Las mujeres y hombres de nuestra América que firmamos esta declaración, profesionales, activistas en el tema, trabajamos desde hace mucho tiempo en el campo del hábitat y la vivienda de los sectores populares. Hemos sido espectadores y parte de muchos de sus logros y frustraciones, de los éxitos y los retrocesos, y sentimos por ello la necesidad de hacer públicas estas reflexiones para contribuir a la búsqueda colectiva de los mejores caminos.

Hoy vemos que mientras la civilización y la técnica nos proveen sin cesar de nuevas herramientas para utilizar en provecho de la humanidad, eso se hace a costa de la sustentabilidad de la vida en el planeta, nuestra Madre Tierra, como si fuera posible un crecimiento infinito. Mientras la humanidad alcanza logros tecnológicos impensables pocos años atrás, éstos sobre todo incentivan el consumo de productos descartables, para enriquecimiento ilimitado de muy pocos, en tanto las grandes mayorías siguen sufriendo graves penurias y la naturaleza quebrantada pasa su factura haciendo más vulnerables a los vulnerables.

En materia habitacional esta situación se evidencia en la región, más allá de las particularidades locales, por la segregación y fragmentación que caracterizan el desarrollo actual de nuestras ciudades, en tanto la población indígena y campesina es expulsada de sus territorios ante la falta de perspectivas, la concentración de la propiedad y la imposición violenta de grandes proyectos del capitalismo local y trasnacional.

Muchas casas sin gente y mucha gente sin casas; todos los adelantos tecnológicos para algunos y la falta de las mínimas condiciones de vida para los más; barrios segregados y mal servidos en las periferias y tugurios deteriorados en los centros urbanos para los pobres y zonas excluyentes sólo para los ricos, son las caras visibles de estas ciudades terriblemente desiguales e injustas.

Mientras nuestros gobiernos suscriben declaraciones y pactos que reconocen el derecho a la vivienda para todos, se evidencia el acceso restringido o directamente la falta de acceso al suelo para vivienda; al agua potable, la energía, los desagües; la ciudad y el territorio para las mayorías, mientras una minoría, que concentra la riqueza y el poder, goza de todos los privilegios. Y eso es así en toda nuestra América, desde Chihuahua a Ushuaia, porque en todo este vasto territorio ésa es la consecuencia de un sistema económico y social injusto, que explota los bienes comunes y a los seres humanos sin rubores ni límites.

En todos esos lugares la gente lucha para mejorar su calidad de vida, se organiza, pide, reclama, propone, y sobre todo hace: hace la ciudad que pueden, en un campo en que el Estado -aun siendo su obligación garantizar ese derecho- y el Mercado -porque no es su negocio- no pueden, no saben o no les interesa actuar.

Esa producción social del hábitat es muy poderosa, aun cuando se realiza con muchos problemas y dificultades por la falta de políticas públicas de apoyo técnico, financiamiento, trabas burocráticas. Cuánto podría hacer si contara con ese sostén, lo han demostrado ya autoproductores y movimientos organizados en toda la región.

El apoyo que el Estado no da a los pobladores se lo da a empresas lucrativas (muchas veces vinculadas a los gobernantes, sus familiares y amigos), siempre apostando a que la solución la traerá el Mercado y no la sociedad. Las políticas públicas, dictadas por los organismos multilaterales aconsejan -cuando no obligan- a los estados a asumir un papel no comprometido, un rol de facilitador, que en definitiva sólo facilita que aumenten las ganancias del sector inmobiliario.

La llegada de partidos "progresistas" a los gobiernos de muchos países de la región no ha cambiado esta situación: los discursos cambian, pero no las políticas; la deuda externa sigue importando más que la deuda social, como si los principios cambiaran cuando se cambia de lado en el escritorio; la privatización sigue siendo la receta (para la educación, para la salud, para la producción, para generar trabajo) y el derecho a la vivienda, como los demás derechos

económicos, sociales y culturales, sigue sin poder ser ejercido plenamente, desplazado por la mercantilización, cuando no se lo reemplaza por la producción empresarial de construcciones vergonzosas pero aún así carísimas, que ya no se llaman hábitat ni vivienda, sino "soluciones habitacionales". El derecho escrito sigue acumulando documentos, mientras su goce efectivo sigue huérfano de planes y medidas.

