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La Tribu Yaqui es un pueblo indígena del Estado de Sonora, que a lo largo de su historia ha luchado por conservar su territorio y sus recursos naturales; éstos representan su identidad cultural y su sobrevivencia. La Tribu está asentada a lo largo del Río Yaqui, que es parte de su ritualidad y cosmovisión. 

Uno de los problemas que enfrenta la Tribu Yaqui es el acceso al agua: muchas viviendas no tienen agua potable y deben abastecerse de las aguas de los canales del río. En las últimas décadas, el problema se ha agravado debido a que el caudal del río ha bajado y la mayoría de sus escurrimientos son utilizados para surtir a otras ciudades, a la agroindustria y al Valle del Yaqui, sin que sea suficiente para abastecer los terrenos cultivables de la Tribu. 

En el año 2010 el Gobierno de Sonora impulsó la licitación y concesión para la construcción y operación del “Acueducto Independencia” que pretendía trasvasar, desde la presa “El Novillo”, alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la Cuenca del Río Yaqui a la Cuenca del Río

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y para 2011 ya se había otorgado su autorización. Todos estos actos de autoridad se realizaron sin consultar con la Tribu, en franco incumplimiento de la ley nacional e internacional. 

En ese mismo año, la Tribu Yaqui presentó un amparo en contra de la Autorización de Impacto Ambiental señalando a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a laDirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) como responsables. El Juez Cuarto en

Sinaloa resolvió en 2012 otorgándole el amparo a la Tribu, pero ese mismo año la SEMARNAT recurrió la sentencia, recurso de revisión que fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mayo de 2013, la Corte confirmó la sentencia que otorga el amparo a la Tribu Yaqui (631/2012) y en agosto del mismo emitió una aclaración de la sentencia a petición de las autoridades responsables, pertenecientes a SEMARNAT, en la cual se ordenó expresamente que la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) debía quedar insubsistente y que debía consultarse a la Tribu Yaqui de conformidad con los estándares internacionales. 

Pese a las sentencias que reconocen la vulneración de los derechos de la Tribu Yaqui, las autoridades no han cumplido con la misma y, continúan con la extracción del agua de la presa “El Novillo” sin haber concluido la consulta y sin una nueva (AIA); actuar que pone en riesgo la cultura y supervivencia de los Yaquis.

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