El pasado siete de agosto, se vertieron cuarenta mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, proveniente de la presa de jales de la mina de cobre Buenavista, ubicada en el Municipio de Cananea, en el Estado de Sonora.
El resultado de este derrame es la contaminación de los Ríos Bacuachi y Sonora, ambos pertenecientes a la Cuenca del Río Sonora, afectando a seis municipios y sus poblaciones cercanas en la cuenca alta y media. Estas afectaciones son un serio riesgo para la salud ambiental y humana de la región, al grado de que las autoridades han alertado a la población de los riesgos de usar el agua proveniente del río y sus afluentes. Se prohíbe el uso tanto para el consumo humano como para las actividades productivas.
Hasta el momento las autoridades han mostrado una complicidad con Grupo México, dueño de la planta minera que ha causado la contaminación de la Cuenca. Situación que no es nueva pues los habitantes de la región conocen al menos otras cinco veces más en las que las presas de jales han tenido fugas, siendo esta la más grave por la cantidad de químicos vertidos en el agua. En todas ellas la empresa minera ha ocultado información y no ha hecho planes de remedición de los daños. Esta vez la multa que se le ha hecho a la multa no es la adecuada no cubre los daños causados por la fuga del químico.
Sabemos que el derrame del ácido sulfúrico es la punta del iceberg de la liberación de muchos otros químicos, entre ellos metales pesados como el hierro, cobre, cadmio, plomo, arsénico, todos ellos altamente dañinos para la salud ambiental y humana, que además son bioacumulables y biomagnificables, lo cual trae problemas a mediano y largo plazo.
Desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, así como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, nos solidarizamos con las comunidades afectadas por este derrame, que deja clara la falta de responsabilidad de las empresas extractivas y la complicidad de las autoridades estatales y federales para con las poblaciones humanas y los ecosistemas.
Hacemos un llamado para que este desastre ecológico, el mayor ocurrido en el Estado de Sonora, no quede como una simple multa económica a la empresa responsable, misma que no alcanza para remediar el daño causado.
Exigimos que las autoridades responsables, la empresa culpable cumpla con ciertas demandas básicas para poder restaurar el daño causado en los ecosistemas de la Cuenca, la salud de las comunidades humanas y la economía de la región:
- Saneamiento de la Cuenca para que el agua pueda volver a utilizarse en todas las actividad tanto humanas como ecosistemicas
- Remediación y reparación de los daños ambientales, de salud y socio-económicos ocasionados por esta fuga de contaminantes.
- Monitoreo mensual hecho por Centros de Investigación serios, basados en la mejor ciencia por el menos cinco años para la detección de metales pesados y otros contaminantes
- Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo
- Total transparencia y acceso público a las acciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades y de la empresa.
- El cierre inmediato de la planta minera Buenavista por falta de responsabilidad.
Una vez más queda demostrado que el modelo extractivo, es un modelo basado en la falta de justicia socio-ambiental, socializando los costos y daños sociales y ambientales con las comunidades y los ecosistemas, donde solo les importan las ganancias económicas.
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
¡Ríos para la vida, no para la muerte!
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