Reunidos en Lima --ciudad de 10 millones de habitantes a lo largo de 250 km., con un tercio de su población viviendo en precariedad--, 193 mujeres y 168 hombres provenientes de organizaciones ciudadanas (105), del ejercicio profesional (79) y académico (87), así como autoridades y funcionarios (20), tanto de Lima (293), como de regiones (51), por 17 personas invitadas de América Latina, en el Encuentro Internacional de la Sociedad Civil y Gobiernos Locales hacia Hábitat III, los días 1 y 2 de octubre de 2015, decidimos formular una agenda ciudadana hacia Hábitat III a partir del ideal de “derechos a la vivienda, barrio y ciudad” como expresión de nuestras demandas, y como forma de entender la gestión de lo público desde el enfoque de los derechos humanos y las necesidades de los habitantes y sus realizaciones materiales y colectivas, aludiendo tanto a bienes de disfrute y alcance familiar, como al territorio en la escala material y simbólica que define nuestra experiencia humana, identidad y capacidad de transformación del entorno.

Vivienda, barrio y ciudad son también nuestros lugares de enunciación y realizaciones concretas en los que las capacidades ciudadanas debieran converger con la gestión pública. Esta convergencia, señalamos, parece más bien lejana. Hoy mismo nuestra experiencia pública de estos lugares la definen fuerzas que están arrinconando el principal valor de la experiencia urbana: la diversidad. Varias y poderosas son estas dinámicas de dominio que el interés privado ejerce sobre el espacio público y los bienes comunes; pueden definirse por (1) la extracción intensiva de valor por parte de privados, (2) la destrucción de valor generado histórica o colectivamente y (3) la expropiación de la experiencia ciudadana, crecientemente reemplazada por dinámicas de violencia, clientelismo y consumismo, que merman las posibilidades para generar bienestar e integración y contravienen el pleno ejercicio del derecho a la ciudad. En el mismo sentido opera la acción que los grandes modeladores del territorio --para-estatales, privados o transnacionales-- ejercen contra los gobiernos locales y la ciudadanía, los que, desprovistos de herramientas institucionales, apenas pueden ejercen la función de modelar el territorio en la escala mínima, y en acciones por lo general reactivas.

La Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, conocida como Hábitat III se realizará en Quito en octubre de 2016. En el proceso preparatorio, cada país debe elaborar su informe nacional. A la fecha, no se tiene conocimiento del estado del informe en el Perú, al que no han sido convocados los actores sociales ni autoridades locales; no obstante, para la sociedad civil organizada el proceso es útil para la articulación de medidas y propuestas que, dejadas de lado en Hábitat III, rescaten los compromisos suscritos por todos los países, por el Perú también, en la Agenda Hábitat II (Estambul, 1996) la cual enfatizaba, entre otros: (i) el derecho humano a una vivienda adecuada, con su naturaleza progresiva; (ii) el respeto a la Madre Tierra; (iii) la gobernanza participativa en todos los niveles; (iv) el concepto de ordenamiento territorial en el continuo campo-ciudad; (v) la creación de instrumentos innovadores para aprovechar los aumentos del valor de la tierra y recuperar las inversiones públicas; y (vi) el aumento de la asequibilidad de la vivienda a través de subsidios y otras formas innovadoras de asistencia técnica, incluyendo el apoyo a la vivienda de construcción propia.

Adicionalmente, desde 2013, el Perú tiene pendiente la ratificación del Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(PIDESC), del que es firmante. Esto es importante en la medida en que este Pacto precisa los estándares y normas del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada que se incluyeron en Hábitat II (1996). Para la formulación de las medidas ahora imprescindibles en los desafíos del hábitat sostenible, corresponde revisar el cumplimiento progresivo de los atributos de este derecho fundamental: (i) seguridad jurídica de la tenencia y supresión de los desalojos forzados; (ii) disponibilidad de servicios e infraestructura; (iii) habitabilidad; (iv) gastos soportables y asequibilidad de la vivienda, o accesibilidad económica; (v) accesibilidad a la vivienda por todos los sectores sociales; (vi) localización; y (vii) adecuación cultural.

Ahora mismo, no es posible el seguimiento y la evaluación de estos estándares. Y analizando el patrón de urbanización y las políticas de vivienda vigentes en el Perú, los desafíos son enormes. Considerando la localización de la vivienda como el reto principal, falta una política de suelo que garantice la tenencia segura, evitando toda forma de especulación sobre el valor del suelo y el tráfico de lotes, sea en el centro histórico, en los sectores residenciales o en las barriadas. Considerando la vivienda como servicio y no como mercancía, en su valor de uso y no sólo en su valor de cambio, las intervenciones del Estado en materia habitacional deben formularse como políticas públicas sostenibles, más allá de una suma de planes piloto, como ocurre actualmente.

Reafirmamos que el rol tutelar del Estado consiste en velar por la calidad de la urbanización y la construcción de cada vivienda en el campo y en la ciudad, y cada barrio o comunidad, también el hábitat producido por la gente. Fortalecimiento de capacidades ciudadanas, especialmente de las mujeres.

Ante la configuración de territorios divididos, el ordenamiento territorial debe considerar e implementar regulaciones orientadas a revertir la tendencia histórica del campo hacia la ciudad y la concentración del capital y la financiarización de la economía, evitar la superposición de concesiones extractivas y áreas naturales protegidas, contrarrestar la generación de enclaves, buscando el fortalecimiento y desarrollo de las ciudades intermedias, con una revisión de la institucionalidad para lograr mayor coordinación territorial entre los distintos elementos del hábitat, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el buen vivir de todas y todos. Un primer principio de sostenibilidad pasa por la soberanía alimentaria de las comunidades. El desarrollo de los territorios y de las ciudades, desde la perspectiva del buen vivir de las familias, exige medidas innovadoras en la producción, comercialización y certificación de los alimentos, incluyéndolas en futuras reformas de la educación y, en general, a las políticas de suelo.

Considerando el modelo de producción de las ciudades, especialmente en Lima, las prioridades deben enfocar incentivos y apoyos al mejoramiento de las viviendas construidas por las familias en las barriadas, con asistencia y supervisión técnicas y con “licencias” para asegurar la calidad del capital social invertido en cada casa, la seguridad humana y el bienestar colectivo; también para denunciar las irregularidades del negocio inmobiliario y la producción de riesgos y vulnerabilidades. Las políticas públicas urbanas deben incluir obligaciones de Estado en materia de información, transparencia y participación de todos los actores involucrados –y no tanto sólo el sector privado y los intereses de las élites. El desafío vivienda – barrio – ciudad debe enfrentarse recuperando los aportes y capacidades de sus habitantes, especialmente de las mujeres, las experiencias de participación ciudadana y la larga tradición de lucha de nuestros pueblos.

Lima, 2 de octubre de 2015