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Aunque en 2012 se estableció en la Constitución el derecho humano al agua, la privatización del servicio se relanzó este año. Desde enero la distribución del líquido en Ramos Arizpe, Coahuila, está en manos de una empresa privada, mientras el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, propuso que la dotación de agua potable la realice una compañía privada.

Hasta ahora el proceso de privatización de los organismos operadores se lleva a cabo en siete ciudades, bajo tres modalidades: contratos de servicios en el Distrito Federal y Puebla; concesiones en Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres y Navojoa, y con empresas mixtas en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, explica Gloria Tobón de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo en el estudio La participación privada en los organismos operadores y el derecho humano al agua.

Detalla que en el Distrito Federal, Aguascalientes y Cancún tienen ya casi 20 años en operación; en Saltillo cumplió 11. La concesión de Navojoa se rescindió en 2005, debido al incumplimiento de la empresa con el contrato firmado y lo mismo ocurrió en 2009 con el contrato de servicios firmado en Puebla.

El caso más reciente es el de Tuxtla Gutiérrez, donde el congreso de Chiapas está por resolver la iniciativa del presidente municipal, Samuel Toledo, en la cual se plantea transferir el manejo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), mediante un contrato de prestación de servicios, a la empresa privada que gane un concurso de licitación.

La ganadora tendrá a su cargo el manejo del SMAPA durante un periodo que va de 20 a 25 años, e invertiría inicialmente 589 millones de pesos.

El proyecto, denominado Mejora Integral de Gestión del SMAPA, promete que en 2016, 99 por ciento de la población podrá beber el agua de la llave, explica en un pronunciamiento la organización Otros Mundos Chiapas.

Agrega que experiencias de sistemas privatizados a escala nacional e internacional no han sido tan exitosas como nos quieren hacer ver: cobros excesivos, beneficio de unos cuantos, cortes del servicio, falta de transparencia, mala calidad del líquido, despido de trabajadores son algunos de los problemas a lo sque se agrega que los gobiernos han velado más por los intereses económicos de esas empresas que por el derecho de los ciudadanos al agua, reconocido en los instrumentos internacionales y en el artículo cuarto constitucional.

En Ramos Arizpe el cabildo aprobó la formación de una empresa de participación mixta: 51 por ciento de acciones del municipio, 48 por ciento de Aguas de Saltillo –de la empresa española Aguas de Barcelona– y uno por ciento de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila, para suministrar el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad, detalla Gloria Tobón.

Abunda que a partir del inicio operaciones de Aguas de Ramos Arizpe, en enero de este año, los abusos no se hicieron esperar. Entre éstos enumera cobros arbitrarios de adeudos –no demostrados por la empresa ni reconocidos por los usuarios– de varias decenas de miles de pesos, lo que ha ocasionado gran angustia, en especial entre los ramosarizpenses más pobres.

Además, hay aumento de tarifas por consumo de casi el doble para todos los rangos, y amenazas de corte del servicio a quienes no paguen adeudos, señala.

La experiencia que ha dejado el caso de Saltillo –primera ciudad en la que se dio la participación de una empresa privada en el organismo operador del sistema de agua a través del sistema de empresa mixta– ha sido la violación al derecho humano que incluyen precios exorbitantes por la conexión a los servicios; aumentos indebidos de tarifas y falta de información sobre la calidad del agua, puntualiza.

Entre 2001 y 2013 se dieron incrementos en los cargos básicos de contratación de los servicios de agua y drenaje de entre 248 por ciento a 343 por ciento; en el caso de la vivienda popular pasó de 2 mil 208 pesos a 8 mil 424, y en la residencial se elevó de 3 mil 318 pesos a 4 mil 705, precisa el documento.

Gloria Tobón identifica en el estudio a Óscar Pimentel como el alcalde que privatizó el sistema de aguas de Saltillo.

Desde diciembre pasado Pimentel es coordinador general de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua.

Respecto del uso del término privatización, Claudia Campero, investigadora de Food and Water Watch, explica que mientras las organizaciones no gubernamentales hablan de ella cuando empresas privadas adquieren control parcial o total sobre el agua, el gobierno y organismos multilaterales prefieren referirse a participación privada en la prestación del servicio.

Fuente: La Jornada