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Las organizaciones y redes internacionales de habitantes por la reforma urbana y los derechos al hábitat vamos a participar en la Cumbre de los Pueblos, contra la mercantilización de la vida y de la naturaleza, en defensa de los bienes comunes, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, del 15 al 23 de junio de 2012, ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (Río+20).

Hacemos este llamado para que este espacio sea un hito en el proceso de consolidación del diálogo y de las alianzas, en la definición de una plataforma y programa de acción comunes entre movimientos de habitantes, del campo y de la ciudad, y todas aquellas organizaciones que luchan por territorios justos, democráticos y sostenibles.

Construyamos este diálogo para seguir hacia nuevos espacios, tales como el Foro Urbano Mundial 6 -Foro Social Urbano 2- (Nápoles, septiembre 2012) y el Foro Social Mundial -Asamblea Mundial de los Habitantes- (Túnez, marzo-abril 2013).

Las ciudades y el derecho a resistir el modelo neoliberal que provocó la crisis

Comenzamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades y la tasa de urbanización seguirá creciendo. Las ciudades son territorios potenciales de gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Sin embargo, el modelo neoliberal, implementado prácticamente en el mundo entero, concentra ingresos y poder en manos de las élites; los procesos de urbanización acelerada contribuyen a la depredación del medio ambiente y a la privatización del espacio público, causando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. Este es el modelo que hizo estallar la crisis financiera y global que está exacerbando los problemas de vivienda, en el campo y en la ciudad.

La gran mayoría de los habitantes de las ciudades sufre los embates de este modelo y de sus crisis repetidas. Está privada o limitada en la satisfacción de sus necesidades básicas y por lo tanto tiene el derecho y la legitimad de resistir a las violaciones en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Desde la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (ECO'92), movimientos populares, organizaciones sociales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil han asumido el reto de construir un modelo de sociedad y de vida urbana sostenible, basado en los principios de solidaridad, libertad, igualdad, dignidad y justicia social.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, plataforma común para exigir nuestros derechos y defender los bienes comunes

Un resultado de esta movilización internacional de los sectores de la sociedad civil a partir del Foro Social Mundial en Porto Alegre en 2001 fue la elaboración y difusión de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que propone una plataforma por ciudades justas, democráticas, más humanas y sostenibles.

A sabiendas de que la construcción de una ciudad justa e igualitaria es inseparable de la lucha por el disfrute social, equitativo y sustentable de los bienes comunes, como el agua, la flora y la fauna, por la democratización del acceso a la tierra urbana y rural, de la lucha por la reforma urbana y la reforma agraria, por la democratización de la gestión del territorio, por la soberanía alimentaria de los pueblos, por las prácticas agrícolas ambientalmente responsables, por la garantía de los modos y medios de vida de las y los agricultores familiares y de las poblaciones tradicionales e indígenas en todo el mundo, ahora en 2012, frente a los gobiernos, el G20 y a las instituciones financieras internacionales, con nuestras luchas y nuestras capacidades, volvemos a exigir las condiciones necesarias, en particular las políticas públicas, para vivir en armonía, paz y felicidad en territorios justos, democráticos y sostenibles.

A partir de la definición suscrita por el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat en 2010, "el Derecho a la Ciudad es el derecho colectivo de las generaciones presentes y futuras para una ciudad sostenible sin discriminación de sexo, edad, raza, estado de salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, migración, orientación política, violencia sexual o religiosa, así como a preservar su identidad y la memoria cultural",es hora de que estados y sociedad civil, juntos, despleguemos obligaciones y responsabilidades hacia nuevos pactos sociales territoriales fundamentados en paradigmas alternativos a los neoliberales, asumiendo los siguientes compromisos:

1. El ejercicio pleno de la ciudadanía. Una ciudad en la que todas las personas (niñ@s, jóvenes, adult@s mayores, mujeres y hombres, que viven de forma permanente o transitoria en las ciudades) realizan y disfrutan todos los derechos humanos y libertades fundamentales, mediante la construcción de condiciones de bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social. A tal efecto, el derecho de las ciudades, o civitas -sus habitantes, actores sociales e instituciones-, a ejercer su autonomía para resistir a la agresividad de la globalización neoliberal, sin sufrir la criminalización de sus expresiones cívicas.

2. La función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. Una ciudad donde sus habitantes participan para que la distribución del territorio y la regulación de su uso garanticen el usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Una ciudad en la que se priorice el interés público definido colectivamente, garantizando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio. Por lo tanto, se deben generar e implementar políticas públicas e instrumentos específicos para frenar la especulación, la segregación urbana, la exclusión, los desalojos y desplazamientos y el acaparamiento de la tierra urbana y rural.

3. La gestión democrática de la ciudad. Una ciudad donde sus habitantes participan de todos los espacios de decisión -hasta el más alto nivel- para la formulación e implementación de las políticas públicas, así como en la planeación, presupuesto público y el control de los procesos urbanos. Se refiere a fortalecer los espacios institucionalizados de toma de decisiones -no sólo los espacios consultivos ciudadanos- con participación en la gestión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

4. La producción democrática de la ciudad y en la ciudad. Una ciudad donde se rescata y fortalece la capacidad productiva de sus habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando y apoyando la producción social del hábitat y el desarrollo de las actividades económicas solidarias, incluyendo la agricultura urbana para fortalecer la soberanía alimentaria. El derecho a producir la ciudad y a un hábitat productivo, incluyendo el derecho a la energía, que genere ingresos para todas y todos, que fortalezca la economía popular y no sólo las ganancias cuasi-monopólicas de unos pocos. Una ciudad abierta y alerta a las necesidades de los grupos vulnerables, las personas en situación de pobreza y de riesgo ambiental (amenazadas y/o víctimas de desastres ambientales generados por el ser humano), las personas amenazadas y/o víctimas de la violencia, las personas discapacitadas, los y las inmigrantes y refugiado(a)s y a todos los sectores que están marginalizados o en desventaja respecto a los demás habitantes.

5. El manejo sustentable y responsable de los bienes comunes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno. Una ciudad donde sus habitantes y autoridades implementan políticas públicas para una relación responsable de los bienes comunes como el agua y el medio ambiente -sin privatización-, para asegurar la vida digna de las personas, de las comunidades y pueblos, en igualdad de condiciones y sin afectar las áreas naturales de reserva ecológica; para ahora y para las futuras generaciones.

6. El disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Una ciudad que reconoce en todo la trama urbana el derecho a la accesibilidad y a la igualdad de oportunidades, favoreciendo la convivencia social, promoviendo la equidad de género, respetando a todas las personas, independientemente de su etnia, edad, capacidades, orientación sexual y religión. Una ciudad que facilita la movilidad de todos sus habitantes, con tecnología sustentable no contaminante e incentivos al transporte público y a medios alternativos -como la bicicleta- para todas y todos. Una ciudad que incluye, en la formación escolar, universitaria y de los funcionarios públicos responsables de las políticas públicas locales, el derecho a la ciudad sostenible y el derecho a la comunicación horizontal y a la información.