Anexo I

Informe de la Misión de Observación de la Asamblea General de Bienes Comunales de Cacahuatepec en el Poblado de El Campanario, Acapulco Guerrero.

Agosto de 2005

1. Introducción

El Espacio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Espacio DESC) formado por 12 organizaciones, recibió el 11 de agosto del año en curso, una invitación, por parte de comuneros de Bienes Comunales de Cacahuatepec, para observar el desarrollo de la asamblea convocada para el 14 de agosto de 2005 en el poblado de El Campanario, Acapulco, Guerrero.

En respuesta a esta solicitud, el 13 de agosto pasado, representantes de tres de las organizaciones del Espacio DESC, junto con la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y personas solidarias, nos trasladamos al municipio de Acapulco para poder estar al día siguiente en el lugar donde se había convocado la asamblea

El objetivo general de la misión era observar las condiciones en las que se llevaría a cabo la Asamblea desde su inicio, durante el desarrollo y al término de la misma. El objeto era verificar que toda ella se llevara a cabo conforme a derecho y respetando el modo habitual en que los comuneros convocan y celebran sus asambleas.

2. La Asamblea de Comuneros.

A solicitud de la Comisión Federal de Electricidad, el 5 de agosto del presente año, el Presidente de Bienes Comunales de Cacahuatepec emitió una nueva convocatoria con el objeto de celebrar, el 14 de agosto de 2005 a las 10 horas, otra Asamblea General de Bienes Comunales en el poblado el Campanario, con la siguiente orden el día (resumida por el Espacio DESC):

1. Lista de asistencia y registro de asistentes en 10 mesas de acuerdo a su población de origen.
2. Verificación del quórum legal.
3. Nombramiento del Presidente, Secretario y Escrutadores de la mesa de debates de la Asamblea.
4. Solicitud de la Comisión Federal de Electricidad para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y obtener la firma del Comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como de convenios de ocupación temporal.
5. Solicitud de la Comisión Federal de Electricidad para obtener la anuencia para que la CFE realice el trámite de cambio de uso del suelo en terrenos forestales ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de los terrenos destinados a la construcción del proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, obras complementarias, embalse, todos los caminos necesarios de acceso a la obra y Línea de Transmisión La Parota entronque Los Amates- Playa Diamante 115kv-2C.
6. Solicitud de la Comisión Federal de Electricidad para obtener la autorización para la constitución de servidumbre de paso ante Notario público, para la construcción de la línea de trasmisión denominada “La Parota-entronque Los Amates- Playa Diamante”. 115kv-2C.

En relación con la convocatoria a la Asamblea, conviene señalar que, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Agraria, ésta debe celebrarse dentro de los Bienes Comunales y en el lugar habitual en el que se llevan a cabo las asambleas, que en este caso sería del poblado de Cacahuatepec, cabecera de los Bienes, donde se ubican los poderes comunales. Sin embargo, la asamblea fue citada en la comunidad de El Campanario, a muchos kilómetros del lugar habitual. Por otro lado, también es importante señalar que el mismo artículo 25, en interpretación conjunta con el 23 de la propia ley, establece excepciones a la convocatoria y señala que cuando en la Asamblea se vayan a tratar asuntos que tengan que ver con la afectación y el destino de las tierras de uso común, la convocatoria debe realizarse con 30 días de anticipación y no con los ocho con los que fue convocada. Así mismo se requería para la formación del quórum que se reunieran el 75% de los comuneros legalmente reconocidos y que las decisiones fueran aprobadas por una mayoría calificada de tres cuartas partes.
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3.- Relación de hechos observados

El grupo de observadores salimos aproximadamente a las 7 horas hacia El Campanario, lugar señalado para llevar a cabo la asamblea en la primera convocatoria. En el camino pudo apreciarse la presencia de decenas de elementos policíacos, pertenecientes a distintas corporaciones asentados en todas las localidades que van desde Agua Caliente hasta la entrada a San Juan Chico y circulando por la carretera. Había policías preventivos del Ayuntamiento de Acapulco, policía Ecológica del Ayuntamiento de Acapulco, policía estatal, ministerial, y de Seguridad Pública (conocida como la motorizada), la de protección y vialidad y la Policía Federal Preventiva.

En general, desde antes de llegar a San Juan Chico y hasta el lugar donde se celebraría la asamblea pudimos registrar entre otros la presencia de los siguientes vehículos: de la PFP con placas 09402 y 09444; de la Secretaría de Gobierno con placas G235056 y G235054, un Jeep gris de la Policía del Estado, 2 camiones de la Secretaría de Protección y Vialidad, así como camionetas pick up blancas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco y una camioneta de la CFE.

Continuamos por la carretera Acapulco - San Marcos y a la entrada al camino en San Juan Chico, se había instalado un primer retén donde estaban elementos policíacos de varias corporaciones, un camión de la Secretaría de Protección y Vialidad y dos grandes autobuses con 60 granaderos armados con toletes y escudos. En ese primer retén nos filmaron y preguntaron si no traíamos armas respondimos que no y que veníamos como observadores de derechos humanos, nos dejaron pasar. Frente a nosotros habían detenido a un camión con comuneros a los que bajaron y revisaron.

En el segundo retén colocado en Las Minas también nos pararon y luego de señalar quiénes éramos y el propósito de nuestra presencia nos dejaron pasar, finalmente casi al llegar al Campanario pasamos por lo que parecía otro retén, donde se encontraban tres policías descansando.

Llegamos al Campanario aproximadamente a las 9 horas, vimos el lugar donde se instalaría la asamblea. Se notaba que había sido recién acondicionado con maquinaria pesada. Estacionamientos amplios, para los automóviles y camiones, así como señalamiento y una decena de policías colocados en diversos puntos para dirigir el tráfico vehicular. El lugar instalado para el desarrollo de la asamblea se encontraba cercado con una malla alta, al parecer electrificada, dentro de la cual se habían instalado unas 3000 sillas, un templete al frente con mesas, potente equipo de sonido, todo ello cubierto por un gran toldo. Había un conjunto musical, mesas de registro, rejillas para dividir filas, baños, lugar de descenso de helicópteros, refrescos y papelería que incluía lujosas carpetas donde se les entregaba a cada comunero que se registraba una constancia que acreditaba la vigencia de sus derechos agrarios. Todos estos elementos no los habían tenido con anterioridad, en ninguna asamblea comunal

El despliegue de policías también era muy grande y estaban fuertemente armados. En el transcurso de la mañana fueron arribando funcionarios públicos de la de la Secretaría de la Reforma Agraria (Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional), de la Procuraduría de Justicia del Estado, de Seguridad Pública, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Salud, Notarios Públicos, entre otros y representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM). También había vehículos de servicio médico y varios bomberos. Dos helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona aparentemente con funcionarios públicos del Estado.

Fuera del alambrado se empezaron a instalar 10 mesas con cercas que separaban cada fila. Funcionarios del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria se acomodaron con su paquetería de listas de asistencia y carpetas de constancia de derechos agrarios vigentes para cada comunero, junto con ellos se encontraban 10 notarios y también nos informaron que había Agentes del Ministerio Público sin precisar el número

Nos presentamos con los licenciados de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) Ramón Navarrete, coordinador Regional de la zona de Acapulco y Fernando Esteban Ramírez, representante del Primer Visitador de ese organismo, al comentar lo que veíamos en las mesas de registro nos indicaron que no podían intervenir en la organización de la asamblea porque correspondía a los comuneros. Nosotros tampoco intervenimos para organizar ese proceso, nos limitamos a observar y preguntar sobre el procedimiento.

.Las mesas para el registro de los comuneros de los distintos poblados estaban distribuidas como sigue: Mesa 1, Agua Caliente, Amatillo, El Progreso de Cacahuatepec, Las Minas y Los Limoncitos; Mesa 2, Apalani, Apanahuac y Barrio Nuevo de los Muertos; Mesa 3, Arroyo Verde, Bella Vista Papagayo, Cacahuatepec, El Arenal y El Bejuco; Mesa 4, Las Cruces de Cacahuatepec, El Campanario , El Ranchito, y El Embarcadero; Mesa 5, El Carrizo, El Cantón, El Cerrito, El Rincón, El Tejoruco, Espinalillo, Garrapatas y Las Minas; Mesa 6, La Arena, La Concepción, Las Chanecas, Las Ollitas, Las Parotas y Los Ilamos; Mesa 7, Huamuchitos y Oaxaquillas; Mesa 8, Salsipuedes, San Antonio, San Isidro Gallinero, San Juan Chico y San Juan Grande; Mesa 9, San Pedro Cacachuatepec, Los Mayos, Ranchito Las Marías, Pochotlaxco, San José Cacahuatepec, Tamarindillo, Tasajeras, Zoyamiche y Parotillas; Mesa 10 de Asuntos Especiales, a cargo del ex presidente del Comisariado comunal y miembro de la CNC Valente, quien discrecionalmente daba el pase a quienes no tenían credencial o no se encontraban en el padrón.

Observamos que el control de las mesas estaba a cargo del personal de la Secretaría de la Reforma Agraria y en pocas de ellas se pudo constatar la presencia de algún comunero. En una de las mesas estuvo el suplente del Secretario del Consejo de Vigilancia, quien no parecía participar en el proceso de registro. El trámite se hacía con la persona que llegaba, presentaba la carta invitación personal que le había llegado del Ing. Víctor Hugo Chávez Chávez de la CFE, su credencial de elector, lo buscaban en el Padrón, le hacían firmar o poner su huella en las listas de asistencia que tenían para cada poblado, así como firmar de que recibía su constancia de reconocimiento de sus derechos agrarios vigentes y entonces se le permitía entrar. En una mesa preguntamos por qué se les pedía que firmaran o pusieran su huella y qué se iba a hacer con esa lista de registro, nos contestó una persona de a Procuraduría Agraria que los comuneros no estaban obligados a firmar y que también podían poner que no estaban de acuerdo con el proyecto de construcción de la presa, respondimos que no se les hacían explícitas esa opciones y todos los que pasaban estaban firmando.

También pudimos constatar que las personas formadas para pasar, en su mayoría eran mujeres aunque también había hombres adultos mayores y jóvenes que estaban a favor de la presa. Algunos nos mencionaron que la CFE les había prometido la introducción del agua potable en su comunidad o que iban a tener empleo para muchas personas, las más capacitadas; algunas mujeres mostraron su preocupación por saber si les iban a cumplir las promesas y si estaban haciendo lo correcto.

Se pidió hablar con las autoridades comunales para solicitar el permiso de ingreso a la Asamblea en calidad de observadores del desarrollo de la misma, llamaron al Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, quien se encontraba dentro de la malla con otras autoridades comunales, él vino a hablar con nosotros y negó la entrada argumentando que “la Asamblea era autónoma”, le preguntamos si además de los comuneros estarían otras personas en la Asamblea y nos contestó que sí, que habían invitado a funcionarios públicos: el Secretario de Gobierno, el Procurador y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, así como a representantes de la Confederación Nacional Campesina. Tampoco dejaron ingresar a la reportera del periódico local El Sur.

Un comunero de Cruces de Cacahuatepec comentó que la noche anterior hubo una asamblea en su comunidad donde se dijo que la CFE ofrecía dinero, sin especificar el monto por persona, para quienes fueran a dar su voto (favorable al Proyecto de la presa) y muchos prefirieron no venir, entre otros el Comisario municipal; también señaló que había líderes en su comunidad de los partidos PRI, PRD y Convergencia, que realizaban acciones a favor de la presa.

Aproximadamente a las 12.15 horas llegó un grupo de personas que no se registraron en las mesas. Comenzaron a elevar consignas en contra de la construcción de la presa y a denunciar la ilegalidad de la asamblea. Se formó un contingente amplio que rodeo la malla. Había decenas de mantas que denunciaban el impacto que la obra produciría en sus comunidades

En entrevistas posteriores, los comuneros narraron que para poder llegar la Asamblea habían tenido que sortear los dos retenes donde les retuvieron los vehículos y les quitaron los machetes. Esta situación obligó a las personas a caminar 9 kilómetros para poder llegar hasta el Campanario. En el segundo retén ubicado en las Minas la policía intentó detener a las personas y frente a la insistencia de poder pasar la policía les apuntó con armas de grueso calibre y les cortaron cartucho.

Entrevistamos a una mujer quien narró que en el primer retén estaban los granaderos que obligaron a que la gente bajara de los camiones. Después de emprender el camino a pie en el segundo retén se encontraron unas camionetas cortando el paso “y ahí los policías les apuntaron con sus armas y les cortaron cartucho. La gente soportó esto pero tenían miedo de que les fuera a pasar algo, unas personas se hicieron a un lado y los policías les dijeron que se regresaran, que no iban a llegar hasta el lugar en el que se celebraba la asamblea, que no tenía caso.

