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Más de 8 mil Náyeris (coras) y mestizos pertenecientes a las comunidades de los municipios de Ruiz, Rosamorada, el Nayar y Acaponeta del estado de Nayarit, han pedido la suspensión total y definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, y reclaman la falta de consulta y autorización conforme a sus usos y costumbres [1]; así lo alertaron el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, SuMar, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

El rechazo de las comunidades al proyecto promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se debe al riesgo que éste supone, pues inundaría 4 mil hectáreas de sus tierras, incluyendo 14 sitios sagrados y centros ceremoniales: pilar principal de la cultura Cora. Las comunidades reclaman también que la información respecto de la hidroeléctrica no les fue presentada en su lengua indígena, y que les hicieron firmar documentos elaborados en términos que estaban fuera de su comprensión total.

Esta negativa se da en el contexto de la reunión pública de información promovida y organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se realiza este jueves en San Pedro Ixcatán, Nayarit, una de las comunidades afectadas por el proyecto Las Cruces. En este evento, la CFE deberá exponer las características de la hidroeléctrica, la cual pretende construir un sistema de represas en la cuenca del río San Pedro Mezquital, última corriente fluvial del océano Pacífico con recorrido libre hasta el mar desde la Sierra Madre Occidental.

Cabe señalar que Las Cruces estaría sin operar el 66 por ciento de su vida útil. Esto significa que sólo operará regularmente cuatro de los 12 meses al año [2], cubrirá apenas el 0.9 por ciento de la demanda energética del Centro Occidente de México, y únicamente el 0.28 por ciento de la demanda total del país [3], además de afectar gravemente al bosque de manglar de la reserva de la biosfera Marismas Nacionales, humedales de importancia internacional reconocidos por la Convención Ramsar.

Las organizaciones señalaron que la CFE vulneró el derecho de acceso a la información al no haber realizado la consulta previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -un tratado internacional que protege a los pueblos indígenas y tribales-, antes de efectuar en su territorio los estudios y análisis técnicos del proyecto [4], mismos que tuvieron impactos negativos sobre sus recursos naturales, sitios sagrados y ceremoniales.

Notas: