Cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió su informe anual sobre prácticas de Derechos Humanos en 196 países, el pasado 28 de febrero, por primera vez 160 organizaciones civiles estadounidenses reaccionaron denunciando que, casa adentro, los derechos son letra muerta.
"Es el colmo de la hipocresía que el gobierno estadounidense emita un informe que condena los abusos de derechos humanos en otros países, en momentos en que está violando estos mismos estándares en casa y en el exterior", dijo Ajamu Baraka, Director Ejecutivo de la Red de Derechos Humanos de EE.UU. (USHRN por sus siglas en inglés).
Una reciente demanda presentada por familias pobres sin techo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por violación al derecho a la vivienda revela no sólo las contradicciones del país más rico del mundo sino que coloca a Estados Unidos en el banquillo de los acusados.
El 4 de marzo tendrá lugar, en la sede de la OEA en Washington, una audiencia por violación al derecho a la vivienda en Estados Unidos, Canadá y Brasil. La audiencia fue solicitada por el comité legal de la Campaña de los Pobres por los Derechos Humanos Económicos (PPHERC, por sus siglas en inglés), un movimiento nacional de familias pobres, sin techo y sin tierra de EEUU. Es la primera vez que la OEA acepta el caso por violaciones al derecho humano a la vivienda dentro de Estados Unidos.
Tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre como la Convención Americana de Derechos Humanos conminan a los países que las suscriben a respetar, proteger y cumplir con el derecho a una vivienda adecuada.
“Hemos esperado esa audiencia por seis años. Habíamos rezado que un organismo internacional nos diera la oportunidad de expresar lo que está pasando con las familias pobres y sin hogar en nuestro país tan rico.
El 4 de marzo del año 2005 es un día histórico para los pobres que se les ha negado su derecho humano a la vivienda”, dijo Cheri Honkala, coordinadora nacional de la Campaña Nacional de los Pobres por los Derechos Humanos Económicos.
Tara Melish, una abogada que se especializa en la litigación de casos de derechos sociales y económicos y es consejera de la PPEHRC manifestó que la CIDH tiene un papel importante que cumplir en la vigilancia de la conducta de EE.UU. en relación con el derecho a vivienda. En Estados Unidos, Canadá y Brasil se producen severas violaciones al derecho a la vivienda. “Las metas de esa audiencia son llamar la atención de la CIDH sobre estos abusos, en todas sus formas, y sobre las consecuencias humanas que provocan, y también animarle a dar mayor visibilidad a su trabajo de vigilancia de los derechos humanos en la región”, sostuvo Tara Melish.
En Estados Unidos, más de 3.5 millones de personas sufren por no tener casa en algún momento a lo largo de un año, 1.35 millones de ellas son niños. Mientras millones son afectados por falta de vivienda, mucho más sufren por la falta de vivienda adecuada. Aproximadamente 14.3, millones de hogares, que representan casi uno de cada siete hogares en EEUU, tiene severos problemas para cubrir el precio de vivienda, el cual absorbe más del 50% del salario. De estos casos, aproximadamente 12.5 millones están en grave riesgo de perder sus casas porque sus salarios son extremadamente insuficientes para cubrir el costo del alojamiento. El presupuesto federal propuesto por el presidente Bush profundizaría las violaciones a los derechos humanos económicos.
Voceros de esta campaña señalaron que mientras el presidente Bush propuso recientemente un aumento de $80 billones de dólares para financiar la guerra en Irak, al mismo tiempo pretende recortar, en el presupuesto de 2006, el financiamiento para vivienda y para atender otras necesidades vitales de los seres humanos.
Aunque algunas grupos en Brasil disfrutan de gran riqueza, muchos sectores sufren de pobreza extrema, viviendo en alojamientos inadecuados, en barrios de chabolas, y/o están totalmente sin-techo. Existen diferenciaciones graves en el disfrute al derecho a la vivienda según la clase social, el género, la raza o la etnia a la que pertenezca una persona.
En Canadá, una grave escasez de vivienda razonable afecta desproporcionadamente a las comunidades indígenas. Canadá no sólo ha fracasado en corregir las desigualdades que existen ahora, sino que ha implementado una seria de medidas que han aumentado las violaciones del derecho al alojamiento digno para los pobres de Canadá en general, sostiene la PPEHRC.
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