Más de 70 personas participaron el pasado martes 17 de febrero en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM en la mesa: "Presa, agua, tierra y desplazamientos de comunidades", que se inscribe en las jornadas que están realizando en la Ciudad de México los/as habitantes de Temacapulín, Palmarejo y Acasico (Jalisco) con el nombre: ¿ Si te dicen que tú pueblo va a ser inundado, tu qué harías?.
Estas jornadas, convocadas por el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, el Espacio de Organizaciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por El Derecho Humano al Agua (COMDA), el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo COA, incluyeron una reunión con la Comisión Nacional del Agua y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, ruedas de prensas, reuniones con colectivos y organizaciones sociales y una marcha pacífica y tenían el objetivo de dar a conocer a nivel nacional la problemática que están sufriendo dichas comunidades por el proyecto de construcción de la presa el Zapotillo.
La mesa se convirtió en un rico espacio de debate entre pobladores/as, organizaciones sociales, académicos/as y estudiantes.
El encuentro comenzó con la participación del Dr. Gian Carlos Delgado, investigador del CEIICH y profesor de sociología. El Doctor Delgado enmarcó el problema del acceso y control del agua desde un punto de vista general como un problema estratégico y de seguridad nacional. "El acceso, uso y usufructo del agua es un problema de poder y de clase", comentó. Habló de todos los problemas que entrañan la construcción de represas, sus costes económicos, sociales y ambientales.
A continuación, la Profesora de Derecho de la UNAM , miembro del colectivo RADAR y del Espacio DESC, Mylai Burgos, habló de los distintos usos del Derecho en estos procesos. Por un lado como instrumento represivo a la hora de elaborarlo y aplicarlo por legisladores y autoridades públicas y por otro como "... una de las vías de lucha que se articule con las otras y refuerce el movimiento". Mylai caracterizó las megarepresas y otras obras de infraestructura como "proyectos de desarrollo economicista que el sistema capitalista utiliza para expropiar de los recursos naturales a las clases populares".
María Jesús García, Presidenta del Comité de Hijos Ausentes criticó duramente al Gobierno Federal y Estatal por las promesas incumplidas, los engaños y por quererlos realojar contra su voluntad. Habló del drama de la emigración en sus comunidades pero resaltó que los que se han tenido que ir tienen un fuerte apego a su tierra, regresan frecuentemente y han constituido varios comités para salvar los pueblos amenazados en varias ciudades de México y Estados Unidos. Terminó afirmando que las comunidades están firmes en la lucha y la resistencia aunque recientemente ha crecido el hostigamiento.
Alfonso Iñiguez, representante del Comité Salvemos Tenacapulín, Palmarejo y Acasico habló de los más de 1400 años de historia de sus comunidades y su resistencia a lo largo de los mismos. Ahora esa lucha es contra el gobierno neoliberal mexicano que se hace el sordo frente a sus reclamaciones: "Parece que nos hubieran prestado el pueblo y ahora los gobiernos nos lo quieren quitar".
Claudia Gómez del Colectivo COA, que se está encargando de la defensa jurídica de las comunidades, explicó algunos aspectos técnicos de la presa el Zapotillo, de las irregularidades que se han venido dando, como la negación sistemática de información a las comunidades, la falta de cambio de uso del suelo y la inexistencia del Manifiesto de Impacto Ambiental. El beneficio colectivo, argumento esgrimido por el Gobierno, se desploma al comprobarse que la presa está diseñada principalmente para abastecer de agua a una zona industrial de León y cuya concesión por 25 años (vida útil de la presa) será para el sector privado. También relató las acciones jurídicas emprendidas, entre ellas 7 recursos de amparo, 62 juicios de nulidad administrativa ya que la licitación se lanzó sin que existiera la Manifestación de Impacto Ambiental y sin consulta previa a las comunidades afectadas.
Mónica Montalvo del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC) que ha venido acompañando muy de cerca los/as pobladores, volvió a remarcar las violaciones de derechos que se están cometiendo en este proceso y de las consecuencias negativas del mismo. Concluyó que: "los pobladores no piden nada, solo que les dejen vivir en paz".
Tras las intervenciones de los/as ponentes se abrió un espació de debate y reflexión con los/as asistentes en el que reinaron las muestras de solidaridad y apoyo y que concluyó con una marcha pacifica a la sede de la CONAGUA.
Fuente: HIC-AL
