De la plataforma mexicana por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio

3 de octubre de 2016

 

El primer lunes de octubre de cada año venimos a dar testimonio de la lucha que mantenemos millones de personas en el mundo para lograr el acceso a una vivienda y a un lugar donde poder vivir dignamente y en paz con nuestras familias y comunidades.

Desde hace décadas, las personas sin techo, las personas sin hogar, y las y los defensores del derecho a una vivienda y a un hábitat dignos y adecuados, hemos adoptado esta fecha de lucha simbólica para recordarle al mundo que aún son millones de seres humanos que carecen de estos bienes en la mayoría de los países.

El Día Mundial del Hábitat y en torno a esa fecha, los gobiernos de los países, los organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, realizan interminables campañas y declaraciones acerca de los supuestos esfuerzos para que a nadie le falte la vivienda. La realidad es que gastan más recursos en dichas campañas, en las cumbres mundiales, en los viajes de los gobernantes con su séquito de funcionarios y familiares, que en abatir verdaderamente la escasez de vivienda en el mundo.

Decenas de millones de personas en el planeta no cuentan con hogar, con techo seguro, ni siquiera un mínimo sitio para vivir; situación que se agrava con la migración forzada de miles de personas hoy en día, a causa de las guerras y la pobreza provocadas por el modelo de desarrollo vigente y el impulso de sobrevivencia humano. La pobreza, la exclusión, la migración forzada y la angustia siguen siendo el rasgo característico de la mayoría de los países. La extinción y el genocidio, la violación a los derechos humanos amenazan con ser el sello del siglo veintiuno.

Estamos en un mundo donde a los grandes consorcios del capital mundial y a las élites enriquecidas de nuestros países, lo único que les importa es la máxima ganancia, seguir enriqueciéndose a costa de depredar a la naturaleza, agotar sus riquezas y aprovecharse de todos los recursos naturales, sin importarles la vida de la gente ni el destino de las futuras generaciones.

Los gobiernos en turno de la mayoría de los países han declarado estar comprometidos con implementar políticas que acaben con la falta de vivienda para todos, sobre todo para las personas de menos recursos o en situación de extrema pobreza. La realidad es que cada vez crece más el número de personas sin techo, cada año vemos como se agrava dramáticamente la cantidad de familias que no cuentan con una vivienda y menos aún con un hábitat digno. Y es que los gobiernos prefieren enriquecer a los capitales inmobiliarios y de la construcción que no producen vivienda para los más necesitados, pero si les deja jugosas ganancias

Lejos de procurar un mundo donde quepamos todas y todos, los gobiernos de los países pactan con los grandes capitales para la construcción de un planeta con mayores índices de exclusión humana. Es más, estos gobiernos tan solo son un instrumento de los grandes capitalistas que se están apoderando de todos los recursos del planeta, el agua, los energéticos, los bosques y selvas, los minerales y, sobre todo, el suelo urbano y rural, y los bienes patrimoniales de las comunidades en nuestras ciudades y nuestro campo.

Nuestro país no es la excepción. En México aún existen millones de personas sin acceso a la vivienda y las políticas oficiales lejos de estar encaminadas a la Producción Social de la Vivienda y el acceso de todas y todos a un techo digno, están encaminadas a traspasar recursos públicos a un considerable número de empresas inmobiliarias que son las beneficiarias del gobierno en turno.

En la Ciudad de México, la prioridad del actual gobierno ha sido la revalorización del suelo urbano, aumentar el precio del predial y de los impuestos, la entrega de las tierras más preciadas a los grandes consorcios del capital inmobiliario y, bajo el discurso de la modernización de la ciudad, la expulsión de numerosas familias que viéndose amenazadas, han tenido que abandonar sus viviendas, dejándolas en manos de los grandes especuladores.

A mediados de octubre tendrá lugar la tercera cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre el Hábitat. Al igual que cada 20 años, los gobiernos de los países se reúnen para ponerse de acuerdo en las principales políticas urbanas a realizar durante las siguientes décadas. En esta ocasión, la Cumbre Hábitat III, ha incorporado entre sus principales declaraciones el Derecho a la Ciudad.

Sin embargo, el Derecho a la Ciudad ha quedado en una mera declaración de intenciones. A lo largo del documento de Naciones Unidas, se preferencia la construcción de un mundo urbano que excluye a la población del campo. Las áreas rurales y naturales sólo son vistas como espacios a ser mercantilizados con megaproyectos depredadores y se prioriza la construcción de un mundo de hierro, cemento y aparatos tecnológicos como la visión más avanzada de la humanidad.

Se pretende vaciar de contenido la verdadera esencia del Derecho a la Ciudad que significa garantizar un hábitat digno y vivienda adecuada para todas y todos, la función social del suelo y de las ciudades, la armonía entre el campo y la ciudad, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos y la garantía a la población de ser consultada y poder decidir el futuro de nuestras ciudades, asentamientos urbanos y rurales, decidir el futuro de nuestro hábitat, de nuestro planeta.

El Derecho a la Ciudad es el resultado de décadas de creación colectiva desde abajo hacia arriba, y significa el derecho de las y los habitantes, presentes y futuros, temporales y permanentes, a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar en paz de ciudades, pueblos y asentamientos, justos, inclusivos y sostenibles, entendidos como un bien común esencial para una vida plena y digna.

El Derecho a la Ciudad converge con las nociones tradicionales de los derechos humanos, entendido como una dimensión territorial e integral de los Derechos Humanos, y exige a las autoridades el reconocimiento de que las desigualdades espaciales en nuestras ciudades dificultan su cumplimiento, el de los objetivos del desarrollo sostenible y el de los compromisos de la Agenda Hábitat. Por lo tanto, su inclusión en la Nueva Agenda Hábitat, servirá a las y los ciudadanos de todo el mundo para luchar por mejores asentamientos humanos para todas y todos. Esto es particularmente importante para los grupos de población marginados y en situaciones vulnerables, en particular las personas con discapacidad, las personas mayores, los refugiados, los desplazados internos, los migrantes, las minorías, los pueblos indígenas, los niños y niñas y las personas sin hogar.

Por otra parte, el Derecho a la Ciudad promueve una ciudad y asentamientos humanos con igualdad de género, que adoptan todas las medidas necesarias para combatir la discriminación en todas sus formas contra las mujeres, los hombres y las personas LGBTTTI, en términos políticos, sociales, económicos y culturales; para dar poder a todas las mujeres y niñas y asegurar su pleno desarrollo, para garantizarles igualdad en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos humanos fundamentales, y una vida libre de violencia en espacios privados y públicos.

El Derecho a la Ciudad, involucra economías inclusivas y no excluyentes, políticas basadas en los derechos humanos, reconocimiento a diversas formas de propiedad y posesión, producción social de vivienda, bienes y espacios públicos de calidad, y sustentabilidad ambiental, así como el aumento de la participación política, con una ciudadanía incluyente, libre de discriminación, con igualdad de género, diversidad cultural.

El Derecho a la Ciudad abarca no sólo las zonas urbanas, sino todos los asentamientos humanos, desde las grandes áreas metropolitanas hasta las ciudades, pueblos, aldeas y asentamientos rurales.

A pesar de los compromisos alcanzados en Hábitat II en Estambul, 1996,la situación de nuestras ciudades y asentamientos humanos ha empeorado drásticamente durante las últimas dos décadas, debido a las políticas engañosas que han promovido la competitividad y la especulación de las ciudades en lugar de la promoción de su función social. Ahora, en Hábitat III, se reunirán de nuevo todos gobiernos nacionales para discutir una agenda global para el desarrollo urbano y los asentamientos humanos de los próximos 20 años.

También nos reuniremos movimientos sociales y actores de la sociedad civil en el Foro Social Frente a Hábitat III a desarrollarse en la Universidad Central de Ecuador como evento paralelo al foro oficial. Este foro viene siendo impulsado por las organizaciones de la sociedad civil del Ecuador, con el respaldo y participación de organizaciones internacionales de movimientos sociales como la Alianza Internacional de Habitantes y de la sociedad civil como la Coalición Internacional de Hábitat.

