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A 20 años de haberse llevado a cabo la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena, Austria en junio de 1993, organizaciones civiles y sociales, redes, movimientos y defensoras y defensores de derechos humanos exigimos al Estado mexicano mostrar congruencia con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos subrayados entonces y reconocidos actualmente en el artículo 1° de nuestra Constitución Política, adhiriéndose sin más demora al Protocolo Facultativo del?Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En la conmemoración de Viena + 20 el movimiento global de derechos humanos hace balance sobre el cumplimiento de la Declaración y el Plan de Acción de Viena, concluyendo que los derechos humanos están en crisis. No sólo hay nuevos y múltiples desafíos que enfrentar tanto en países desarrollados como en desarrollo, también hay severos retrocesos en la realización de los derechos humanos de cientos de miles personas en diversos campos: ambiental, laboral, educativo, de salud, seguridad social, de vivienda, agua, tierra y territorio, alimentación, entre otros vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). La situación actual muestra que los Estados no han tomado seriamente los compromisos asumidos en Viena, ni las obligaciones jurídicamente vinculantes derivadas de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos que han suscrito.

El consenso gubernamental y social de Viena fue significativo porque enfatizó la primacía de los derechos humanos sobre cualquier otra responsabilidad de los Estados; puso de relieve la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos; reconoció la pobreza extrema como una violación a la dignidad humana; promovió el reconocimiento del derecho al desarrollo; impulsó la creación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y, entre otras cuestiones, recomendó acciones para garantizar?el reconocimiento y la vigilancia de los DESC a nivel nacional, regional e internacional, alentando a seguir examinando protocolos facultativos del PIDESC. 

En diciembre de 2008, quince años después de Viena, y 42 años más tarde de que se adoptara un mecanismo internacional de quejas sobre violaciones a derechos civiles y políticos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo del PIDESC para que las personas o grupos de personas dentro de la jurisdicción de un Estado Parte puedan presentar al Comité de DESC de la ONU denuncias por violaciones a cualquiera de los derechos contenidos en el Pacto, y acceder por este medio a la justicia que no encuentran en sus propios países. Como han explicado recientemente Relatores Especiales y Expertos Independientes de las Naciones Unidas, la jurisprudencia que generará este mecanismo sentará precedentes para proveer una reparación adecuada a situaciones específicas, al tiempo que establecerá un significado concreto de las normas del PIDESC para facilitar su comprensión por parte de los servidores públicos y su cumplimiento por parte de las cortes nacionales, y contribuirá también a la prevención de violaciones de derechos humanos. 

El Protocolo Facultativo del PIDESC está en vigor desde el pasado 5 de mayo y constituye el cierre de una brecha histórica en el plano teórico y jurídico, y la apertura de una oportunidad sin precedentes para que los Estados demuestren su verdadero compromiso con la integralidad de los derechos humanos. Así lo señalamos organizaciones y redes de la sociedad civil desde que el instrumento se abrió a firmas y ratificaciones en 2009 y el gobierno mexicano respondió que se encontraba realizando una serie de consultas dentro de la administración pública federal para tomar la decisión de convertirse en Estado Parte del mismo. Por nuestro lado, conformamos una alianza de más de un centenar de actores de la sociedad civil, organismos públicos autónomos, académicas(os), comunicadoras(es), promotoras(es) y defensoras(es) de derechos humanos e impulsamos la Campaña mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC. ^[1] Sumando esfuerzos recabamos y entregamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2011 y 2012, más de 19 mil firmas ciudadanas con un claro exhorto al Ejecutivo federal a que firmara el instrumento y lo enviara al Senado de la república para su ratificación. No obstante, contrario a lo que se había anunciado desde la cancillería, el sexenio de Felipe Calderón concluyó sin que se diera este importante paso. 

En mayo pasado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó a los Estados en el seno del Consejo de Derechos Humanos que "la salud, la educación, la vivienda y una administración de justicia imparcial no son productos a la venta de unos pocos, sino derechos de todas las personas sin discriminación" y señaló que "el contexto económico actual es un momento oportuno para que los Estados ratifiquen el Protocolo Facultativo", subrayando que las políticas económicas deben siempre ser diseñadas para avanzar en la materialización de los DESC y promover una mayor igualdad, sustentabilidad y protección. Desde la Campaña mexicana hacemos eco a las palabras de la Alta Comisionada y sumamos nuestras voces a las de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que igualmente han urgido a los gobiernos del mundo a ratificar este instrumento y unirse así al "club por la justicia social."

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno federal actual a no desechar los resultados favorables a la firma del Protocolo Facultativo del PIDESC que se derivaron de más de tres años de consultas conducidas por la Cancillería con otras Secretarías de Estado y dependencias del gabinete económico y social; y reiteramos la exigencia de congruencia y compromiso con los derechos humanos para hacer accesible en nuestro país, en el menor plazo posible, este mecanismo internacional de justiciabilidad.