Por Luz Amparo Sánchez [1]
Los días 23 y 24 de noviembre del año en curso, se realizó en Medellín, Colombia, el foro Soluciones duraderas. Paz territorial y derecho a la ciudad, convocado por la Corporación Región (organización no gubernamental), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Cruz Roja Colombiana Regional Antioquia, La Unidad Municipal de Atención y Reparación a Victimas (Alcaldía de Medellín), El Instituto de Estudios Políticos y la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Antioquia), Fundación Social y Área Metropolitana Valle de Aburrá [2].
El foro contó con la voz de las organizaciones e instituciones convocantes, además de invitados especiales, académicos, redes sociales, mujeres y hombres líderes comunitarios en sus territorios, víctimas constructoras de ciudad y organizaciones que en los diez municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá trabajan por el derecho a la ciudad y al territorio. En total, participaron 203 personas.
Lorena Zárate [3], en representación de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), contribuyó a la reflexión sobre acciones locales y desafíos globales del destino de las ciudades, y particularmente trajo a los participantes elementos ilustrativos respecto de la noción del derecho a la ciudad entendido como el uso y disfrute de las ciudades, bajo los principios de justicia social y espacial, equidad, democracia y sustentabilidad. Igualmente acompañó el espacio plenario concebido en el foro, para intercambiar con comunidades, funcionarios, comité académico organizador del evento, acerca de los principales debates en Hábitat III, voces alternativas y apreciaciones sobre las reflexiones a escala metropolitana planteadas por el evento en cuestión.
¿Por qué la paz territorial y el derecho a la ciudad?
El espíritu del evento responde a la urgente necesidad de involucrarse como sociedad en la construcción de la paz duradera desde las comunidades y los territorios locales, a partir del proceso de negociación y los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), firmados en su versión final el 24 de noviembre de este año, cesando así 50 años de conflicto armado con esta guerrilla, la más antigua del país, y abriendo paso a la negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La salida negociada y la dejación de armas, es ya un gran triunfo para la sociedad si se tiene en cuenta la magnitud de los daños y pérdidas producidas en la vida de los y las colombianas, por la profundidad del sufrimiento padecido y la afectación de los territorios, la economía y el tejido social, los cuales han dejado una huella profunda en los campos y ciudades del país.
La magnitud del conflicto armado muestra que a partir de 1985, aproximadamente 8 millones de personas han vivido uno o varios hechos victimizantes, considerando que hay 12 crímenes prevalentes en las denuncias puestas por las víctimas: desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes. De estas, más de 6 millones son víctimas de desplazamiento, es decir, personas que tuvieron que huir de su lugar de residencia en el campo o en la ciudad, sufriendo pérdidas y daños, configurándose en muchos casos el desarraigo, dado que quienes se desplazaron de manera forzada, difícilmente encontraban un lugar de acogida seguro y duradero en otro barrio, ciudad o departamento del país.
Víctimas de desplazamiento forzado y derecho a la ciudad
El desplazamiento forzado generalmente ha estado asociado a otras formas de victimización, sobre todo a amenazas y despojo, así como al re desplazamiento forzado, lo cual significa la imposibilidad de morar en el lugar al cual las personas creían pertenecer, ante la incapacidad del Estado para protegerles, pues la huida era una forma de salvar la vida o resistirse a participar de la guerra. El campo fue el principal escenario del conflicto armado, mientras que las ciudades eran lugares de recepción, pero luego, a inicios del 2000, se volvieron lugares de expulsión, al convertirse en objeto de disputa de los grupos armados por el territorio, los bienes y el control de la población en las áreas más periféricas, justo donde se habían localizado en condiciones precarias, las personas en situación de desplazamiento.
Hacia mediados de los años 90, se habían configurado 52 asentamientos en la ciudad de Medellín en los que los recién llegados con sus manos empezaron a construir ciudad, pero nuevamente muchos fueron re desplazados hacia otros municipios del área metropolitana, donde tuvieron que volver a empezar sus proyectos de vida; lo cual, en términos del derecho a la ciudad, significa que no se garantizaba el derecho de todos a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad.
