La Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui repudió la orden de captura contra Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vícam, Sonora, por oponerse a la realización del megaproyecto hidráulico Acueducto Independencia.
En una misiva enviada al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la Misión Civil, que congrega a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y de protección ambiental, expresó su preocupación por el uso del sistema judicial para criminalizar a líderes sociales por oponerse a proyectos transnacionales.
El sábado 14, recordó, el titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal en Hermosillo ordenó la aprehensión de Mario Luna, acusado de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por dos o más personas respecto de vehículo de propulsión mecánica”.
En días pasados, detalló, se emitió la sentencia en el amparo en revisión 93/2014 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que confirma la orden de aprehensión.
Lo anterior deriva del bloqueo carretero de la tribu yaqui contra las obras del Acueducto, realizado el 8 de junio de 2013, donde una persona de la misma comunidad cometió una falta cuando transitaba en su vehículo y, de acuerdo con los usos y costumbres, fue detenido, trasladado a la comisaría y sancionado, pero el gobierno estatal hizo del conocimiento público que Mario Luna y Tomás Rojo estaban siendo investigados por el supuesto secuestro del infractor.
Mario Luna ha sido el portavoz de la tribu yaqui en la defensa legal que ésta ha emprendido en contra de la construcción y operación del Acueducto Independencia, obra que busca trasvasar a la cuenca del río Sonora el agua del río Yaqui, recurso que pertenece en 50% a la comunidad.
“Estas acusaciones hacia las autoridades yaquis no están fundadas ni motivadas, además de que ignoran el segundo constitucional, el cual establece que, como miembros de una comunidad indígena con usos y costumbres, se les reconoce autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos y, además, prevé el uso del sistema de justicia indígena para solucionar sus conflictos internos”, se advierte en la misiva.
Además, alertó la Misión, con esa acción se pone en riesgo el proceso de consulta que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Es por ello que pide al Estado mexicano “la más amplia protección y prevención ante cualquier agresión, ataque, encarcelamiento y detención que pueda sufrir Mario Luna y los demás líderes y voceros del movimiento”.
También exigió al procurador de Sonora, Carlos Navarro, se desista de la acción penal contra los dirigentes yaquis.
La carta entregada a la Segob está respaldada, entre otros, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Investigación y Promoción Social (Ciprosoc) y Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal).
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