Los conflictos políticos,
religiosos o sociales en Chiapas han desplazado de sus comunidades a alrededor
de 500,000 personas durante los últimos 50 años, según un informe de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El número hace de Chiapas la entidad mexicana con la más
desplazados, indica el reporte, que destaca el caso de las 25,000 personas que
desde 1994 se han visto forzadas a dejar sus localidades tras el alzamiento del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Óscar Torrens, director del Programa Conjunto por una Cultura de
Paz de las Naciones Unidas, consideró que el Estudio sobre los
desplazados por el conflicto armado en Chiapas, publicado en 2012,
representa el diagnóstico más sólido de la situación en la entidad ubicada al
sur del país, dado que el gobierno de México carece de un censo oficial en la
materia.
"A 18 años del inicio del conflicto entre el EZLN y el
gobierno federal, se estima que alrededor de 70% de los desplazados no ha
recibido atención por parte de las autoridades estatales y federales",
señala el reporte. "(Para el 30% restante) la atención que recibió fue de
carácter asistencialista, parcial, condicionada, y sin acciones en materia de
justicia".
Otro caso registrado en los últimos años es el de los indígenas
involucrados en la masacre de Acteal, que ocurrió en 1997 en medio de las
tensiones que generó el levantamiento zapatista.
Tras permanecer más de una década en prisión, 73 de los
detenidos fueron liberados por orden de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), que encontró irregularidades en los procesos legales en su
contra.
El gobierno chiapaneco, sin embargo, les pidió no regresar a sus
comunidades de origen para evitar nuevos conflictos y, para reubicarlos,
destinó recursos para instalarlos en otros municipios, donde ellos y sus
familias recibirán casas y tierras de cultivo.
La radiografía de los desplazados
El desplazamiento en Chiapas ha tenido varios orígenes.
Fernando Briones Gamboa, especialista en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS), explicó que una de sus principales causas es la
construcción de hidroeléctricas que inundaron miles de hectáreas entre 1959 y
1982, pues Chiapas es uno de los estados con más recursos hídricos en el país.
Otros motivos de desplazamiento han sido fenómenos naturales
como la erupción del volcán Chichonal en 1982 y los huracanes Mitch y Stan -en
1998 y 2005, respectivamente-, así como los conflictos religiosos. Chiapas, un
estado con un 25% de población indígena, tiene decenas de grupos religiosos que
se han confrontado en algunas regiones y promovido la expulsión de las personas
ajenas a su credo.
En cuanto al conflicto zapatista, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) instrumentó, tras el alzamiento zapatista,
programas de prevención de conflictos y construcción de paz entre personas
desplazadas. En 2010, detectó que los 25,000 desplazados por causa del
conflicto zapatista podían dividirse en dos grupos.
Uno corresponde a los afectados por paramilitares que se
confrontan con los simpatizantes del EZLN. Los municipios afectados son Tila,
Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá, en la zona norte del estado, y Chenalhó y
otros municipios de Los Altos. Algunos de estos pobladores se fueron a vivir a
los estados de Campeche y Tabasco, y otros, a comunidades cercanas a sus
lugares de origen.
El segundo grupo lo conforman las personas que dejaron sus
tierras por diferencias con el EZLN y que habitaban en los municipios de
Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Algunos migraron a cabeceras
municipales, y otros, al norte del país.
Acciones de lento avance
De 2010 a 2012, el PNUD trabajó con un sector de desplazados
para elaborar programas de paz, y a comienzos de este año, el Congreso de
Chiapas aprobó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento
Interno, única en su tipo en México.
Sin embargo, el personal del PNUD e integrantes de la coalición
de organizaciones de desplazados señalaron a CNNMéxico que las acciones
promovidas para atender al sector son inoperantes, porque el gobierno estatal
no ha creado el reglamento de la legislación ni el Consejo de Atención que debe
instrumentarla.
"Sólo se tocó la punta del iceberg, porque faltó voluntad
polítca por parte del gobierno chiapaneco, para reconstruir el tejido social y
crear un ambiente de paz social que permitiera el retorno o una solición duradera
a la problemática", dijo Torrens.
En febrero, el gobernador Manuel Velasco -que asumió el cargo en
diciembre- se reunió con la coordinadora residente del Sistema de la ONU en
México, Marcia de Castro, para discutir la continuidad de programas de
atención a diversos grupos, entre ellos los desplazados. A la fecha, no se han
concretado acuerdos en la materia.
El coordinador de asesores del gobierno estatal, Eduardo Zenteno
Núñez, dijo que las autoridades están atendiendo el problema, a través de
acciones como acuerdos que permitan a grupos de indígenas y campesinos regresar
a sus localidades.
Legisladores chiapaneos -entre ellos la diputada local Rhosbita
López Aquino, presidenta de la Comisión de Población, y el senador Zoé Robledo-
se comprometieron a impulsar la creación del consejo y del reglamento de la Ley
de Desplazados estatal, así como a promover una norma federal.
"El mayor número hoy ya no está nada más en los estados del
sur o en Chiapas (...) sino que gran parte de estos desplazados se encuentran en
estados del norte del país: Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, que tienen que ver
con situaciones de violencia producto del crimen organizado", dijo
Robledo, quien presentó una iniciativa que espera sea dictaminada en el próximo
periodo de sesiones.
Los conflictos latentes
Tanto el PNUD como las organizaciones de desplazados consideran
que la tensión entre las personas afectadas continúa, por lo que llamaron al
gobierno a acelerar la aplicación de las acciones para apoyar a ese sector.
"En la mayoría de las zonas de desplazados se vive una paz
tensa. Los conflictos siguen estando ahí debajo de la mesa, y pueden volver a
detonar en cualquier momento, porque sigue habiendo contradicciones de tipo
económico, social y político", dijo Torrens.
Manuel Pérez García, representante de los desplazados de la zona
norte, señaló que la tensión social "no ha cambiado si la comparamos a los
primeros años de conflicto" en los municipios como Tila, Sabanilla y Salto
de Agua.
Otro desplazado, Julián Méndez Córdova, explicó que sus
compañeros viven en "cinturones de miseria", sin posibilidades de
regresar, empleándose como albañiles o empleadas domésticas, y en otros casos
alquilando tierra para sembrar, o migrando por temporadas.
Torrens señaló que el PNUD no podrá seguir colaborando en la
atención del problema porque su programa concluirá este mes debido a falta de
recursos.
"Mi balance al final de tres años es que Naciones Unidas
hizo su mejor esfuerzo al poner sobre la mesa el tema del desplazamiento",
dijo. "Lo demás queda hacer a las autoridades de México".
Fuente: CNN México
