La Ley de Acceso Justo al Hábitat, junta todas las experiencias de cientos y cientos de reuniones de los grupos y organizaciones que trabajan en los problemas del hábitat, al borde de una cancha de fútbol, en los salones comunitarios, en los despachos de los funcionarios municipales o provinciales, con los calores de enero o el frio y las lluvias de los inviernos en nuestros barrios, con los largos viajes al municipio o a La Plata.

Arranca con el decreto ley 8912 del año 77. Este decreto de la última dictadura militar regula el uso del suelo en la Provincia de Buenos Aires. Esto es: pone nuevas reglas para todo lo que tiene que ver con la tierra: medidas de los terrenos, requisitos para los loteos, etc. El decreto ley 8912 empieza a exigir a los loteadores obras de infraestructura que antes no eran obligatorias: red eléctrica, desagües pluviales y según la cantidad de población prevista para el loteo, también redes de agua potable y desagües cloacales.

Hasta ese momento las familias trabajadoras que alquilaban en la ciudad o que vivían en una villa de emergencia, podían comprar un lote en el conurbano y se iban edificando la casa de a po co los fines de semana. A partir de los requisitos que pide el decreto ley 8912 para los loteos, las inversiones inmobiliarias se orientaron a los barrios cerrados, a los cementerios privados y a otros emprendimientos más rentables que los loteos populares. A sí las familias ya no contaron con esta posibilidad para acceder a la tierra propia. Estas nuevas condiciones del mercado inmobiliario, a las que se suma la erradicación de villas de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la dictadura militar para fines de los años 70 y principios de los 80, entre otros factores, dan origen a los asentamientos. Estos barrios son ocupaciones planificadas de tierras, en las que sus pobladores se organizan desde el inicio para lograr comprar la tierra y mejorar el barrio.

A nadie le gusta tener que tomar tierra. A nadie le gusta llegar a un lote con los hijos pequeños a vivir en una casita de cartón, plástico y chapa. A nadie le gusta la humedad ni el frío. Tampoco la incertidumbre y las amenazas de desalojo. El asentamiento es una estrategia de lucha del sector popular y trabajador para defender el derecho a la tierra. Un derecho largamente vulnerado en la historia de nuestro país. Una injusticia reiterada en la que pocos acumularon mucha tierra. Y los más pobres no tenían lugar donde vivir con dignidad.

Esta historia sigue poco después del regreso a la democracia con las luchas de los barrios de asentamientos y de sus organizaciones para regularizar la tenencia de la tierra. Los consejos de asentamientos, los consejos municipales de tierra, los movimientos sociales, las organizaciones de base y de apoyo técnico, legisladores como los compañeros Juanjo Cantiello, Rubén Rosso, Juan Milano, los municipios comprometidos con la temática, son todos protagonistas de esta historia.

Se sancionan las primeras ordenanzas de venta de tierras fiscales a los pobladores y las primeras leyes de expropiación para asentamientos sobre tierras privadas. Los estados municipales incorporan dependencias específicas para la atención de la nueva problemática: las direcciones o secretarías de “tierra y vivienda” comienzan a reemplazar a las oficinas de “vivienda”. El acceso a la tierra urbana empieza a plantearse como un problema en el que el Estado debe intervenir.

Los años noventa no traen mejoras. Al contrario, la situación empeora. La política neoliberal deja sin fuentes de trabajo y excluye a millones de argentinos y argentinas. Es el tiempo del auge de las autopistas y los barrios cerrados. Éstos se construyen en las afueras de la ciudad y así el precio de la tierra en esas zonas no deja de subir. Las familias trabajadoras ya no encuentran lugar donde vivir. Quedan definitivamente afuera del mercado inmobiliario. La pobreza crece. Comienzan los cortes de ruta y los piquetes, como una manera de hacer visible lo que ningún medio de comunicación quería mostrar: las consecuencias del neoliberalismo. En las barriadas se organizan las ollas populares, los comedores, los merenderos, el trueque. La crisis del 2001 es un cimbronazo para el país. La clase media parece despertar y unirse a las luchas populares. Por un tiempo al menos.

A partir de allí, lentamente, Argentina comienza a resurgir. En los años que siguieron se revirtieron muchos de los efectos del neoliberalismo. El período 2003 – 2015 fue una etapa de recuperación de derechos sociales. Aunque aún quedaba mucho por hacer contábamos con políticas de inclusión en familia, educación, salud, trabajo. En lo que hace a vivienda se pusieron en marcha programas de vivienda nueva y programas de mejoramiento de viviendas. Sin embargo el problema del acceso a la tierra propia continuaba. El precio del suelo se encarecía, y las tomas seguían produciéndose. En ese marco se sanciona la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires. 

¿Cómo nace la ley de acceso justo al Hábitat?

Como texto, la ley tiene una historia un poco más corta. Allá por el año 2005 el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires (FOTIVBA) redacta un documento que se llamó “propuestas legislativas”. Estas propuestas surgían de las luchas de más de treinta años de las organizaciones. Se comienza a pensar en un proyecto de ley que las incluya a todas. Así en el año 2010 comienza a circular un primer borrador de la ley que se difunde y debate en diversos encuentros en muchos lugares de toda la provincia: Ramallo, San Nicolás, Bahía Blanca, Junín, Quilmes, Florencio Varela, La Matanza, Carmen de Patagones, Tandil, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Tigre, Banfield, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Avellaneda, Morón, Moreno, Hurlingham, Ituzaingó y más. Más de cien encuentros en ámbitos académicos, en agrupaciones políticas, en los barrios con organizaciones, compartiendo con funcionarios. De cada encuentro surgían propuestas enriquecedoras. Y aquel primer borrador tuvo como diecisiete versiones...

