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Por Dulce Colín

Haciendo un despliegue de corrección política progresista y en perfecta sintonía con el discurso del desarrollo urbano sostenible, la secretaria de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, Rosario Robles, hizo un llamado a la comunidad internacional para regresar la función social del suelo a las ciudades. Esto durante la ceremonia inaugural de la reunión internacional sobre financiamiento al desarrollo urbano, convocada por ONU Hábitat, que se realizó en la Ciudad de México el pasado 10 de marzo.

Si bien podría resultar alentador escuchar a la titular de la SEDATU afirmar que existe voluntad política para que sea el derecho a la Ciudad el nuevo paradigma en la política de hábitat (propuesto por Henri Lefebvre desde 1968) y poner el interés público por encima de los intereses privados,[1] es necesario identificar las ambivalencias entre el discurso y la política pública actual.

El tema del acceso al suelo y su función, como lo planteó Rosario Robles, ha cobrado protagonismo en la discusión de la Nueva Agenda Urbana hacia la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III) que se celebrará en Ecuador el próximo octubre.

Hay un consenso entre organizaciones sociales y el equipo de expertos que lideran el proceso, de reconocer que las ciudades actualmente responden a intereses del mercado donde la especulación y la privatización del suelo prevalece sobre un enfoque de derechos que priorice la función social del suelo y su valor de uso. La desigualdad social es consecuencia de este modelo en el que las personas en pobreza son las más afectadas, ya que no pueden acceder a suelo de calidad porque no pueden pagarlo.

En México, en un país eminentemente urbano, pues el 77% de la población vive en una ciudad y en el que siete de cada 10 habitantes se encuentra en situación de pobreza,[2] la demanda de suelo para vivienda de la población con menos ingreso se ve satisfecha en asentamientos llamados “informales”. Espacios sin servicios, equipamientos públicos de calidad, desconectados de centros de trabajo, educación, salud, redes sociales y en algunos casos, en zonas de riesgo.

El crecimiento de las ciudades se ha caracterizado por la precariedad, falta de planeación y problemas vinculados con la tenencia y uso de suelo. Clara Salazar estima que en las 56 zonas metropolitanas del país, donde se concentra cerca del 65% de la población nacional, podría haber aproximadamente 7.5 millones de predios no regularizados y que cerca del 70% del suelo urbano ha sido auto-producido e informal (reconociendo que el concepto de informalidad ha sido determinado por normas y estructuras sociales, jurídicas y políticas que han excluido a los menos privilegiados). [3]

Entonces, si el 70% de la ciudad es considerada como informal, ¿de quién es y para quién es la ciudad? Es ya un lugar común hablar de las urbes como el triunfo de la modernidad. La realidad es que las ciudades de las campañas turísticas, donde se encuentran las joyas arquitectónicas, los parques, las mejores oportunidades de trabajo, educación, salud, acceso a las artes y participación política son solo para quien puede pagarlas, como esa ciudad cosmopolita que pintó el New York Times con su nota sobre los mejores destinos turísticos a visitar en 2016 y que el gobierno de la Ciudad de México ha abrazado con orgullo. Cualquiera se preguntaría si un habitante de Iztapalapa se siente identificado con esa ciudad de fantasía. 

El derecho a la Ciudad es más que un eslogan, como Rosario Robles pretende usarlo, despojándolo de la intención política que le dio Lefebvre en el origen y que han abrazado movimientos sociales de todo el mundo para reivindicar causas. Se trata de un derecho colectivo que busca el disfrute equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social y, es claro, que estamos lejos de alcanzarlo a pesar de las demandas y esfuerzos de la sociedad civil por hacer que las autoridades lo reconozcan.

En ese sentido, es necesario reconocer los esfuerzos de la población que ha encontrado una alternativa en la producción social del hábitat para satisfacer sus necesidades de espacio y vivienda frente al olvido y desdén del mercado y el Estado. Basta recordar que hoy día los programas públicos se enfocan en la producción de vivienda nueva construida por el mercado y atienden a la población con empleo formal; al resto se le expulsa y marginaliza en la informalidad.

Un país de “casas sin gente y gente sin casas”, de población en situación de calle en aumento, de asentamientos precarios y desalojos forzosos de comunidades en defensa de su territorio contra mega-proyectos, como sucede en Xochicuatla, va en contra del espíritu del Derecho a la Ciudad. Del paradigma de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles que pretenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana en construcción que promueve e impulsa la diplomacia mexicana.