Retos de la paz territorial y el derecho a la ciudad
La construcción de la paz territorial constituye un reto de la fase de implementación de los acuerdos de paz, si bien los principales escenarios de intervención serán las zonas rurales más golpeadas por el conflicto armado, las ciudades tendrán que ser subsidiarias de dicha intervención, por su doble condición de receptoras y expulsoras de población, pero también es claro que en ellas están presentes otras formas de violencia y conflictos territoriales asociados al modelo de ciudad, lo que igualmente restringe el goce y disfrute de la ciudad para todos y todas. Es por ello que tiene sentido, en un horizonte de paz, trabajar por el derecho a la ciudad y al territorio. Así lo planteó Joan Sebastian Díaz, coordinador de la Unidad de Protección de la ACNUR, Medellín:
“Entender que al Valle del Aburrá y sus 10 municipios han llegado al menos 557.102 víctimas registradas por el RUV (Registro Único de Victimas de la UARIV – 1 de agosto), plantea el enorme desafío del Estado –en su conjunto– de promover el restablecimiento de derechos de estas víctimas en función del marco normativo existente (…) este no es un elemento nuevo [4] (…) lo que sí es nuevo, es la oportunidad que plantea un escenario de construcción de paz, en el cual, sin la presión de la confrontación armada entre las FARC y el Estado, pueda permitirse un avance significativo en soluciones para las víctimas del desplazamiento forzado. Superar el desplazamiento forzado, habilitar condiciones dignas para la vida en la ciudad son, sin lugar a dudas, respuestas que promueven los derechos humanos y permiten la construcción de la paz territorial”.
En primer lugar, como imperativo ético, político y jurídico, se trata del reconocimiento de la existencia en los territorios, de personas que son víctimas y que debe posibilitarse el goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición; una reparación transformadora que posibilite superar la exclusión y la discriminación histórica que viven muchos sectores y grupos poblacionales.
Esto quiere decir que la paz territorial es favorable a las víctimas directas del conflicto armado, así como a amplios sectores de la población que requieren de su derecho a la ciudad, de un lugar en el que puedan construir sus historias de vida a largo plazo, que les permita el fortalecimiento del sentido de pertenencia, la participación e incidencia política en la toma de decisiones en la gestión del desarrollo local, de ahí el llamado en el evento realizado, a “acordar una agenda social impostergable”:
“Como sociedad civil, hacer una apuesta concreta por el logro de la equidad y la justicia. (…) hacer seguimiento y evaluación pública de asuntos como el acceso al agua potable, a la nutrición, acceso a la salud y a la justicia cercana (…) Hacer un pacto ciudadano para forzar el muro que impide la vida digna y el acceso a los derechos básicos, por igual para todos. (...) Tenemos actores sociales llenos de información y formación que desde los barrios, pueden aportar sus mapas de necesidades y potencialidades. El ejercicio de planeación zonal, no puede ser más un ejercicio aislado, desarticulado de todo el movimiento social y político de la ciudad”, planteó Lucía González, ex directora del Museo Casa de la Memoria en Medellín y ex asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la paz en Colombia.
La paz territorial es una oportunidad para comprender y trabajar desde muchos sectores orientados por los fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad, es decir, por los derechos humanos en el territorio, la función social de la tierra y la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y el territorio, el disfrute democrático de la ciudad en el área urbana y rural.
Por su parte, la alianza interinstitucional impulsora del evento –como resultado de los múltiples diálogos en éste– alcanza una visión más amplia, a escala metropolitana, que será necesario profundizar pero que desde ya advierte sobre cambios y problemáticas a tener en cuenta. Por ejemplo, se constata que el concepto de ciudad, ha migrado gradualmente desde la célula municipal tradicional hacia territorios integrados con alta demanda de articulación e integración Regional.
Como parte de la problemática metropolitana, se encuentran el bajo nivel de articulación y concertación para el desarrollo sostenible y sustentable; la equidad humana y territorial; la convivencia y la paz. En el territorio del Valle de Aburrá, además, se presenta pérdida de biodiversidad y conectividad ecológica, déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público, deterioro del paisaje, dificultades en la movilidad. Planteado así desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como entidad administrativa, pone en evidencia la convergencia con los propósitos del derecho a la ciudad y al territorio, en los que es necesario un manejo sustentable y responsable de los bienes comunes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno.
El evento realizado el 23 y 24 de noviembre en Medellín, es una apertura a nuevos compromisos para avanzar conjuntamente en la búsqueda de soluciones duraderas para las víctimas, la paz territorial y el derecho a la ciudad y al territorio, como parte del mismo sueño, de transformar décadas de sufrimiento e injusticia, haciendo propio el nuevo contexto de post acuerdo en Colombia, de apertura a los debates globales sobre modelos de ciudad, los desafíos locales en el ámbito metropolitano del Valle de Aburrá por territorios incluyentes y en paz.
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Notas:
[1] Antropóloga y coordinadora del programa Derecho a la ciudad y al territorio, de Corporación Región, organización no gubernamental localizada en Medellín.
[2] Entidad administrativa de derecho público que asocia a los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá (Medellín ciudad núcleo, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas).
[3] Presidenta de Hábitat International Coalition, HIC. Más información y contacto: www.hic-net.org y www.hic-al.org
[4] Entender la magnitud de los daños a las víctimas por desplazamiento marca un enorme desafío del Estado –en su conjunto– de promover el restablecimiento de derechos de las víctimas en función del marco normativo existente. Este no es un elemento nuevo, la sentencia T – 025/2004 y la persistencia del estado de cosas inconstitucional – advierte la necesidad de avanzar en este propósito.
