Más de 60% de las viviendas en México han sido construidas por quienes las habitan. Mientras se habla mucho de las vivienderas, se habla poco del ingente esfuerzo que hacen las millones de familias pobres por construir o mejorar su vivienda. Muchas de ellas han tardado 20 y más años en edificar un alojamiento vivienda, en ocasiones lejos de los mínimos de dignidad.

En este contexto, desde el 2008 la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) impulsó la Producción Social de Vivienda Asistida para que familias pobres (con ingresos menores a cinco salarios mínimos) transformaran sus hogares.

A través de un subsidio inteligente, escaso en la política pública, diseñó un programa no paternalista, de corresponsabilidad: el gobierno aporta un subsidio, el beneficiario (mayoría mujeres) ahorra y una institución financiera da un crédito.

El gobierno buscó aliados de la sociedad civil —cooperativas financieras, donatarias y ONG con larga experiencia en vivienda popular— dada su cercanía con familias rurales y suburbanas pobres.

En ocho años, se han canalizado más de 60,000 subsidios que, aunados al crédito y el ahorro, han cambiado radicalmente el espacio vital de miles de familias.

Mientras que el costo de vivienda de interés social es de 312,000 pesos, la vivienda autoproducida con subsidio+crédito puede alcanzar 120,000 pesos; con cantidades menores se han realizado innumerables mejoramientos: techos, cocinas, recámaras, baños. La asesoría técnica ha sido fundamental para adaptar a cada familia la propuesta de mejora y ha impulsado innovaciones incapaces de ser realizadas por las vivienderas.

Hasta aquí, noticias positivas de un gobierno con imaginación. Ahora viene el parón. En cuatro años del sexenio, la Conavi ha endurecido cada vez más la normativa (se apagó la imaginación), en ocasiones debido a abusos, corrupción y trampas.

En el 2016, se redujo el subsidio a este sector en 25 por ciento. Tres cambios recientes están provocando una política de exclusión social: el subsidio se entrega al final de la obra, el beneficiario pagará intereses (8, 10, 12%) sobre el subsidio mientras llega, por ello, invierte menos en su vivienda; la verificación, pagada por el beneficiario (4% del subsidio) determinará si el subsidio procede; si no, el beneficiario pagará crédito+subsidio, es decir, incrementa el riesgo crediticio para el financiador y el sobreendeudamiento en familias de alta vulnerabilidad; finalmente, para un subsidio mayor se exige tener 30% ya construido, proporción inviable para familias con ingresos promedios de 3,000 a 4,000 pesos.

En un reciente encuentro campesino de vivienda en la Sierra Norte de Puebla se confirmó la importancia que ha tenido el programa, pero se expresó que debe ampliarse, en lugar de limitarse, y volver a las políticas previas más incluyentes: subsidio entregado al inicio de la obra, verificación estricta bajo responsabilidad de las instituciones corresponsables y políticas específicas que expandan el derecho a una vivienda digna entre quienes más carecen de ella.

Homogeneizar la política habitacional operada por el sector comercial y el sector social es inequitativo para quienes han venido padeciendo inequidad tras inequidad. La Conavi deberá apostar por cómo incluir a más familias pobres a través de normativas incluyentes.