Un joven de 14 años testimonió que en uno de los retenes, elementos de la policía trataron de quitarle su machete y como no lo quiso dejar lo encañonaron con un arma en el estómago y lo trataron de subir a un vehículo, cuando llegó otro comunero que lo sacó de ahí. También vio como pateaban a otro comunero.

Alrededor de las 13:00 cuando en el interior de la reja debía haber unas 150 personas, quienes estaban a cargo de permitir la entrada a la asamblea decidieron abrir la puerta, ya sin mayor trámite, para que entraran las personas que quisieran participar en la Asamblea. En ese momento los comuneros opositores a la obra, aumentaron sus denuncias y se desató el enfrentamiento: La policía cargó con toletes y disparó gases lacrimógenos. Los funcionarios públicos y las personas que se encontraban fuera para registrar o esperando pasar a la asamblea, corrieron hacia adentro. Varios comuneros opositores resultaron heridos, entre ellos vimos a un adulto a quien los policías le pegaron con un tolete en la mano, dejando una herida profunda; a otros los habían rociado de gas pimienta, uno de ellos muy joven tenía el cuerpo y la cara enrojecidos, se quejaba y le estaban echado agua; otro comunero estaba descalabrado y le salía bastante sangre de la cabeza.

No observamos que algún policía resultara herido.

Algunos de los opositores les preocupaba que todavía llegaran los comuneros que estaban de acuerdo con la presa y que se realizara la asamblea, posteriormente se empezaron a retirar alrededor de las 14 horas.

Finalmente después de que los comuneros del CECOP empezaron a regresar a sus comunidades, nos retiramos alrededor de las 14.40 horas en el vehículo en el que veníamos.

4.- Presuntas violaciones a los derechos humanos de los comuneros

5.-Conclusiones

Sobre el abuso de poder, las presiones y las agresiones recibidas.

Desde que la CFE, a partir de 2002, volvió a impulsar el megaproyecto hidroeléctrico La Parota, los comuneros y ejidatarios de la zona han sufrido permanentes presiones y agresiones muchas de las cuales ellos consideran se desprenden de estrategias diseñadas para conseguir que los habitantes de la región acepten la realización del proyecto. Dichas estrategias han sido: a) el ofrecimiento engañoso de obras, servicios y proyectos productivos que han dividido y enfrentado a las familias y comunidades rompiendo el tejido social; b) la falta de información y consulta a quienes serán afectados por las obras violando sus derechos fundamentales; c) la convocatoria y realización de asambleas comunales violando la ley agraria y el Estado de derecho; d) la utilización desproporcionada de los cuerpos de seguridad pública en la vigilancia de dichas asambleas; e) la criminalización de quienes se han opuesto al proyecto a través de la liberación de órdenes de aprehensión por supuestos delitos nunca comprobados y; f) las amenazas de muerte que han recibido algunos de los opositores al proyecto.

Sobre la responsabilidad de los gobiernos federal y estatal.

En relación con la responsabilidad de las autoridades conviene destacar la violación a los derechos fundamentales de participación y consulta oportuna. Ello supone la imposibilidad de que los afectados puedan participar en las decisiones de política pública que les afecta y que les impone un desarrollo lesivo a su derecho de conservar y mejorar la identidad campesino/ indígena y la calidad de vida.

Es indispensable que el Estado mexicano y sus instituciones, entre otras, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de la Reforma Agraria, cumplan con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos. Con esta finalidad tendrían que ejercer sus funciones y acciones con apego al marco constitucional y legal que las rige así como el cumplimiento de los más elevados estándares internacionales de protección de los derechos civiles, políticos, así como de los económicos sociales, culturales y ambientales.

Si por un lado resulta legítimo preservar la seguridad de las personas que habitan en la región, consideramos que se ha abusado del uso de la fuerza pública que no sólo inhibe la participación de las personas sino que incluso ha restringido el derecho de los comuneros de participar en sus propias asambleas. Por ello solicitamos la búsqueda de cauces de mediación e intermediación que permitan construir soluciones alternativas para todas las partes, reconociendo que sólo a través del respeto a los derechos fundamentales se puede construir un verdadero Estado de derecho.