Anexo II

A partir de julio 2004 las organizaciones del Espacio DESC, tanto colectivamente como singularmente, hemos elaborado varias acciones urgentes, cartas de preocupación, pronunciamientos dirigidos a funcionarios públicos estatales y nacionales y a representantes de órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entre ellas:

1. Acción Urgente del 1 de julio 2004 dirigida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) al Presidente de la República Mexicana, al Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a otros 8 funcionarios públicos locales y federales, con copia al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para denunciar el ingreso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en tierras de las comunidades donde se pretende construir la presa, sin consentimiento de las mismas y sin consultarlas sobre el proyecto. En la acción se exigió, entre otras cosas, que el gobierno federal en coordinación con el estatal y municipal, efectuara un proceso de información y consulta integral hacía las comunidades involucradas.
El Centro recibió respuesta por parte del gobierno del estado que aseguró respetar los derechos humanos de los comuneros y seguir abierto al diálogo con ellos. Por otro lado la CNDH tomó la acción urgente como queja y respondió con una orientación a los agraviados.

2. Acción Urgente del 27 de julio de 2004, dirigida por el PRODH al Presidente de la República Mexicana, al Secretario de Gobernación y a otros funcionarios con copia al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, al Relator de Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, y al responsable del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, para denunciar la detención arbitraria de Marco Antonio Suástegui, Pedro Valente Jacinto, Francisco Flores Francisco y Ubaldo Flores Francisco quienes han participado activamente en la defensa de sus derechos humanos ante la probable construcción de la presa, y exigir el respeto de sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, así como sus garantías al debido proceso.
Amnistía Internacional solicitó más información sobre el caso que le fue proporcionada.

3. Acción Urgente del 28 de julio 2004, dirigida por FIAN Internacional al Presidente de la República con copia al Gobernador del Estado de Guerrero, para expresar su preocupación frente a la amenaza de desplazamiento de 25.000 habitantes de la zona en la que se pretende construir la presa y solicitar se evalúe el impacto del proyecto en cuanto al derecho a la alimentación y la vivienda de los poblados amenazados y declarar definitivamente cancelado el proyecto en caso de que la evaluación indicada verificara impactos violatorios a los derechos humanos.

4. Carta de preocupación del 18 de agosto de 2004, dirigida por el Espacio DESC al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación y a otros 4 funcionario públicos, para expresar su preocupación frente a las prospecciones llevadas a cabo por parte del gobierno federal en la zona sin consultar adecuadamente a la comunidades que tampoco habían sido informadas respecto a las consecuencias ambientales, sociales, culturales que produciría la construcción de la presa. El Espacio exigió al gobierno la suspensión de los actos de intimidación, persecución y criminalización en contra de los opositores, llevar a cabo los procedimientos adecuados de consulta, evaluar a través de expertos independientes el impacto social, cultural y ambiental del proyecto, realizar diagnósticos completos y participativos de las necesidades hídricas y energéticas de la población y proponer opciones para satisfacerlas, suspender cualquier avance o estudio preliminar del proyecto mientras se realizaba el debido proceso de evaluación tomando en cuenta las obligaciones en materia de derechos humanos, declarar cancelado el proyecto en caso que la evaluación verificara un impacto violatorio a los derechos humanos señalados.

5. Acción Urgente del 24 de septiembre de 2004, dirigida por la Red para el Derecho a la Vivienda y a la Tierra de la Coalición Internacional para el Hábitat al Presidente de la República con copia al Relator de Vivienda de la ONU, para expresar su preocupación frente a la falta de consulta a los pobladores sobre el proyecto de la presa, la detención arbitraria de 4 comuneros y la propuesta de la CFE de pagar 70 centavos de peso por cada m2 de tierra a los comuneros. Frente a esta situación la organización resaltó que la construcción de la presa violaría el derecho humano a una la vivienda adecuada y a la tierra, entre otros.
Al recibir esta información, el Relator de Vivienda se dirigió al gobierno mexicano para solicitar más detalles sobre el caso. El gobierno respondió que la presa pertenece al Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (y no al SIEPAC) y que, por lo tanto, no tiene carácter transnacional. Informó además que el proyecto afectaría exactamente a 2,981 personas que viven en 653 viviendas en una zona de 14,233 hectáreas, de las que sólo un 10% puede ser clasificada como tierra cultivable. Dijo que las comunidades han sido regularmente informadas a través de la circulación de material explicativo y que sus preocupaciones se han tomado en consideración a través de la organización de 114 reuniones consultivas organizadas en la zona. Subrayó también que el proceso se ha desarrollado en completa transparencia y que el plan de desarrollo ha tomado en cuenta la necesidad de reasentamiento de la población. Concluyó afirmando que el proyecto será altamente beneficioso por la población en general. Tanto la carta del Relator como la respuesta del Gobierno mexicano se pueden consultar en el anexo al Informe del Relator presentado en la 61 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (17 enero de 2005).