El problema no es sólo de falta de viviendas; las viviendas que existen también tienen graves carencias y deben ser mejoradas, o presentan riesgos físicos considerables y ese otro enorme déficit, cualitativo, requiere tanta atención y es tan complejo como el cuantitativo.

Los programas de mejoramiento de asentamientos muestran cuánto más difícil y costoso socialmente es arreglar lo hecho sin planificación, que planificar desde el comienzo; cuánto más complicado es curar que prevenir, y cuán necesario es que las normas se adecúen a la realidad y no a la inversa. Tampoco es posible dar la espalda a esa inmensa porción de ciudad construida por la gente, por lo que es parte vital de la tarea mejorarla, integrarla e incluirla, a partir de sus aspiraciones y propuestas.

Está demostrado hasta el cansancio que los problemas sociales no los soluciona el Mercado; que la única salida en este tema es apostar a las potencialidades y organización de la gente; que sus posibilidades son mucho mayores cuando los procesos son colectivos, participativos, autogestionarios y democráticos, como es el caso de las cooperativas de vivienda y otros modelos grupales similares.

Este enfoque no solamente tiene un importante valor económico, permitiendo llegar a más y mejores soluciones con menos dinero, sino, sobre todo, un incalculable valor social. Si las capacidades de la población se desarrollan en un marco que les dé institucionalidad e instrumentos, que les provea recursos, asistencia técnica integral, que les permita la planificación, los resultados serán incomparablemente mejores a los buenos que ya se obtienen hoy día. Es importante alentar el fortalecimiento de los movimientos sociales y apelar a diversos procedimientos y soluciones, particularmente en materia de modos de producción, de tecnologías, de financiamiento y de formas de tenencia (derecho de superficie, propiedad colectiva, arrendamiento, etc.).

Reclamamos de los gobiernos de los países de la región la no criminalización de los esfuerzos de la gente por efectivizar el derecho humano a la vivienda, sino el reconocimiento y apoyo a procesos de producción y gestión social del hábitat, a través de políticas de Estado que contemplen la creación de mecanismos de financiamiento público (crédito accesible y diversas modalidades de subsidios adaptados a las necesidades) estables y duraderos, en base a fondos de vivienda que no dependan de eventualidades fiscales; que se reconozca el aporte de ahorro y trabajo de la población y contemple el financiamiento colectivo; que los programas abarquen los procesos de producción, pero también los de mantenimiento y mejoramiento de la vivienda y de su entorno; la recuperación de la función pública del Estado en la planeación; la creación de bancos públicos de suelo urbanizado e inmuebles para posibilitar el acceso a la tierra con servicios y a la vivienda de los sectores populares; que eviten el desplazamiento, el desarraigo, los desalojos forzados y la fragmentación urbana, y que respeten el ambiente.

A la vez, reclamamos de las universidades y la academia la formación de profesionales y técnicos para trabajar para y con la gente, privilegiando los métodos participativos, la investigación en el hábitat popular y la difusión de su conocimiento hacia la población.

Quienes suscribimos este documento continuamos trabajando en este tema y renovamos nuestro compromiso con los movimientos populares en su lucha.

Enrique Ortiz (México), Claudia Blanco (El Salvador), Graciela Landaeta (Bolivia), Selma Díaz (Cuba), Guillermo Bazoberry (Bolivia), Martha Arébalo (Bolivia), Lorena Zárate (México), Ramiro García (Perú), Alejandro Florián (Colombia), Cristina Vila (Paraguay), Leonardo Pessina (Brasil), Fabián Farfán (Bolivia), Benjamín Nahoum (Uruguay), Gustavo González (Uruguay), Ana Sugranyes (Chile)

Cochabamba, Bolivia, 13 de septiembre de 2011