Cualquier lugar en el mundo donde la gente vive en sociedad necesita definir qué espacios generados por la comunidad son de dominio público, es decir, de y para tod@s, que no pertenecen a particulares ni al gobierno, y cuya administración es una función a cargo del Estado. Así, en pocas palabras, autoridades y habitantes somos responsables de su construcción, manejo y cuidado.

Tod@s sabemos que son espacios necesarios para el esparcimiento, la recreación, el deporte, el transporte, la comunicación... pero no tod@s sabemos que esas necesidades son también derechos, directamente vinculados con la posibilidad de tener una vida digna, de gozar del "buen vivir".

La convivencia, el encuentro y la integración social son posibles en parques y plazas, banquetas y calles, escuelas y bibliotecas... las reservas ecológicas y áreas de valor ambiental, los puentes, las carreteras, los hospitales, los ayuntamientos, las estaciones también forman parte de la lista de los sitios públicos a los que, en teoría, tod@s tenemos acceso sin mayores restricciones que su buen uso y el respeto por l@s demás.

Así, valdría la pena por un lado analizar qué tanto hacemos uso de estos espacios y por otro, qué tan públicos son y qué tanto responden a las diversas necesidades de l@s habitantes. En muchas ciudades cada vez es más frecuente ver muchos de los lugares y objetos públicos con cartelitos que dicen, por ejemplo, "esta banca está cuidada por..." y a continuación sigue el nombre de una empresa privada, en lo que bien podría considerarse como un escaparate de propaganda permanente. Por otro lado, se destina una proporción importante de los terrenos urbanos a la construcción de grandes centros comerciales que, con apariencia de lugares públicos, se reservan el derecho de admisión y limitan el "encuentro" a un ejercicio individual de consumo.