Fotografía: Lucía Campins (CC BY-NC 2.0)
La situación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en México será analizada a finales de septiembre por parte del Comité DESC de la ONU, 11 años después de su última examinación. Ante esto, más de 40 organizaciones decidieron elaborar un
informe alternativo sobre el tema: "con el ánimo de contribuir a la importante y urgente labor de supervisión del Comité sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en México -en vigor desde 1981, las organizaciones y redes de sociedad civil que suscribimos este Informe Alternativo sobre DESCA ponemos a su disposición información relevante sobre estos derechos, basada en la investigación, el seguimiento y la experiencia de muchos años en la promoción y defensa de los mismos, exponiendo tanto el estado que guarda su cumplimiento en el país, como los obstáculos, los retrocesos, las limitaciones y los desafíos que identificamos para su plena realización", como explican en la introducción.
El documento se compone de 20 capítulos, de acuerdo con el articulado del PIDESC y los temas de especial interés que el Comité incluyó en su Lista de Cuestiones (acceso a la justicia, personas defensoras, empresas y derechos humanos). El apartado de vivienda ha sido trabajado por Casa y Ciudad (miembro de HIC), Hábitat para la Humanidad México, HIC-AL y Hábitat por la Humanidad México. HIC-AL se encargó principalmente de trabajar el tema de los desalojos y de resaltar la importancia de una de las recomendaciones que el Comité ha dirigido ya por tres veces al Estado en relación con dotarse de información estadística en la materia.
Resumen
El capítulo sobre el derecho a una vivienda adecuada empieza analizando el marco legal que rige hoy en el país subrayando que si bien la reforma constitucional de 2012 en materia de derechos humanos estableció que cualquier norma en la materia debe interpretarse a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales, con frecuencia las autoridades siguen entendiendo el derecho a una vivienda adecuada como un derecho familiar conforme al artículo 4 de la Constitución, al cual tampoco se le atribuyen las 7 características previstas en la OG n. 4. Además, se analiza críticamente la política de vivienda implementada entre 2006 y 2012, que se enfocó en la construcción de unidades habitacionales por parte de sector privado dirigidas a una parte de la clase trabajadora, lejanas de los centros urbanos y carentes de servicios. En 2010 se contabilizaron 4.99 millones de viviendas abandonadas, aun cuando no todas nuevas, lo que da cuenta del fracaso de esta política. Si bien el actual gobierno se ha enfocado más bien en compactar las ciudades, lo ha estado haciendo sin ofrecer suelo barato y servido a los sectores de más bajos ingresos, además de seguir impulsando la construcción de vivienda nueva, accesible sólo a quiénes perciben más de 5 salarios mínimos o sea el 23.8% de la población ocupada. Por otro lado, el mejoramiento barrial y la producción social de vivienda (PSV) –reconocida en la Ley de Vivienda- que pueden satisfacer las necesidades de quiénes no pueden acceder a la vivienda ofrecida en el mercado, han sufrido recortes presupuestarios. Si bien el Estado afirma que ha podido reducir el rezago habitacional, en el capítulo se analizar los datos oficiales de forma crítica. En este contexto, también se da cuenta de la difícil situación de los asentamientos irregulares. Las cifras oficiales son confusas y lagunosas y hay una serie de obstáculos que se hace necesario resolver para facilitar los procesos que permitan garantizar la seguridad de tenencia de la población que vive en esta situación.
Un amplio apartado es dedicado también a los desalojos forzosos para dar cuenta de la actualidad de las recomendaciones que el CDESC ha dirigido al México desde los años 90 a raíz de la preocupación que le genera la ausencia de información estadística sobre ellos, sus principales causas y las medidas implementada para mitigarlos. En el documento se evidencia que no han habido avances en este sentido –lo que explica la ausencia de referencias a este tema en el Informe oficial- por lo que la información sigue estando dispersa y contradictoria. En el caso de las presas construidas en el país en los últimos 10 años se comprueba que existe información oficial sólo en el 14% de los casos y que los números varían según la fuente. Esta situación, aunada a los datos que se ofrecen en relación con el gran número de desalojos violentos que se llevan a cabo en la capital del país y otras urbes a causa de la especulación inmobiliaria y gentrificación sin respetar ninguna de las garantías previstas en los documentos internacionales, y a los desalojos por cartera vencida, justifican una nueva recomendación sobre la temática.
Consulta el Informe alternativo conjunto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México (2017)
