Publicado en El País

“Parecía Gaza… y me puse a llorar. No entiendo nada. A esa gente, a esas mamás con chicos, los acaricio con mis lágrimas”, escribía el pasado agosto el papa Francisco a un amigo concejal de Buenos Aires después de que tres fuerzas policiales desalojaran con topadoras a unas 500 familias que se habían instalado en un terreno baldío bautizado por sus ocupantes con el nombre del pontífice argentino. “Parece que la crueldad se nos instaló en el corazón. Una crueldad vestida con tantos ropajes: qué me importa, que vayan a trabajar, es gente insociable… palabras que no justifican, sino que manifiestan tanta crueldad”, agregaba Francisco después de la represión conjunta de los uniformados que responden tanto al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como al alcalde porteño, Mauricio Macri, candidato presidencial conservador para las elecciones del próximo octubre.

Aquel desalojo no es el único que pone de manifiesto que la lucha por la tierra en Latinoamérica no se circunscribe a la de los campesinos e indígenas contra medianos o grandes terratenientes o multinacionales de las materias primas. También ocurre en las urbes. América Latina no es solo el rincón más desigual del mundo, con un tercio de la población en la pobreza, sino que además es la segunda región más urbanizada del planeta, con casi un 80% de sus habitantes residiendo en ciudades. Aunque las cifras han mejorado en este siglo, aún un tercio de los latinoamericanos mora en viviendas precarias, y una minoría en la calle. Un cuarto reside en favelas, villas de emergencia, asentamientos irregulares o como se llame en cada país a los barrios de chabolas.

“Para los campesinos, es la lucha por la tierra. Para nosotros, es por el suelo urbano con servicios, con espacio urbano”, explica el arquitecto Raúl Fernández Wagner, profesor de la Universidad de General Sarmiento, en la periferia pobre de Buenos Aires. Fernández Wagner integra, además, el colectivo de organizaciones sociales y docentes universitarios Habitar Argentina que en 2013 logró una ley para regular, en la provincia de Buenos Aires, el uso de la tierra de barrios cerrados, esas urbanizaciones para las clases altas y medias altas que se han expandido desde los 90 por toda Latinoamérica, incluso en ciudades medianas, y que han encarecido tierras periféricas a las que antes accedían los pobres.

 

“La gente necesita dónde vivir y si no tiene acceso a casas, se va a asentamientos informales, donde no tiene servicios de electricidad, agua potable, cloacas, y entonces trata de sobrevivir conectándose como puede”, expone la relatora especial de ONU Hábitat Leilani Farha. “No es sorprendente que haya conflictos en este contexto. En la ciudad, los pobres no pueden comprar nada porque no hay nada disponible para sus ingresos, por la especulación inmobiliaria, por la falta de políticas de tierra y porque los gobiernos, a veces, venden las mejores tierras para desarrollos inmobiliarios. La gente no puede sobrevivir sin casa, es un derecho humano y hay que enfocar el asunto desde esa perspectiva, dar la seguridad a la tenencia. Los pobres van a las peores tierras, que son fiscales o de algún dueño, y pelean por la regularización del dominio. A veces, terminan desalojados por policías, militares o agentes privados y entonces se van a otros asentamientos informales”, describe Farha desde su oficina en Ottawa.

En los últimos meses, pobladores pobres de algunos municipios del Gran Buenos Aires (periferia), como los de La Matanza, Esteban Echeverría, Moreno y Florencio Varela, se han organizado para montar piquetes en calles o carreteras para reclamar por tierras o por la regularización de su dominio, según cuenta la presidenta de la organización social Madre Tierra, Ana Pastor. El mismo día de la entrevista, ella daba cuenta de un desalojo en La Matanza. “Los hay que no son necesariamente violentos”, aclara.

También hay tomas de tierras en Buenos Aires, como las de la villa Papa Francisco, y en los suburbios, aunque ya no son organizadas por movimientos populares como en los 80, sino que en las últimas tres décadas opera un mercado informal de tierras donde algunos listos venden o alquilan terrenos fiscales o abandonados por sus dueños, según la líder de Madre Tierra. “El Gran Buenos Aires, Moreno y Merlo son los municipios que tienen más tierras y, por tanto, más posibilidad de tomas. En Merlo solo se toma lo que el municipio autoriza, y en Moreno hay tomas organizadas por gente de la droga, policías, políticos locales, y después media el municipio. Es decir, hay piratas que no son grandes poderosos, pero son usados por otros sectores de poder, muchas veces armados”, describe Pastor.

“Lo de Buenos Aires se repite en muchas partes de Latinoamérica”, comenta la presidenta de Habitat International Coalition (HIC), Lorena Zárate, desde la ciudad de México. “Hay ocupaciones de tierras en la periferia o en edificios, por ejemplo, en São Paulo. Organizadas, no por familias sino por movimientos de lucha por acceso a la vivienda. Pero también hay un mercado informal en el que la gente termina pagando dos o tres veces por la tierra, con procesos de extorsión, muchas veces contra gente migrante sin apoyo en la ciudad. Ya no hay tomas masivas como en 60 y 70, en parte porque ya no hay tanta migración del campo a la ciudad sino dentro de la ciudad o entre ciudades”, cuenta Zárate.

¿Cómo responden los gobiernos ante tanta necesidad? Los expertos consideran que el déficit no se resuelve si se lo deja en manos de un mercado urbano en el que la tierra es escasísima, la especulación abunda, el crédito falta entre los más pobres y se necesitan cada vez más salarios para comprar una vivienda. Farha, de ONU Hábitat, ensaya una respuesta: “México intentó fomentar el acceso a la vivienda con crédito, pero para ello entregó tierras muy lejanas de los centros urbanos y de los trabajos, con mal transporte, sin buenos servicios. Ahora el Gobierno (de Enrique Peña Nieto) cambió el enfoque y quiere detener la extensión urbana. Hubo muchos programas en Brasil y Colombia para mejorar la calidad de los barrios, y tuvieron buenos resultados. Ecuador y Venezuela también tienen planes de vivienda. Cada país ha probado programas, muchos sin éxito”.

Zárate reconoce que en Brasil, Argentina, Chile o México se construyeron millones de viviendas, “pero con problemas de localización porque exigen de la persona mucho gasto de transporte para ir a trabajar, porque faltan centros de salud, recreativos, culturales, o hay escuelas con malos maestros, o porque las casas son de mala calidad o se hicieron en basureros o sobre acuíferos”. La líder de HIC destaca que en Uruguay siguen existiendo, como en los 70, los bancos de tierras e inmuebles ociosos y que la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua haya replicado su tarea por el acceso a la propiedad colectiva. El modelo de esta federación se procura replicar en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay o Bolivia. Zárate elogia la planificación urbana en Brasil que lleva que muchas ciudades dispongan de tierra para viviendas sociales y equipamiento comunitario. Destaca que Colombia también cuente con una legislación en ese sentido, aunque advierte que falta más implementación, a la vez que pone sus esperanzas en la nueva ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires.