Habitat International Coalition

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En 2016 se registraron 223 agresiones contra defensores y 14 asesinatos, de los cuales la mayoría quedaron en la impunidad.
El PE denuncia campañas de amenazas e intimidación dirigidas a funcionarios del sistema judicial y personas defensoras.
El PE insta a las autoridades guatemaltecas a cumplir con sus obligaciones en derechos humanos y al congreso a ratificar la propuesta de reforma de la justicia.

Bruselas 16 de febrero, 2017. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy, en su sesión plenaria de Estrasburgo, una resolución de urgencia sobre la situación de defensores de derechos humanos en Guatemala. Con esta iniciativa los eurodiputados manifiestan su preocupación y reconocen la labor de las personas defensoras y, por ello, urgen al gobierno guatemalteco a adoptar medidas para protegerlas de los graves ataques y riesgos a los que se enfrentan.

Las cifras son alarmantes. El PE recuerda que entre enero y noviembre de 2016 fueron registrados 223 agresiones, catorce asesinatos y siete intentos de asesinato de defensores y defensoras de DDHH. Solamente en lo que va de año, en Guatemala han sido asesinados 2 defensores. La mayoría de estos crímenes fueron el golpe final de un largo y repetitivo ciclo de violencia.

El PE también señala que los operadores de justicia que luchan contra la impunidad trabajan en un clima de hostilidad y se enfrentan a hostigamientos, criminalización, coacciones, campañas de desprestigio e intimidación, que comprometen la independencia del sistema judicial en el país.

Por ello, la resolución también apoya la iniciativa de reforma del sector de la justicia, presentada recientemente en el congreso guatemalteco y que tiene por objetivo emprender las reformas necesarias que afiancen el Estado de Derecho en el país.

Apoyo mayoritario en el Parlamento Europeo

Según Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y miembro del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales (ALDE), “los defensores son el activo más poderoso para el logro de una justicia más independiente y, sin embargo, son difamados, perseguidos y en último caso asesinados, por lo que el Gobierno guatemalteco debe protegerlos con políticas públicas ambiciosas”.

Hans-Olaf Henkel, miembro del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) hace un año participó en una misión de observación del Parlamento Europeo en Guatemala.

“Desde mi visita he seguido de cerca esta grave situación, y aunque tenía esperanzas con el nuevo presidente, hoy en día estoy desilusionado y me parece altamente preocupante la situación de los abogados y los defensores”.

Marina Albiol, del grupo GUE/NGL considera que “mostrar preocupación no es suficiente”, ya que “la responsabilidad de la UE es clara”. “Existe un vínculo entre la presencia de multinacionales y el ataque a defensores que se oponen y movilizan contra proyectos hidroeléctricos, tal como lo demuestran los casos de Pojom II o Renace, proyectos mineros como FeNix o el de la compañía petrolera francesa Perenco”.

Por último, Ernest Urtasun, miembro del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea opina que “no puede ser que representantes de la rama judicial, y hasta el Director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velázquez, sean blanco de ataques sin que el Estado tome medidas eficaces. Con la propuesta de Reforma de Justicia Constitucional, elaborada con el aporte de muchos sectores nacionales y ahora en el congreso, vemos una luz en el horizonte, pero hace falta que se adopte en su integralidad".

Reacciones de la sociedad civil en Bruselas

Organizaciones internacionales y redes de la sociedad civil basadas en Bruselas, cuya membresía supera las 500 organizaciones, celebran esta iniciativa parlamentaria y comparten las peticiones e inquietudes expresadas en ella.

Estas organizaciones destacan principalmente la petición parlamentaria que invita a la UE a asumir un rol proactivo en la promoción de la seguridad de los defensores y defensoras de DDHH a través de la adopción de medidas efectivas y mecanismos de protección en el marco del diálogo político, la cooperación y las relaciones comerciales con Guatemala.

Las organizaciones esperan que esta resolución envíe un mensaje claro a las autoridades guatemaltecas para que actúen y protejan a las personas defensoras, en especial mujeres, poblaciones campesinas, sindicalistas, personas discriminadas por su orientación sexual y comunidades indígenas, que trabajan por una sociedad democrática y en la defensa de la tierra, del medio ambiente, los derechos DESC, la justicia o la lucha contra la impunidad.

Fotografía: fidh.org

Para más información :

Miguel Zumalacárregui : (Organización Mundial Contra la Tortura, Marco Observatorio OMCT/FIDH, miembro de CIFCA)

mmz@omct.org - +32 2 218 3719

Kerstin Reemtsma: (Proyecto Guatemala de Brigadas Internacional de Paz)

repeuropea@pbi-guatemala.org - +32 470 595295