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Este viernes, 14 de agosto de 2015, HIC-AL participó en la conferencia de prensa realizada en el Centro de Comunicación Social (CENCOS), en conjunto con otros movimientos y organizaciones de México y América Latina. Como parte de los convocantes a dicho evento, denunciamos las graves violaciones a Derechos Humanos perpetuadas durante la detención, injusta reclusión y traslado de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. Dos días antes (12 de agosto) le visitamos en el penal de Zihuatanejo, en donde conocimos de primera mano su testimonio y denuncias que compartimos en voz de Silvia Emanuelli, coordinadora de HIC-AL, ante los medios:

Lo primero que Marco Antonio subrayó en esta visita fueron los actos de tortura que sufrió al ser trasladado del penal de Nayarit (...) Además Marco Antonio nos habló de la poca alimentación que le daban en el penal (...) Aunado a ello, el 31 de julio recibió una carta anónima donde se le amenaza de muerte.

Silvia expresó la preocupación de diferentes organizaciones, como es el caso del Espacio DESC en el cual HIC-AL participa y que desde hace 12 años acompaña el caso,  por la situación del defensor comunitario además de la  total solidaridad con  todas  las comunidades opositoras a la presa "La Parota".

Es importante  que no perdamos de vista, que la razón por la que está encarcelado [Marco] es la presa La Parota. El objetivo del gobierno es imponer la presa, le cambia de nombre pero sigue siendo el mismo proyecto que han intentado impulsar desde 1976. Creemos que las comunidades tienen derecho de descansar y a regresar a sus actividades sin tener que seguir en pie de lucha en contra de un proyecto cuyos beneficios nunca han sido demostrados y cuya imposición ha provocado múltiples violaciones a derechos humanos. Si ustedes revisan  a la manifestación de impacto ambiental que debería, supuestamente, sustentar el proyecto,  notarán que no hay ninguna referencia sobre los beneficios reales del mismo. Aun así este proyecto sigue apareciendo en el presupuesto federal. Creemos que las vidas de las comunidades  no pueden seguir en vilo  hasta saber si la obra se va a construir o no, si serán desalojadas o si van a lograr sacar de la cárcel a sus defensores. 

Durante la conferencia de prensa, la compañera Eva Castellanos, a nombre del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), compartió su testimonio en relación a la defensa comunitaria contra las represas e hidroeléctricas; en su caso, en Oaxaca, pero profundamente relacionado con la defensa contra La Parota:

Nosotros como comunidades originarias no estamos pidiendo nada que no sea nuestro, sólo estamos pidiendo que se respeten nuestras formas de vida. Decimos , no al saqueo que por años nos vienen haciendo a nuestros recursos naturales, al despojo de nuestras tierras, al despojo de nuestra cultura, con todos estos megaproyectos que se hacen llamar "el desarrollo". Nuestra lucha Es por la defensa de la vida, es lo único que estamos pidiendo: que nos respeten nuestras formas de vida (...) CECOP ha sido una organización muy fuerte que ha fundado el MAPDER, para nosotros un ejemplo a seguir...

Es preciso señalar que la criminalización de Marco Antonio se suma a la de otros y otras defensoras ambientales relacionadas con las actividades de industrias extractivas y proyectos de construcción y "desarrollo". Tal como señala la ex-relatora de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras de derechos humanos Margaret Sekaggya: "Los riesgos que enfrentan los defensores de Derechos Humanos que trabajan en el contexto de desarrollo son sumamente grandes" y, según señala el informe (2006-2011):

Los defensores que trabajan estas cuestiones parecen estar muy expuestos a atentados contra su integridad física, como por ejemplo: sufrir intentos de asesinato (sobre todo en los casos de Brasil y Ecuador), ser asesinados (Brasil, Camboya, El Salvador, Ecuador, Honduras, México), ser atacados (Brasil, México). Estas personas también han sufrido amenazas, entre ellas amenazas de muerte (Brasil, Guatemala, México), otros han sido detenidos y encarcelados de forma arbitraria (Ecuador, India, México, Nigeria).

El caso de Marco Antonio se enmarca  en esta situación. Por todo lo anterior, las organizaciones convocante solicitamos a la segunda sala de lo penal  de Acapulco que tiene que decidir sobre la situación de Marco Antonioque considere las pruebas que ha presentado el Centro Tlachinollan que lleva la defensa jurídica de Marco Antonio y quedecida con imparcialidad y haga justicia, por lo menos, en uno de los muchos casos de defensores injustamente encarcelados. 

Boletín de prensa

El 17 de junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), movimiento que desde el 28 de julio de 2003 se opone de manera pacífica a la imposición de la presa La Parota en Guerrero, México, quienes han sido ejemplo y esperanza de muchos movimientos por el territorio y en defensa de la vida. El CECOP es piedra angular de la lucha en contra de las presas y en defensa de los ríos en México y fundador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

A más de un año de su injusta detención, las organizaciones abajo firmantes, junto a muchas otras que se han sumado a esta causa, urgen a la Segunda Sala Penal en Acapulco tomar una decisión expedita, independiente y justa, que contemple las pruebas presentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Marco para que se declare su libertad inmediata.

Durante una visita al penal de La Unión, Zihuatanejo, Guerrero, el pasado 12 de agosto, diferentes organizaciones de la sociedad civil que hoy respaldan este boletín conocieron de primera mano el testimonio de Suástegui que relató las violaciones a derechos humanos que ha sufrido desde su detención y las amenazas de las cuales ha sido víctima. El día de su aprehensión, sin que se le mostrara una orden en su contra, Marco fue sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades que lo detuvieron al haber sido duramente golpeado y haber sufrido el arranque de 3 uñas de los pies. En el traslado al penal federal de máxima seguridad de Tepic en Nayarit –que fue ilegal por incurrirse en violaciones al derecho al debido proceso y a la defensa legal-  el defensor de los derechos humanos fue privado de agua para beber durante dos días además de no contar con una revisión médica oportuna. En los 7 meses de permanencia en este penal fue alimentado de manera escasa, lo que impactó y mermó su salud, derivando en actos de hostigamiento y discriminación. Finalmente, ya en el penal de la Unión, el 31 de julio de 2015 Marco Antonio recibió una carta anónima con amenazas de muerte, acción que se suma a una serie de otras situaciones previas que le hacen temer por su vida y su familia.

Las graves violaciones a derechos humanos anteriormente relatadas están estrechamente relacionadas con la lucha emprendida por el CECOP y por su vocero hace más 12 años a favor de la defensa de la tierra, el territorio y formas de vida de los/as campesinos/as que serían despojados de todo lo que tienen por la construcción de la Presa La Parota. En palabras de Marco Antonio “el CECOP es la expresión del amor por la tierra”. El único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido demostrado.

El caso de Marco Antonio se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa  del territorio y la vida. En esta lista se encuentra otra integrante del CECOP, María de la Cruz Dorantes, también encarcelada por delitos similares a los que se le imputan a Marco Antonio.

La Segunda Sala de lo Penal de Acapulco tiene en estos momento la posibilidad de hacer justicia y, tomando en consideración las pruebas presentadas que demuestran su inocencia al destacarse que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contrario, las pruebas exhibidas demuestran la fabricación de los delitos y ponen de relieve las violaciones al debido proceso que ha enfrentado, por lo que se debe dejar a Marco Antonio en libertad.

Las organizaciones abajo firmantes, somos parte de amplias redes de articulación nacional e internacional, en defensa de los ríos, el agua y los derechos económicos, sociales y culturales y estamos pendientes y preocupados por nuestro compañero Marco Antonio Suástegui, por lo que exigimos su libertad inmediata, la tutela de su vida y el cese de las amenazas en su contra y de su familia.

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar),  Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), International Rivers (IR), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA), Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.