Después de un año de haberse aprobado la propuesta de Constitución que presentaron los asambleístas constituyentes en el 2007, y tras varias revisiones de los artículos polémicos, referidos a las autonomías y a la Capital del país, el pasado domingo 25 de enero de 2009 se aprobó la Nueva Constitución Política del Estado Boliviano con 61,43%.
La Constitución consagra y reconoce los derechos de los pueblos indígenas como muestra de prioridad política para incluir a las mayorías, que hasta entonces habían estado marginadas de todo programa de Gobierno.
Entre los nuevos derechos destaca el acceso a un hábitat y Vivienda Adecuada como prioridad del Estado en todas sus formas de Gobierno, abriendo así mayor oportunidad para el acceso a los grupos más vulnerables (los pobres, los marginados y los excluidos), a través de iniciativas y proyectos concretos impulsados desde lo local.
Para La Red Nacional de Asentamientos Humanos (RENASEH), el Derecho a una Vivienda Adecuada supone un mayor reto, al conquistado durante el proceso constituyente, en términos de avanzar en la construcción de políticas habitacionales y específicas, vinculadas al desarrollo urbano, para intervenir en el mercado de suelo, y ampliar el debate y reflexión del problema socio habitacional, y de la calidad de la vivienda social en términos de habitabilidad para la reformulación de herramientas jurídicas a partir de la gestión social de la ciudadanía.
Artículo 19.
I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria.
II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural.
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