El presidente Felipe Calderón envió al Senado a dos días de dejar el gobierno una reforma para la privatización de la propiedad ejidal. Se subraya en la propuesta del Ejecutivo que esta modificación busca otorgar a los ejidatarios el derecho de propiedad sobre sus parcelas, porque actualmente, precisa, sólo tienen derecho de su uso y disfrute, ya que la propiedad es colectiva.

La reforma propone eliminar el orden de prelación de herederos que establece la ley para el caso de que el ejidatario muera sin testamento, y dispone que dicho orden se ajuste a la ley civil.

El Ejecutivo destaca que cuando se otorga un crédito la garantía se dé sobre la propiedad de las tierras y no sobre su usufructo, como actualmente ocurre. Establece el plazo de un año a las asambleas ejidales para reunirse y otorgarlas en propiedad, y busca que los ejidatarios tengan dominio pleno de sus parcelas, es decir, que esas tierras que les han sido otorgadas se formalicen a través de títulos de propiedad.

La iniciativa, resalta el Ejecutivo, busca transitar con serenidad a la titularidad a favor del ejidatario sobre su parcela, redefinir la naturaleza del derecho del ejidatario sobre el uso y destino de su parcela; modificar el principio de la unicidad en la titularidad del derecho de propiedad sobre aquella; modificar los requisitos de la asamblea para adoptar colectivamente el régimen de propiedad privada o dominio pleno; modificar el derecho de tanto y de sucesión para la transmisión de los derechos parcelarios y limitar a casos de excepción la enajenación de terrenos nacionales con vocación agropecuaria fuera de subasta pública, y que dicha enajenación se realiza al valor justo de mercado.

Fuente: La Jornada