Ignacio Ramonet.
Es poco probable que los brasileños obedezcan a la procaz consigna que lanzó Michel Platini –otrora gran futbolista y hoy politiquero presidente de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA)– el pasado 26 de abril: “Hagan un esfuerzo, déjense de estallidos sociales y cálmense durante un mes” (1).
La Copa Mundial de Fútbol comienza en São Paulo el 12 de junio para concluir el 13 de julio en Río de Janeiro. Y hay efectivamente preocupación. No sólo en las instancias internacionales del deporte sino también en el propio Gobierno de Dilma Rousseff, por las protestas que podrían intensificarse durante el evento deportivo. El rechazo al Mundial por parte de la población ha seguido expresándose desde junio del año pasado, cuando empezó todo con ocasión de la Copa Confederaciones. La mayoría de los brasileños afirman que no volverían a postular a Brasil como sede de un Mundial. Piensan que causará más daños que beneficios (2).
¿Por qué tanto repudio contra la fiesta suprema del balompié en el país considerado como la meca del fútbol? Desde hace un año, sociólogos y politólogos tratan de responder a esta pregunta partiendo de una constatación: en los últimos once años –o sea, desde que gobierna el Partido de los Trabajadores (PT)– el nivel de vida de los brasileños ha progresado significativamente. Los aumentos sucesivos del salario mínimo han conseguido mejorar de forma sustancial los ingresos de los más pobres. Gracias a programas como “Bolsa Familia” o “Brasil sin miseria”, las clases modestas han visto mejorar sus condiciones de vida. Veinte millones de personas han salido de la pobreza. Las clases medias también han progresado y ahora tienen la posibilidad de acceder a planes de salud, tarjetas de crédito, vivienda propia, vehículo privado, vacaciones... Pero aún falta mucho para que Brasil sea un país menos injusto y con condiciones materiales dignas para todos, porque las desigualdades siguen siendo abismales.
Al no disponer de mayoría política –ni en la Cámara de diputados ni en el Senado–, el margen de maniobra del PT siempre ha sido muy limitado. Para lograr los avances en la distribución de los ingresos, los gobernantes del PT –y en primer lugar el propio Lula– no tuvieron más remedio que aliarse con otros partidos conservadores (3). Esto ha creado cierto vacío de representación y una parálisis política en el sentido de que el PT, a cambio, ha tenido que frenar toda contestación social.
De ahí que los ciudadanos descontentos se pongan a cuestionar el funcionamiento de la democracia brasileña. Sobre todo cuando las políticas sociales comienzan a mostrar sus límites. Pues, al mismo tiempo, se produce una “crisis de madurez” de la sociedad. Al salir de la pobreza, muchos brasileños pasaron de la exigencia cuantitativa (más empleos, más escuelas, más hospitales) a una exigencia cualitativa (mejor empleo, mejor escuela, mejor servicio hospitalario).
En las revueltas de 2013, se pudo ver que los protestatarios eran a menudo jóvenes pertenecientes a las clases modestas beneficiarias de los programas sociales implementados por los Gobiernos de Lula y de Dilma. Esos jóvenes –estudiantes nocturnos, aprendices, activistas culturales, técnicos en formación– son millones, están mal pagados, pero tienen ahora acceso a Internet y poseen un nivel bastante alto de conexión que les permite conocer las nuevas formas mundiales de protesta. En este nuevo Brasil, desean “subirse al tren”(4) porque sus expectativas han aumentado más que su condición social. Pero entonces descubren que la sociedad está poco dispuesta a cambiar y a aceptarlos. De ahí su frustración y su descontento.
El catalizador de ese enojo es el Mundial. Obviamente, las protestas no son contra el fútbol, sino contra algunas prácticas administrativas y contra los chanchullos surgidos de la realización del evento. El Mundial ha supuesto una colosal inversión estimada en unos 8200 millones de euros. Y los ciudadanos piensan que, con ese presupuesto, se hubieran podido construir más y mejores escuelas, más y mejores viviendas, más y mejores hospitales para el pueblo.
Como el fútbol es el universo simbólico y metafórico con el cual más se identifican muchos brasileños, es normal que lo hayan utilizado para llamar la atención del Gobierno y del mundo sobre lo que, según ellos, no funciona en el país. En ese sentido, el Mundial ha sido revelador. Para denunciar, por ejemplo, esa forma de hacer negocios turbios con el dinero público. Sólo en la construcción de los estadios, el coste final ha sido un 300% superior al presupuesto inicial. Las obras fueron financiadas con dinero público a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el cual confió la edificación de los estadios y las gigantescas obras de infraestructura a empresas privadas. Estas, con frío cálculo, programaron el retraso en los plazos de entrega, con vistas a realizar una extorsión sistemática. Pues sabían que, ante las presiones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), cuanto más se retrasara la construcción, mayores serían los pagos adicionales que recibirían. De tal modo que los costes finales se triplicaron. Las protestas denuncian esos sobrecostes efectuados en detrimento de los precarios servicios públicos ofrecidos en educación, salud, transporte, etc.
Asimismo, las manifestaciones denuncian la expulsión, en algunas de las doce ciudades sedes del Mundial, de miles de familias, desahuciadas de sus barrios para liberar los terrenos donde se han edificado o ampliado aeropuertos, autopistas y estadios. Se estima que unas 250.000 personas fueron víctimas de expulsiones. Otros protestan contra el proceso de mercantilización del fútbol, que la FIFA favorece. Según los valores dominantes actuales –difundidos por la ideología neoliberal–, todo es mercancía y el mercado es más importante que el ser humano. Unos pocos jugadores talentosos son presentados por los grandes medios de comunicación como “modelos” de la juventud, e “ídolos” de la población. Ganan millones de euros. Y su “éxito” crea la falsa ilusión de un posible ascenso social mediante el deporte.
Muchas protestas son dirigidas directamente contra la FIFA, no sólo por las condiciones que impone para proteger los privilegios de las marcas patrocinadoras del Mundial (Coca Cola, McDonald’s, Budweiser, etc.) y que son aceptadas por el Gobierno, sino también por las reglas que impiden, por ejemplo, la venta ambulante en las cercanías de los estadios.
Varios movimientos protestatarios tienen por lema “Copa sem povo, tô na rua de novo” (“Copa sin el pueblo, estoy en la calle de nuevo”), y expresan cinco reivindicaciones (por los cinco Mundiales ganados por Brasil): vivienda, salud pública, transporte público, educación, justicia (fin de la violencia de Estado en las favelas y desmilitarización de la policía militar) y, por último, una sexta: que se permita la presencia de vendedores informales en las inmediaciones de los estadios.
Los movimientos sociales que lideran las manifestaciones se dividen en dos grupos diferentes. Una fracción radical, con el lema “Sin derechos no hay Mundial”, pacta objetivamente con los sectores más violentos, incluso con los “Black Bloc” y su depredación extrema. El otro grupo, organizado en Comités Populares de la Copa, denuncia el “Mundial de la FIFA” pero no participan en movilizaciones violentas.
De todos modos, las protestas actuales no parecen poseer la amplitud de las de junio del año pasado. Los grupos radicales han contribuido a fragmentar la protesta, y no hay una dirección orgánica del movimiento. Resultado: según una reciente encuesta, dos tercios de los brasileños están en contra de las manifestaciones durante el Mundial. Y, sobre todo, desaprueban las formas violentas de las protestas (5).
¿Cual será el coste político de todo esto para el Gobierno de Dilma Rousseff? Las manifestaciones del año pasado supusieron un duro golpe a la presidenta que, en las tres primeras semanas, perdió más del 25% del apoyo popular. Después, la mandataria declaró que escuchaba la “voz de las calles” y propuso una reforma política en el Congreso. Esa enérgica respuesta le permitió recuperar parte de la popularidad perdida. Esta vez, el desafío será en las urnas, porque las elecciones presidenciales son el 5 de octubre próximo.
Dilma aparece como favorita. Pero tendrá que enfrentarse a una oposición agrupada en dos polos: el del centrista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo candidato será Aécio Neves; y, mucho más temible, el polo del socialdemócrata Partido Socialista Brasileño (PSB), constituido por la alianza de Eduardo Campos (ex ministro de Ciencia y Tecnología de Lula) y la activista ecologista Marina Silva (ex ministra de Medio Ambiente de Lula). Para este escrutinio, decisivo no sólo para Brasil sino para toda América Latina, lo que ocurra este mes durante el Mundial podría ser determinante.
(1 ) http://www.dailymotion.com/video/x1rao84_mondial-2014-platini-le-bresil-faites-un-effort-pendant-un-mois-calmez-vous-25-04_sport
(2) Folha de São Paulo, São Paulo, 8 de abril de 2014.
(3) Desde la época de Lula, la base de la coalición que gobierna Brasil está formada fundamentalmente por el PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro-derecha), además de por otras pequeñas fuerzas como el Partido Progresista (PP) y el Partido Republicano de Orden Social (PROS).
(4) Léase Antônio David y Lincoln Secco, “Saberá o PT identificar e aproveitar a janela histórica?”, Viomundo, 26 de junio de 2013. http://www.viomundo.com.br/politica/david-e-secco-sabera-o-pt-identificar-e-aproveitar-a-janela-historica.html
(5) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183873&titular=entre-goles-negociados-y-especulaciones-electorale
