La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos se concretó el día 18 de mayo con la aprobación por el Congreso del estado de Tamaulipas que se convirtió en el Legislativo local número 16 en refrendarla, con lo que se cumple el requisito en los términos del artículo 135 constitucional.

La reforma en materia de derechos humanos, aprobada el día 8 de marzo de 2011 por el H. Congreso de la Unión, y refrendada por las entidades federativas es trascendental para la actualización de la Constitución en la materia y representa el paso más importante que México ha dado en muchas décadas, para que todas las personas cuenten con la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. 

Además, con la reforma constitucional en materia de juicio de amparo (aprobada por el Congreso de la Unión y refrendada por los congresos estatales) las posibilidades de defensa de los derechos humanos se amplían. La reforma al amparo mexicano permitirá que más personas accedan a la Justicia Federal cuando consideren que se han vulnerado sus derechos humanos constitucionales y los contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, además permite que la Suprema Corte se pronuncie, en ciertas circunstancias, por la inconstitucionalidad de leyes con efectos generales.

La Comisión Mexicana ha dado puntual seguimiento al proceso de aprobación de la reforma y destaca el papel crucial realizado por el Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, quien de manera activa impulsó su aprobación en el Senado y realizó una intensa campaña de difusión en los congresos estatales, así como el de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.