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La problemática nacional generada por casi 5 millones de viviendas abandonadas en el país ha derivado en conflictos sociales y económicos, pues ha propiciado que cientos de miles de familias hayan perdido su patrimonio y ha causado afectaciones financieras a organismos públicos de vivienda y constructoras.
Estas últimas han visto caer hasta en 60 por ciento el precio de sus acciones en el mercado de valores.

Las razones que han llevado a las familias a abandonar las viviendas van desde fallas estructurales en la edificación hasta problemas por créditos hipotecarios impagables, asentamientos realizados en zonas de alto riesgo ambiental, mala planificación de obras, falta de servicios, así como inseguridad, sobre todo en algunas regiones, señala Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna.

En tanto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya empezó a negociar convenios con gobiernos estatales para el rescate de estas viviendas. En particular está en tratos para concretar acuerdos con los gobiernos de Coahuila, Tamaulipas, Morelos y estado de México.

Además, el año pasado llevó a cabo subastas y remate de propiedades en Ciudad Juárez, Chihuahua, las cuales se revendieron en promedio a 30 por ciento de su valor.
En todo el país este instituto subastó 45 mil casas en Ciudad Juárez; Cajeme, Sonora; Zumpango y Tecámac, estado de México, y Mexicali, Baja California, entre otros.

En el caso concreto de las viviendas abandonadas del Infonavit, cinco de cada 10 se ubican en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Baja California. Entre los municipios con más casos están Tlajomulco de Zuñiga, en
Jalisco, y Tijuana.

En tanto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció que se preparan nuevas reglas para los desarrolladores de vivienda, que tienen por finalidad que éstos accedan a créditos y estímulos, siempre y cuando las
viviendas que construyan tengan servicios.

De acuerdo con la dependencia, esto dará al traste con los coyotes, los especuladores, que tengan amarradas las presidencias municipales o comisariados ejidales para la compra de terrenos baratos en zonas sin servicios, y que no
tendrán financiamiento.

Esta dependencia señaló que problemas de liquidez y de reservas territoriales que ya tenían estas empresas han generado volatilidad en los precios de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores para emisoras como Geo, Ara, Sare y Urbi, esta
última hasta 60 por ciento en el primer trimestre de este año y Geo en más de 50 por ciento.

Ante este problema han surgido organizaciones de defensa de los propietarios en todo el país, como Tijuanenses Unidos, que ha presentado 13 denuncias penales por fallas estructurales en unidades habitacionales. Incluso mostró una fotografía en la que un alambrón de uno de los castillos de las casas deshabitadas tiene el mismo grosor de un lápiz.

Oliver Vásquez Ybarra, dirigente de la organización, señala que el abandono de viviendas inició antes de que se agudizara el problema de inseguridad en el país, pues en fraccionamientos de Tijuana del sureste, suroeste, este y norte se construyeron unidades con graves fallas estructurales.

Fraccionamientos como Las Delicias están a 50 metros de ductos de Pemex; en el de Pórticos de San Antonio, de Casas Geo, que financió el Infonavit, se están cayendo las viviendas por falta de castillos y dalas. La lista es interminable.

Los problemas son de todo: los créditos son impagables, los notarios no estuvieron en la compraventa, hay defectos graves de edificación -incluso viviendas sin ventilación-; los constructores mandaron a hacer un alambrón corrugado para que simulara varilla, y ello se asienta en la averiguación 2541/06.

"También hay fraccionamientos de Urbi con caídas de agua contaminantes al subsuelo y cielo abierto, según dice la demanda 142/09. Asimismo, se han presentado denuncias por manejos indebidos de los cheques del Infonavit, pues la hipoteca
determina un precio de la vivienda y el cheque del instituto salió por otra cantidad.

Las irregularidades son tantas y en todo el país, que ya se convirtieron en un problema social, concluye Vásquez Ybarra. 

Fuente: La Jornada