclavizó a otros miles vendiéndolos como sirvientes en Buenos Aires. En 1920-21 vuelven las masacres en los acontecimientos conocidos como la Patagonia Trágica, en los que, a partir de la sindicalización de peones de campo, el gobierno argentino en lugar de defender a sus ciudadanos apoya la represión y fusilamiento masivo de los huelguistas.
En estos días, el accionar del Gobierno Nacional y el discurso utilizado por la Ministra Patricia Bullrich en el caso particular de la comunidad Lof Cushamen rememora los ecos de aquellas masacres del Estado argentino. Esperamos y exigimos que esta vez el Gobierno Argentino asuma sus responsabilidades democráticas y la defensa de los derechos de sus ciudadanos en vez de legitimar y ejercer por mano propia la violencia en contra de los mismos.
Sra. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la República Argentina, Sr. Mauricio Macri, Presidente de la República Argentina: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ustedes son responsables de la actuación de las fuerzas de seguridad en toda la nación. Los abajo firmantes desde los más diversos puntos del planeta miramos a la República Argentina y exigimos una respuesta. Ya.