Si el Estado ha fallado en garantizar el derecho a la vivienda como marca la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocidos por México, se debe a que los procesos de privatización y mercantilización del suelo se han acelerado, sobre todo a partir de la reforma agraria de 1992. Desde entonces y hasta 2009, se habían desincorporado 3,966 km² de superficie del régimen comunal, extensión equivalente a la superficie de la zona metropolitana del Valle de México. [4]

En un sistema donde el suelo es mercancía, muy pocas billeteras pueden poseerlo para especular e incrementar su valor de cambio y plusvalía. Este modelo de ciudad, diseñada con los intereses del capital, es un retrato de lo que David Harvey describe como “acumulación por desposesión”; el desarrollo urbano que favorece la concentración de capital mediante la captura de suelo de alto valor [5] mediante la desposesión del mismo a los sectores más vulnerables.

La solución clave para resolver los problemas de acceso a la vivienda adecuada, con todos los principios que integra, es solucionar el acceso al suelo priorizando su función social. Sin embargo, esto no será posible si el Estado no retoma el protagonismo para regular el mercado, recuperar y redistribuir las plusvalías y dotar de mejores mecanismos de financiamiento y apoyo técnico para fortalecer la producción social de la vivienda y el hábitat. El suelo urbanizado debe ser tratado como un bien social, cuyo disfrute debe estar al alcance de toda la población. La política de vivienda no puede ser sólo un mecanismo financiero para beneficio de las desarrolladoras y las instituciones financieras.

La producción social del hábitat, reconocida ya desde la agenda Hábitat II, hace dos décadas, se entiende como una práctica de resistencia democrática  y de participación ciudadana que se realiza bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Desde esta visión, la vivienda se entiende como proceso y no como producto terminado; como producto social y cultural y no como mercancía; como acto de habitar y no como mero objeto de intercambio e implica diferentes niveles de participación social en las diversas fases del proceso habitacional: planeación, construcción, distribución y uso.[6]

Por ello, en el marco de la definición de la Nueva Agenda Urbana, México debe demostrar que sí existe voluntad política y asumir la tarea de armonizar la legislación, políticas públicas y el sistema económico con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que asume y ratifica. Es urgente reducir la brecha entre el discurso diplomático y la realidad que se traduce en la vulneración de derechos de millones de personas como consecuencia de la desigualdad del país.

El país tiene una gran deuda en atender las recomendaciones de los relatores especiales sobre una vivienda adecuada en materia de desalojos forzosos y desplazamientos (2003), así como de seguridad de la tenencia de la tierra (2013).

Este 18 de abril, Toluca será anfitrión de la reunión regional de América Latina y El Caribe como parte del proceso de Hábitat III. Los países de la región más desigual del mundo deberán reconocer que tienen una deuda histórica para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y el derecho a la ciudad con las 113 millones de personas que viven en asentamientos informales en nuestras ciudades (casi un cuarto de la población urbana de la región)[7] y proponer soluciones participativas para cambiar esa realidad.

El borrador de la Declaración de Toluca manifiesta que los países garantizarán que la agenda urbana se construirá bajo los principios del Derecho a la Ciudad. Que no sea un documento más en el cementerio de las buenas intenciones. Que no sea sólo un hashtagde promoción política de SEDATU.

[1] SEDATU, Boletín de prensa núm. 061.
[2] CONEVAL, Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014.
[3] Salazar, Clara (coord.). (2012). Irregular: Suelo y mercado en América Latina. México: El Colegio de México.
[4] Salazar, Clara. (2009). “La disponibilidad de suelo social en las áreas metropolitanas del país”, Estudios Agrarios. Revista de la Procuraduría Agraria, vol. 28, número. 4, México, pp.125-148.
[5] Harvey, David. (2004). El Nuevo Imperialismo. Madrid: Akal Ediciones.
[6] Ortiz Flores, Enrique. (2012). Producción Social de la Vivienda y el Hábitat. Bases Conceptuales y Correlación con los Procesos Habitacionales. México: HIC-AL.
[7] Fuente: Estimación de ONU Hábitat, 2014.

Publicado originalmente en Nexos [18 de abril, 2016]