Costa Rica. Indígenas amenazados por el mayor proyecto hidroeléctrico de América Central.
Costa Rica, Junio 2009
El mayor proyecto hidroeléctrico de América Central, la represa de Diquís, inquieta a las comunidades indígenas por el proceder del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que los ha dejado de lado pese a los compromisos internacionales que obligan a lo contrario.
Desde Térraba, el sureño cantón de Buenos Aires que concentra cinco de las ocho etnias que habitan en Costa Rica, se denuncia que en ningún momento el ICE les ha consultado sobre el proyecto, como obliga el artículo 6 de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Precisamente, el foro permanente para las cuestiones indígenas, que celebró una de sus
sesiones a mediados de este mes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
recordó a los gobiernos la necesidad de colaborar con esas comunidades, como propietarios de los recursos naturales.
La capacidad productiva de Diquís, en el río El General, será de 622 megavatios, que atendería las necesidades energéticas de un millón de personas. El presupuesto previsto asciende a 1.850 millones de dólares, la mayor inversión en obra pública que nunca se haya hecho en Costa Rica. Si todo sigue según los planes del ICE, la planta debería entrar en funcionamiento en 2016.
La obra inundará un total de 6.000 hectáreas y, por ello, se deberán reubicar a 1.100 personas. En el plan aparecen 800 hectáreas afectadas que son de territorio indígena, razón por lo cual los originarios del lugar solicitan la consulta para poder decidir sobre el proyecto.
Esta monumental obra fue declarada de interés público en febrero de 2008 por el gobierno de Óscar Arias. El mismo es parte de la estrategia del ICE de ampliar la capacidad energética del país, cifrada en 2.100 megavatios en la
actualidad. La idea es duplicarla en el plazo de 10 años.
La Sala IV (Tribunal Constitucional) ha rechazado este mes el recurso de amparo presentado en febrero por líderes comunitarios, en el que alegaban la necesidad de la consulta. La redacción final de la sentencia aún no ha sido entregada.
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