¿Quién es el autor? Sin duda no hay un autor, porque hay muchos autores. La ley es de todas y todos los que luchan por la tierra. Pero sí hubo alguien que se sentó a darle forma técnica a la propuesta. Y acá el FOTIVBA quiere reconocer al compañero Eduardo Reese. Este proyecto de ley se llamaba entonces de “Promoción del Hábitat Popular” A ese primer borrador muchas y muchos compañeros le realizaron aportes hasta su presentación en el Congreso de la provincia de Buenos Aires. En la cámara de diputados lo hacen la legisladora Alicia Sánchez, y los legisladores Marcelo Saín y Alberto España, a mediados del año 2012.

No sin algunas marchas y contramarchas, la ley finalmente se sanciona en noviembre del año 2012 bajo el número 14449 y con el nombre de “Acceso Justo al Hábitat”. Tardó un poco pero se promulga en octubre del 2013 y se reglamenta en diciembre del mismo año.

Ya es un derecho para toda-o habitante de la provincia de Buenos Aires que se va poniendo en marcha. A partir del año 2014 comienza a funcionar el programa de Microcréditos y en febrero del año 2015 comienza a funcionar el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat creado por la ley y del que participan diversos actores.

Desde ese momento organizaciones y municipios realizan mejoramientos de viviendas y diversas obras de equipamiento e infraestructura con los fondos que la ley establece deben recaudarse para hábitat social. El Consejo se organiza en cuatro comisiones de trabajo y mantiene mensualmente reuniones de comisiones y de consejeros con presencia del Poder Ejecutivo Provincial que es parte del Consejo y lo preside.

Una ley que es caja de herramientas y bandera de las luchas populares

La Ley de Acceso Justo al Hábitat reúne un conjunto de programas, operatorias y medidas que las organizaciones fueron creando para solucionar los problemas de tierra y vivienda y que fueron poniendo en práctica a lo largo de los últimos 30 años. Así la ley aporta elementos para institucionalizar los planes de lotes con servicios, la regularización integral de asentamientos y los microcréditos para mejorar la vivienda.

También la ley incorpora sanciones para los grandes terrenos que están por mucho tiempo sin uso, la posibilidad de que el Estado articule con particulares para hacer nuevas urbanizaciones y pueda recaudar parte de la ganancia que se genera por las valorizaciones de la tierra por obras hechas por el Estado o la comunidad. Estas medidas también parten de la experiencia de algunos municipios que tienen una activa política en materia de hábitat.

Todas estas operatorias y medidas conforman como una caja de herramientas para poder aplicar en cada zona, según las problemáticas del lugar.

En esta ley se entiende que el problema del acceso a un lugar donde vivir no es responsabilidad de quienes tienen menos recursos económicos. El problema está relacionado con el funcionamiento del mercado de suelo, la escasez de suelo urbanizado, el precio del mismo, la especulación. Por eso esta ley propone la generación de instrumentos y herramientas (legislación, programas, etc) que permitan una gestión inteligente y justa del territorio con el protagonismo de los gobiernos locales y de las organizaciones territoriales.

La ley también es como una bandera de lucha, porque su espíritu va más allá de las medidas y programas. Con todos ellos la ley busca una más justa distribución de la tierra y de los beneficios de la ciudad y combatir la especulación. Levanta las banderas del derecho a la ciudad, la función social de la propiedad y la participación de las personas y organizaciones. Propone un cambio de sentidos, un cambio cultural: pasar de pensarnos como individuos a pensarnos como comunidad, pasar de la protesta y el reclamo a ser parte de la propuesta y la toma de decisiones.

Por todo esto es que la ley tiene que aplicarse plenamente. Porque la justicia distributiva y la participación protagónica se construyen todos los días.

Leyes de la democracia, leyes del pueblo

Muchas veces se dice que las leyes regulan la vida del hombre y la mujer en comunidad, que las leyes mejoran la calidad de vida de la gente. Cuando diversos sectores impulsan una ley, muchas veces ponen en la ley lo que les parece que es mejor para su situación. Las organizaciones barriales, técnicas, académicas, sindicales, etc., que luchan por la tierra y la vivienda. intentamos con la Ley de Acceso Justo al Hábitat, defender nuestros intereses que fueron largamente postergados y que hoy tienen una posibilidad.

Lo cierto es que las leyes afectan nuestra vida y por eso necesitamos hacer oír nuestra voz. Nuestros intereses buscan tener una sociedad más justa, que nuestras necesidades y propuestas sean escuchadas y participar en el armado de nuestra sociedad. Ya pasó el tiempo en que cuatro técnicos se encerraban en una habitación y decidían por todos. Hoy la democracia nos permite y nos obliga a participar.

La ley de Acceso Justo al Hábitat brinda mejores herramientas para que el Estado, las organizaciones sociales y los sectores privados puedan mejorar los barrios, trabajando conjuntamente y propiciando la participación de la población.

A través de esta ley y su recorrido por los barrios se ve claramente la ventaja de vivir en democracia y que todas las voces se escuchen. Esta nueva ley toma postura visiblemente a favor de un país inclusivo, con un Estado presente y con capacidad para regular el libre mercado inmobiliario. Pero con la ley sola no alcanza. Por eso es importante conocerla, difundirla y realizar propuestas para que se ponga en práctica en su totalidad. Depende de todas y todos nosotras-os.

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Este texto conforma la introducción del manual de la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat, de la provincia de Buenos Aires, elaborado por la asociación civil Madre Tierra. Se trata de un aporte para conocer un poco más dicha legislación: qué dice, quién la implementa, dónde se debe gestionar y reclamar, y cómo organizarse para llevarla adelante; con el objetivo de que se aplique en toda la provincia y en forma completa.

El documento se divide en seis capítulos donde se desglosan y explican los puntos establecidos en dicha legislación:

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