Hay avances recientes en la controversia relacionada con la planta hidroeléctrica Belo Monte y sus presas. La tercera en el mundo por su capacidad de producción de energía está por construirse en el corazón del Amazonas, en el estado brasileño de Pará. El 1 de junio de 2011, el actual presidente de Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) el abogado Curt Trennepohl, hizo lo que sus antecesores se habían negado: aprobó la licencia de construcción de Belo Monte.

Especialmente desde 2008, cuando la entonces Ministra de Medio Ambiente Marina Silva renunció, los órganos federales de medio ambiente ofrecieron resistencia a la concesión de una licencia completa de construcción al proyecto. El proyecto ha tenido en su contra a las poblaciones indígenas  y a organizaciones de medio ambiente a lo largo del país. Sin embargo, estos movimientos no han logrado convencer al gobierno de Brasil para que cambie de opinión sobre la planta. Se espera que Belo Monte esté terminada para 2015, con una capacidad plena de generar 11,000 MW de poder para abastecer a 26 millones de ciudadanos.

El Ministerio Público Federal de Pará ha abogado en contra del proyecto. Como muestra de resignación, el ex-presidente de Ibama emitió oficialmente una recomendación al nuevo líder de Ibama de denegar la licencia de construcción.

Ni siquiera la petición emitida a principios de abril  por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue capaz de influenciar de alguna manera. Con la petición, la OEA respondió apoyando la denuncia presentada por grupos indígenas y de medio ambiente, concediendo una llamada de precaución para las comunidades locales. El gobierno contestó con un boletín de prensa que consideraba las demandas del IACHR "precipitadas e injustificables". El Senado de Brasil rechazó la decisión de la organización y aprobó, el 11 de junio, un voto de censura a la OEA.

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