Desde esta iniciativa instamos a los líderes mundiales a comprometerse con esta definición sólida del Derecho a la Ciudad, como pilar de la visión y hoja de ruta para la implementación de acciones dirigidas a lograr ciudades, poblados y asentamientos humanos incluyentes, equitativos, pacíficos y sustentables, como un nuevo paradigma en la Nueva Agenda a aprobarse en Hábitat III, en la que se incorporen acciones y mecanismos de seguimiento, incluyendo debates de alto nivel de las múltiples partes interesadas en el sistema de la ONU, incorporando efectivamente a las autoridades locales y a las redes de movimientos sociales y de sociedad civil. Los líderes mundiales deben comprometerse ahora a hacer que nuestras ciudades, pueblos y asentamientos sean más inclusivos, equitativos, democráticos, seguros y sostenibles para todos.

Como Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y la Defensa del Terriorio, sumamos nuestra voz para hacer realidad el Derecho a la Ciudad. Sumamos nuestras fuerzas con el Movimiento Urbano Popular, que junto con otras fuerzas populares, académicos y la sociedad civil global estarán presentes en Quito Ecuador, en todos los espacios organizados por los sectores populares y del Foro Social Alternativo al Hábitat III, en la defensa de ciudades, villas, poblados, asentamientos justos, incluyentes, sustentables y seguros, con derechos plenos y democracia participativa.

Aquí venimos a decirles que cada vez somos más los sectores sociales y populares organizados que no estamos de acuerdo con su visión del mundo, que cada vez somos más los que no estamos de acuerdo en que las políticas de gobierno y los recursos públicos sean para beneficiar a unos cuantos. En México somos cada vez más numerosos los sectores de la población que decimos ¡Basta!

Hoy más que nunca se hace necesario convocar a todas y todos los mexicanos a revertir el modelo de desarrollo urbano, agrario y territorial, que pretende elitizar las ciudades, profundizando la segregación social y “urbanizar” y vaciar el campo, expoliando sus pueblos y culturas y depredando sus riquezas naturales.

¡Basta a la depredación, al saqueo de nuestros bienes comunes, recursos naturales, culturas ancestrales y a la expulsión de las familias de sus territorios y de nuestras ciudades y asentamientos!

¡Basta al despojo de los bienes de los pueblos y el patrimonio de la Nación!

Continuamos en la lucha hasta alcanzar vivienda digna para todas y todos. Seguiremos luchando hasta conseguir un hábitat incluyente, equitativo, sustentable y seguro para todos los seres humanos y todos los seres vivientes.

¡Por ciudades, poblados y asentamientos más inclusivos, equitativos, democráticos, seguros y sostenibles para todas y todos!

¡Por un hábitat digno y un mundo donde quepan todos los mundos!

Sumamos también a las voces de nuestros hermanos campesinos e indígenas nuestras demandas comunes:

• Alto a los megaproyectos de muerte en los territorios rurales y urbanos. No al fracking ni a la minería tóxica. No a la privatización del agua.

• Rechazamos el recorte presupuestal a la producción social de la vivienda y el hábitat, al campo que garantiza nuestra alimentación, a la educación, a la salud, a la cultura. Mejor recortar el NAICM, el palacio del INE, a gastos de comunicación social y a los privilegios de los altos funcionarios de los tres poderes.

• Exigimos al Senado no ratificar el Tratado de Asociación Transpacífico; sería una traición a los campesinos, a los derechos humanos y a México.¡Sin maíz, no hay país!, pero también ¡Sin país, no hay maíz!

• Hacemos un llamado a impulsar la confluencia de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indígenas contra el neoliberalismo, el extractivismo y el poder antidemocrático de las corporaciones, el sector financiero e inmobiliario mercantilista y contra las políticas privatizadoras de los bienes comunes y públicos.

 

¡Sin campo no hay ciudad!

 

Alzamos junto con muchos, la voz en contra del modelo capitalista neoliberal, extractivista y privatizados de bienes comunes y públicos, contra los megaproyectos de muerte en el campo y en las ciudades, el intento de patentar la vida, las semillas, las culturas y el modo de producción social de nuestras comunidades, la persecución de defensoras y defensores de derechos humanos, activistas y líderes comunitarios, el despojo y abandono al campo, el menosprecio por la vida campesina; así como la represión, desaparición forzada y asesinato de activistas sociales.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Derechos Humanos y Derecho a la Ciudad para todas y todos!

¡La tierra y la Patria no se venden, se aman y se defienden!

¡Vivan las luchas del Pueblo en el campo y en las ciudades!