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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la entidad pública ecuatoriana que tiene el mandato constitucional de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, recibió en comisión general a la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización de derechos humanos de carácter regional, que forma parte de la “MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe”, que es un ámbito de encuentro, convergencia, intercambio y organización que reconoce la variedad de asociaciones, plataformas, grupos y alianzas de ONG en el Hemisferio.

El propósito de la audiencia fue presentar las conclusiones y recomendaciones del “Diálogo Nacional de la Sociedad Civil sobre cooperación, derechos humanos, democracia y desarrollo”, que tuvo lugar en la Sede Académica de FLACSO Ecuador, los días 17 y 18 de diciembre del año pasado.

Este Diálogo Nacional fue convocado por la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo del Perú, el Centro de Investigaciones CIUDAD, la Confederación Colombiana de ONG, el Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en el Ecuador, la PIDHDD, el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Contrato Social por la Educación, FIAN Ecuador, Jubileo 2000 Red Ecuador y el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos (OCSP). Fue patrocinado por el CPCCS y la Defensoría del Pueblo y tuvo el financiamiento de la Unión Europea.

Una de las conclusiones reconoce los avances normativos e institucionales en el país, que promueven la participación ciudadana; sin embargo, se identificaron algunas debilidades provenientes de la errónea aplicación de la normativa secundaria que, eventualmente, podría contradecir la Constitución ecuatoriana y los estándares internacionales de derechos humanos. Se expresó una especial preocupación por la vigencia del Decreto Ejecutivo 16, contrario al principio constitucional de reserva de ley, pues esta norma secundaria pretende regular el derecho a la libertad de asociación, generando un resultado contrario a la finalidad de la norma.

En tal sentido, se recomienda la instalación de una mesa de diálogo entre el Ejecutivo, el CPCCS y las organizaciones de la sociedad civil, que acuerde respuestas jurídicas e institucionales que promuevan la asociatividad en lugar de disuadirla, pues la aplicación discrecional de normativas erróneas atenta, como en la disolución de la Fundación Pachamama, contra el derecho de asociación, el derecho de reunión y el derecho a la libertad de expresión, derechos básicos pre-condición para un efectivo desarrollo, tal como lo señalan los “Principios de Estambul para el trabajo de las OSC como actoras del desarrollo”.

También se saludó la iniciativa del gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, junto a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, y el CPCCS, de promover una serie de iniciativas para la construcción del Foro de Participación Ciudadana de UNASUR y se comprometió el esfuerzo de las OSC para contribuir a este proceso, que debe ser incluyente y participativo. Se insistió sobre la necesidad de ampliar el análisis sobre la situación y las características de la cooperación y la necesidad de debatir sobre la actual arquitectura de la cooperación internacional, fomentando la cooperación sur-sur e incluyendo un enfoque basado en derechos humanos, en esta dinámica. En representación de las organizaciones y entidades responsables del Diálogo Nacional fue recibido en el Pleno del Consejo, Pablo de la Vega, coordinador regional de la PIDHDD.