6. Pronunciamiento del 25 de noviembre 2004, dirigido por el Espacio DESC al Gobernador del Estado de Guerrero, al Presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero, al Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario y al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41 de Acapulco, para manifestar su profunda preocupación acerca de las anomalías e irregularidades constatadas en relación a la asamblea realizada el 25 de abril 2004, cuyo propósito era obtener de las comunidades de la zona su aprobación para que la CFE continuara los estudios para la construcción de la presa. Al terminar se exigía al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario declarar nula la asamblea citada por ser ilegal y a las autoridades respetar, en futuras acciones, los derechos fundamentales de los habitantes de la zona tomando en cuenta que el derecho a la consulta de los pueblos es una prioridad que debe superponerse a las leyes y actuaciones del gobierno.

7. Acción Urgente del 26 de noviembre 2004, dirigida por FIAN Internacional al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 41 de Acapulco, con copia al Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, para manifestar su profunda preocupación acerca de las anomalías e irregularidades constatadas en relación a la asamblea realizada el 25 de abril 2004. Al terminar se pedía al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario tomar en cuenta la acción de nulidad sobre el acta de la asamblea promovida por comuneros de Cacahuatepec bajo el criterio del derecho a la consulta y participación ciudadana en decisiones con impacto en el goce del derecho humano a la alimentación y a la vivienda.

8. Acción Urgente del 16 de diciembre 2004, dirigida por el PRODH al Presidente de la República y a otros 6 funcionarios públicos estatales y federales, para denunciar las amenazas de muerte y hostigamiento de las que ha sido objeto Marco Antonio Suástegui y exigir al Estado Mexicano el respeto a su vida, integridad física y psicológica, la de sus familiares, así como el respeto a los derechos humanos de todos los opositores a la construcción de la presa.
El PRODH recibió respuesta por parte del Procurador del Estado que invitaba a que Marco Antonio denunciara los hechos. La CFE por otro lado, respondió meses después señalando no tener responsabilidad en cuanto a las amenazas e intimidación que recibiera Marco Antonio. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero propuso otorgarle medidas cautelares.

9. Pronunciamiento del 25 de febrero de 2005, dirigido por el Espacio DESC al Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario y al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41 de Acapulco, para volver a señalar las irregularidades de la asamblea del 25 de abril de 2004 y exigir a las autoridades considerar las pruebas ofrecidas en el juicio que se tramita ante el Tribunal Unitario Agrario, declarar nula la asamblea por irregular y respetar, en futuras acciones, el derecho a la consulta.

10. Carta de preocupación del 10 de junio de 2005, dirigida por el Espacio DESC al Gobernador del Estado de Guerrero con copia al Secretario de Gobernación y al Presidente del Partido de la Revolución Democrática, para manifestar su profunda preocupación por las declaraciones sostenidas por él el 23 de mayo, según las cualas el proyecto de presa debe avanzar en la actual administración. En la carta se subrayó que el motivo de la preocupación se debe a que el proyecto pone en riesgo la vida y los derechos fundamentales de 25.000 personas que serán gravemente afectadas por la muerte del río Papagayo, la falta de agua y el aumento de la salinización de la tierra que producen las presas. Se resaltó además que en la actualidad estos megaproyectos están siendo gravemente cuestionados como soluciones para el desarrollo sostenible y por tanto están siendo desmantelados en los países del norte. Frente a esta situación se urgió al Gobierno mexicano el respeto de los derechos humanos, la revisión del proyecto de la presa con base en éstos derechos, llevar a cabo procesos adecuados de consulta y en tanto no lo haga no permitir el ingreso de maquinaria de la CFE en la zona, la evaluación, a través de expertos independientes aceptados por las comunidades, del impacto social, cultural y ambiental del proyecto privilegiando los derechos económicos, sociales y culturales de los afectados. El Espacio rechazó además cualquier acto de intimidación, persecución y criminalización en contra de los opositores al proyecto.
Tantos estos documentos como los numerosos boletines de prensa que hemos elaborado pueden ser solicitados a:
Maria Silvia Emanuelli, Oficina Regional para América latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) hic-al@hic-al.org
Lilia Moreno, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, limoreno@sjsocial,org