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"Con techo y Dignidad"

El recuerdo de las escenas de batalla aún asustan a los habitantes desalojados en agosto pasado del predio de la calle Plinio Ramos en el centro de Sao Paulo. Peor que el trauma de la violencia policial fue la perdida de una referencia social, que es la vivienda en la que estaban, y de la autoestima, pisoteada principalmente en los días en la que la mayoría de ellos paso a vivir literalmente en las calles frente al predio de donde fueron desalojados.

Hechos como este de la capital Paulista están aconteciendo en otros centros urbanos del país. En febrero ocurrió el más dramático caso de desalojo del año, que fue la expulsión de las familias del Parque Oeste Industrial en Goiania cuando dos personas murieron y otras cuarenta y cinco resultaron heridas.

Los desalojos forzados afectan a millones de personas en todo el mundo. Estudios indican que 4.3 millones de personas en 63 países fueron retirados de sus casas por la fuerza en el periodo de 1998 al 2000, frecuentemente, como en el caso que fue relatado, estas acciones son acompañadas de violencia severa.

Según la ONU las principales causas se deben entre otras, a la implementación de proyectos de infraestructura, como carreteras, proyectos de embellecimiento urbano, conflictos territoriales o de derecho de propiedad, remoción o reducción de subsidios para familias de bajos ingresos, y expropiación de tierras públicas.

Desgraciadamente muchas de estas situaciones son constantes en el estado de Sao Paulo y en todo Brasil. El Gobierno Federal ha encarado este preocupante escenario al crear en 2003 el programa Papel Pasado que pretende atender hasta finales del 2006 a más de 300 mil familias con títulos de propiedad, además de haber direccionado la política de vivienda y los recursos para las familias que ganan hasta 5 salarios mínimos, estrato donde se concentra 92 % del déficit habitacional del país. En relación a casos de conflicto fue creado un grupo de trabajo en el Consejo Nacional de las Ciudades para proponer, recomendar y monitorear políticas y acciones de prevención a los desalojos forzados.

Recientemente la Fuerza de Tarea de ONU para la prevención de desalojos forzados recomendó, entre otras cuestiones, que los gobiernos aprueben legislaciones para prevenir desocupaciones violentas, además de asegurar el derecho de posesión a los habitantes de favelas y áreas ocupadas. 

Desgraciadamente, el gobierno del estado más rico de la federación no ha demostrado hasta el momento la sensibilidad deseada para esta preocupante realidad. Considerando esto y también en razón de las iniciativas en el ámbito federal de las recomendaciones de la ONU, el mes pasado encaminamos el proyecto de ley para que el ejecutivo cree una comisión especial de análisis de desalojos para dar seguimiento a los procesos de desocupación de áreas sujetas a reintegración de propiedad que se caractericen como asentamientos rurales y urbanos.

La propuesta no prende interferir en la decisión ni en los procedimientos establecidos por el código civil. Cualquier parte interesada en un proceso podrá solicitar que copias de las acciones de reintegración de propiedad sean encaminadas a la comisión, que tendrá el papel de discutir alternativas para las áreas a ser desocupadas, de esta manera se van a garantizar los derechos de todos los involucrados en la acción, propietarios y habitantes, asegurando las disposiciones constitucionales.

Debemos agilizar esta propuesta cuanto antes para que las escenas de violencia o la perdida forzada de viviendas no se vuelvan casos cada vez más frecuentes. Solamente en el centro de la capital Paulista más de mil familias están amenazadas de ser desalojadas de sus viviendas. ¿Hasta cuando necesitaremos de más victimas para buscar la solución de los problemas?