Según la Comisión Mundial de Represas, hasta el año 2000 se habían construido 50 mil grandes represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos del planeta1. Solo en América Latina existen en operación 973 represas hidroeléctricas de diferentes tamaños, y aproximadamente 1,600 más están en proceso de construcción o planeación, y se prevé que 254 de ellas serán construidas en la Cuenca Amazónica2. Uno de los argumentos principales para el actual auge de la construcción de grandes represas alrededor del mundo es que éstas brindan una solución de “energía limpia” a la crisis climática.

Sin embargo, evidencia científica demuestra que las grandes represas:

1. Producen gases de efecto invernadero, incluyendo metano, especialmente en regiones tropicales;
2. Son altamente vulnerables a sequías extremas e inundaciones, fenómenos cada vez más comunes en un clima cambiante;
3. Causan daños ambientales graves e irreparables, especialmente en ecosistemas de agua dulce y biodiversos, con consecuencias para servicios ambientales vitales a nivel local, regional y global como la regulación del sistema climático;
4. Conllevan frecuentemente violaciones de derechos humanos como la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado con poblaciones indígenas y otras comunidades tradicionales; la pérdida de territorios y medios de sustento (causando impactos negativos especialmente en mujeres, niños, ancianos y otras personas en situación de vulnerabilidad); y la explotación laboral de los trabajadores que las construyen;
5. Implican sobrecostos que en promedio duplican los presupuestos iniciales, causando grandes problemas económicos en países en desarrollo, incluyendo el desvío de recursos escasos que podrían invertirse en fuentes de energía realmente sostenibles;
6. Tardan mucho tiempo en ser operativas debido, entre otras cosas, a frecuentes atrasos en su construcción, lo que las hace ineficientes ante las crisis energéticas y climáticas urgentes que pretenden combatir;
7. Provocan significativas pérdidas sociales, ambientales y económicas que raramente son consideradas en los presupuestos oficiales de los proyectos, empobreciendo a comunidades locales y contradiciendo gravemente su principal y publicitado objetivo de aliviar la pobreza y la necesidad de energía.

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